• Ante las alegaciones de una emisora, la Junta de Andalucía ha tenido que reconocer que son insuficientes las pesquisas efectuadas para atribuir responsabilidad.
• Con el primer escrito de alegaciones se cierra un procedimiento sancionador que podría haber desembocado en una sanción de 300.000 €
• La nueva legislación audiovisual se atraganta a las administraciones públicas en la labor de ejercer la potestad sancionadora.
Las continuas decisiones judiciales que anulan las sanciones administrativas impuestas a radios y televisiones, se han visto reforzadas por una inédita resolución en la que la propia autoridad pública archiva el expediente sancionador que había abierto 5 meses atrás.
Los hechos se remontan a 28 de junio de 2010, día en que la Junta de Andalucía decidió iniciar un procedimiento sancionador contra la entidad FMX Audioproducciones S.L., por realizar emisiones sin la preceptiva autorización. Se le imputaban 3 infracciones que podrían dar lugar a un multa de 300.000 € con el cierre de la emisora. El 20 de julio se presentó el pliego de descargos donde, al margen de otras alegaciones, se vino a pedir que la Junta demostrara la autoría de las emisiones. No pudo hacerlo. De ahí que el 12 de noviembre pasado la propia Junta de Andalucía decidiera cerrar el expediente sancionador en la primera oportunidad que tuvo de comunicarse con la emisora.
La decisión de cerrar un expediente sancionador por la propia autoridad que lo inicia desvela las dificultades de las administraciones al aplicar el nuevo marco legal audiovisual. Que exige la máxima rigurosidad a la hora de sancionar el incumplimiento de la legalidad vigente.
Los Tribunales de Justicia ya lo han dejado claro en los últimos pronunciamientos: si se pretende sancionar y cerrar un medio de comunicación se deben seguir todos los pasos necesarios con la máxima severidad. Y desde Diez & Romeo continúan detectándose fallos importantes. De ahí que nuevamente se haya neutralizado, en menos de 5 meses, la intención de la Junta de imponer 300.000 € a una emisora. Y sin necesidad de acudir a la vía judicial.
Cada vez son más numerosas las anulaciones de las decisiones sancionadoras del Ministerio de Industria y de las comunidades autónomas por no respetar las formalidades exigidas en la legislación audiovisual. Hecho que es fácilmente detectable por los expertos en la materia.
Con esta nueva decisión, el cuerpo de letrados de Díez & Romeo obtiene un nuevo éxito en defensa de sus clientes, liberando del pago de 300.000 €, permitiendo proteger las emisiones y aportar claridad sobre aquellos medios que continúan a la espera de pronunciamientos judiciales por ser indebidamente sancionados.
• La Audiencia Nacional exige la máxima rigurosidad en la detección de conductas infractoras en materia de ocupación del espectro radioeléctrico, aplicable a radio y televisión.
• Nuevo varapalo a las sanciones indiscriminadas impuestas a prestadores de servicios de comunicación radiofónica.
• Los errores en la detección de las señales, la deficiencia de los aparatos medidores y la falta de medios personales no pudieron justificar la sanción impuesta.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado nula de pleno derecho la resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por la que se imponen tres sanciones, que suman un total de 120.000 €, a un conocido profesional barcelonés por realizar actividades radiodifusoras sin ostentar título habilitante.
El procedimiento número 335/2009 fue iniciado por el recurrente tras imputársele tres infracciones administrativas tipificadas en el artículo 54 de la Ley General de Telecomunicaciones: (i) causación de interferencias perjudiciales, (ii) ocupación de espectro radioeléctrico sin concesión, e (iii) instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización. Una vez finalizadas todas las fases en la Audiencia Nacional, se señaló para la deliberación por el Tribunal el día 13 de octubre de 2010.
La Sentencia, notificada el pasado 29 de octubre, ataca fuertemente la falta de precisión de los medios utilizados para identificar la autoría de la producción de las emisiones, así como la falta de datos técnicos para vincular dichas emisiones al sancionado. De ahí que en su Fundamento Tercero diga:
“De la atenta lectura de la Hoja de Control resulta que no puede deducirse con claridad la vinculación que pueda existir entre el recurrente, el bar Marisa y la antena desde la que, supuestamente, se producen las emisiones a las que se refiere la denuncia.”
El fallo insiste en mantener la doctrina de la máxima rigurosidad en la labor que tienen las Administraciones públicas a la hora de atribuir sanciones de telecomunicaciones a radios y televisiones. Se exige un control absoluto de los equipos medidores, el personal técnico y la recogida de los datos relevantes como base de la imputación de responsabilidad administrativa. La Sentencia asevera:
“Por lo tanto, resulta que no puede confirmarse una sanción impuesta por la realización de actividades sin título habilitante y la instalación de estaciones sin autorización y por la producción de interferencias cuando no se ha acreditado suficientemente la relación ni del sancionado con la antena de la que proceden las emisiones ni del sancionado con la empresa que parece titular de las emisiones”
De este modo, los Tribunales de Justicia vuelven a dar una respuesta anulatoria a decisiones sancionadoras del Ministerio de Industria carentes de un respaldo probatorio consistente. Y es que las autoridades deben de seguir la máxima pulcritud en los procedimientos para evitar que las sanciones sean estériles como mecanismo de ordenación del panorama audiovisual.
Con esta nueva Sentencia, el cuerpo de letrados de Díez & Romeo obtiene un nuevo éxito en defensa de sus clientes, liberando del pago de 120.000 € a su cliente, permitiendo proteger las emisiones y aportar claridad sobre aquellos medios que continúan a la espera de pronunciamientos judiciales por ser indebidamente sancionados.
Miércoles, 30 de mayo
Antonio Pérez Henares
Bustamante, Arévalo y Pardo de S.
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El Espacio del Dircom
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