El Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid ha ordenado la ejecución de la sentencia del pasado 15 de marzo que estimó, de forma íntegra, la demanda interpuesta por Audiovisual Sport (AVS) contra Mediapro por incumplir el contrato firmado en julio de 2006 para que AVS explotara los derechos audiovisuales del fútbol en Primera y Segunda División de las temporadas 2006-2007 a la 2008-2009.
Así, el juzgado obliga al grupo que dirigen Jaume Roures y Tatxo Benet a que, en el plazo de 10 días, aporte a AVS (controlada en un 80% por Sogecable y en un 20% por TVC Multimèdia), los derechos de televisión de los clubes españoles de Primera y Segunda División.
Mediapro tampoco podrá negociar ni contratar con los equipos la cesión de estos derechos.
En un comunicado remitido a ultima hora de la noche de ayeren concepto de intereses y costas , el grupo Prisa subrayó que, tras este auto, Sogecable (su filial audiovisual) es la legítima titular de los derechos desde el pasado día 21, por lo que volverá a explotar el fútbol desde la próxima temporada.
Además, el auto judicial, que tiene fecha del día 21, obliga a Mediapro al pago de 104,9 millones de euros por los daños y perjuicios causados a AVS por incumplir el contrato de explotación del fútbol. A esa cantidad añade otros 31,4 millones que fija de forma provisional que puedan devengarse durante la ejecución de la sentencia.
Embargo a Madiapro
Para garantizar el pago de la indemnización, el juzgado ordena el embargo de una cuenta que Mediapro tiene en el Banco Popular, así como de los créditos que el grupo tiene disponibles en empresas e instituciones como RTVE, Telefónica, Vodafone, Orange, Planeta Corporación, Telemadrid, Agencia Tributaria, Casa Santiveri o la ACB.
El embargo también afecta a las participaciones que Mediapro tiene en su canal de pago Gol Televisión, en Gestamp (uno de los principales accionistas de La Sexta), en Media Broadcast Live, en Media CAM Producción Audiovisual, en Mediamóvil Unidad de Producción, en Medianews Producción de Noticias, en Oviedo TV, en Sociedad Europea de Unidades Móviles y en Sociedad General de Producción y Explotación de Contenidos (Sogepec).
Desde Mediapro no hicieron ningún comentario sobre el asunto.
El auto, conocido ayer, está fechado un día antes de que el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona admitiera la petición de concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) de Mediaproducción SLU (Mediapro). Mediapro solicitó la entrada en situación concursal al tener una solvencia no adecuada, de monento, encontrarse en estado de "insolvencia inminente" al no poder afrontar el pago de la sentencia favorable a Sogecable.
Mediapro (una sociedad limitada unipersonal) tiene un pasivo de 900,15 millones de euros. Su activo asciende a 951,7 millones. La sociedad mantiene 279 contratos laborales y cuenta con Jaume Roures como administrador único. El 100% de las acciones son propiedad de la holandesa Mediaproduction Properties
Baleares es la cuarta comunidad autónoma que cuenta con un Consejo Audiovisual, después de la entrada hoy en vigor de la Ley 2/2010, de 7 de junio, del Consejo Audiovisual de las Illes Balears. Este órgano independiente de las instituciones que velará por el cumplimiento de los principios de veracidad, honestidad informativa y pluralidad en los medios y tendrá capacidad sancionadora.
El pleno del Parlament ha aprobó el pasado 25 de mayo el proyecto de ley de creación del Consejo Audiovisual de las Islas Baleares, el cuarto que se crea en España después de los de Andalucía, Cataluña y Navarra.
El conseller de Presidencia, Albert Moragues, ha señalado que el Govern se ha inspirado para su diseño en el modelo de Navarra, el que más se ajusta a las dimensiones y necesidades de Baleares.
Entre sus funciones, el Consejo Audiovisual de Baleares velará por los principios rectores del modelo audiovisual al que se refiere el Estatuto de Autonomía de las islas y velará por garantizar el cumplimiento de las normas sobre programación y publicidad en todos los medios de comunicación audiovisual, así como su pluralismo religioso, social, lingüístico y cultural.
Además velará por la veracidad y honestidad informativas en todos los medios y por la información veraz, objetiva y profesional y el pluralismo social y político en los medios de titularidad pública.
En estos últimos, también se garantizará el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y que favorezcan el acceso a los medios por parte de las personas con discapacidad auditiva y visual.
El Consejo Audiovisual elaborará informes y formulará propuestas y recomendaciones sobre el cumplimiento de los principios rectores del modelo audiovisual. El PP ha reclamado que dichos informes fueran vinculantes, una enmienda que ha sido rechazada por el resto de los grupos parlamentarios.
Otras función de la nueva entidad será crear y gestionar un servicio de defensa de la audiencia para tramitar las quejas de los usuarios de los servicios audiovisuales e incoará y resolverá procedimientos sancionadores por infracciones de la normativa de comunicación audiovisual y publicidad.
También adoptará medidas para corregir los efectos perniciosos que se puedan derivar de la emisión de contenidos que atenten contra la dignidad humana y el principio de igualdad, especialmente si se han emitido en horario infantil.
Compondrán el Consejo Audiovisual nueve miembros elegidos por seis años entre profesionales de prestigio reconocido y con experiencia en el ámbito audiovisual por parte del Parlament, por mayoría de tres quintas partes de la cámara. Cada tres años se renovará la mitad del consejo.
Todos los grupos políticos han subrayado la importancia de la independencia de los miembros de dicho organismo.
Tanto la diputada popular Isabel Llinàs, como el diputado del grupo mixto (Unió Mallorquina) Josep Melià, en su día, manifestaron la dificultad para encontrar a los miembros del consejo, dada la incompatibilidad de prestar servicios en medios de comunicación.
Llinàs ha asegurado que el PP considera que la independencia de este órgano es vital y ha insistido en que sus informes deberían ser preceptivos para dotarlo de contenido.
Moragues ha recordado que la creación del Consejo Audiovisual es uno de los tres elementos que legisla el Govern en materia audiovisual, junto a la ley de publicidad institucional y la del ente público de la Radiotelevisión de las islas Baleares (IB3).
Se incrementa la incertidumbre en los repartos TDTL efectuados por los organismos autonómicos, que van cayendo a medida que los Tribunales se pronuncian
Las tres concesionarias se quedan en la misma situación legal que tenían antes del otorgamiento de las concesiones, tras haberse aprobado la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual
Tras numerosas resoluciones judiciales una misma dirección, hoy se ha hecho pública la Sentencia número 831/10, dictada el 28 de mayo de 2010, por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que se declara nulo el reparto de las 3 concesiones de TDTL realizado en la demarcación de Telde (Lote 5, referencia TL05GC), y que en su día fueron adjudicadas a las entidades Publikeira S.L., UTE Canal 7-Gran Canaria Televisión y Diario Independiente de Canarias, S.L.
La recurrente, Televisión Local del Sur S.L., inició el proceso judicial tras no verse beneficiada por el reparto de concesiones de ámbito local, que se decidió mediante el Decreto número 377/2007, del Gobierno de Canarias, de fecha 16 de octubre de 2.007.
El fallo judicial afirma en su fundamento jurídico Cuarto que “El defecto observado por este Tribunal en la Sentencia de 5 de diciembre de 2008 conlleva, indefectiblemente, la nulidad de pleno derecho del Decreto 377/2007.(…) En este sentido, dada la naturaleza del vicio apreciado, éste no ha de producir una anulación de la totalidad del procedimiento, sino de la retroacción de actuaciones administrativas a fin de que la propuesta de adjudicación se realice con arreglo a Derecho, pues al estar íntegramente impregnado del vicio de nulidad señalado, no hay nada en este acto susceptible de ser conservado”. Es decir, que el Informe Técnico que valoró las ofertas y sobre el que se sustentó la adjudicación no ha sido realizado con las precisiones que establece la Ley de Contratos Públicos. Y esto afecta por extensión a todas las adjudicaciones de la TDTL en Canarias, que se hayan visto afectadas por una impugnación.
La posición en la que se sitúan las concesionarias es la de nulidad de su título habilitante por declaración judicial por lo que se sitúan en el mismo régimen legal que las televisiones que no tienen título habilitante a los efectos de prestar su actividad audiovisual.
De momento las licencias anuladas en canarias son la que corresponden a la demarcación insular de Tenerife, la demarcación local de Santa Cruz de Tenerife y la demarcación local de Telde, así como las 2 concesiones autonómicas de TDT, viéndose afectados un total de 10 operadores.
Con este ya son tres los pronunciamientos en los que el TSJ de Canarias continúa aplicando la pauta de la rigurosidad que han de tener los Informes Técnicos que evalúen los proyectos presentados para el acceso a licencias de TDT (también aplicables a las de Radio FM).
Así de nuevo, se advierte que la decisión de otorgar concesiones se debe sustentar en criterios plenamente jurídicos pues de lo contrario, las autoridades públicas podrían quedar en evidencia con el consiguiente daño que se hace a las empresas que, tras realizar sus inversiones, quedan apartadas de unas concesiones indebidamente concedidas. Galicia y Madrid ya han sido testigos de ello.
El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez Illera, ha apostado por resolver la incertidumbre sobre la tasa de TVE, que obliga a los operadores de telecomunicaciones a aportar el 0,9% de sus ingresos y compensar la eliminación de la publicidad, para impulsar la inversión en el sector.
En la inaguración del XVI encuentro del sector de las telecomunicaciones celebrado en el IESE, Rodríguez Illera explicó que convendría eliminar las dudas que genera la fiscalidad asociada a las tasas de televisión con el objetivo de que los agentes económicos puedan tomar sus decisiones con visibilidad.
En este sentido, el presidente de la CMT resaltó la necesidad objetiva de invertir en redes de acceso fija y móvil, para lo que abogó por una participación pública transparente, conocible y sin sorpresas, conforme a unas reglas que no interfieran en el desarrollo de las infraestructuras.
Rodríguez subrayó que tras un año de recesión, se comienza a salir de la crisis, tal y como manifiestan diversos indicadores, y destacó que, "por lo menos", la mala situación económica ha provocado un ajuste a la baja de los precios, ya que no hay mal que por bien no venga.
Respecto a la convergencia, en términos de comercialización conjunta de los servicios de internet y voz, el presidente de la CMT señaló que se trata de un hecho, medible en términos porcentuales, de gran relevancia.
Así, adelantó que, según los estudios anuales de la CMT, el grado de convergencia alcanzó el 75% en 2009, lo que significa que tres cuartas partes del mercado de acceso a banda ancha se presta empaquetado.
Lo diría de otra forma, el mercado de sólo banda ancha no llega al 5%, añadió Rodríguez, quien igualmente puso de manifiesto que "casi la mitad de las ofertas de cable, el 45%, se ofrece con convergentes".
Neutralidad de la Red
En cuanto a la neutralidad de la Red, el presidente de la CMT consideró que no se debe resolver a nivel regulatorio, sino a través de las fuerzas del mercado y los acuerdos voluntarios entre las partes, aunque matizó que debe existir un marco legal para garantizar un entorno de competencia.
Según su opinion, hay que preguntarse hasta qué punto la actividad soportada mediante internet puede ser fiscalizada directamente por los detentadores de la red o si el hecho de gestionar las infraestructuras da derecho a disfrutar de una cuota sobre el negocio que se soporta en esas infraestructuras.
Rodríguez destacó también la importancia que el fenómeno audiovisual está cobrando mediante, sobre todo, el incremento de las descargas en internet al margen de los derechos de propiedad, un fenómeno que puede cambiar en los próximos 2 ó 3 años, al suponer actualmente el grueso del suministro alegal o ilegal.
En este apartado, citó la oferta de contenidos pagados iniciada por Youtube y Google, objeto de juicios y recursos a tribunales, como otro factor que evidencia el aumento de la presencia del video y el componente audiovisual en la red.
El Consejo de Gobierno de Canarias tomó, el 10 de junio, en consideración el proyecto de Decreto sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, al tiempo que solicitó el preceptivo dictamen al Consejo Consultivo de Canarias.
Así, el Decreto, que regulará las competencias que corresponden a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la prestación de servicios de comunicación audiovisual, servirá de base para la convocatoria del concurso de adjudicación de licencias de Frecuencia Modulada.
De esta manera, el nuevo Decreto se adapta a Ley General de la Comunicación Audiovisual, una norma de carácter estatal cuya entrada en vigor ha obligado a modificar la legislación autonómica vigente hasta el momento, puesto que se pasa a considerar la comunicación audiovisual como una actividad de 'interés general' en lugar de un 'servicio público'. Como consecuencia de esta nueva concepción, las empresas adjudicatarias de FM no disfrutarán de una concesión administrativa, sino de una licencia.
El Decreto derogará otro de 23 de junio de 2009 por el que se aprobó el reglamento de la concesión administrativa del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Canarias. Asimismo, deja sin efecto la orden de 2 de febrero de 1987 por la que se regula la inscripción en el Registro de Empresas Radiodifusoras.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias es pionera en el conjunto del Estado en la adaptación de su normativa a la nueva Ley General Audiovisual.
El nuevo Decreto establece los criterios que han de regir los concursos para la concesión de licencias en el sector audiovisual. De esta manera, los criterios de valoración serán la propuesta de programación; la viabilidad económica de la emisora; las características técnicas del proyecto; el compromiso de no transmitir la licencia durante un período determinado y la creación de empleo.
De acuerdo con la Ley General de la Comunicación Audiovisual, las licencias deben otorgarse por un período de quince años.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado expediente sancionador contra la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) por posibles tarifas abusivas impuestas a los hoteles en la gestión del derecho exclusivo de los productores de obras audiovisuales, según informó el organismo en un comunicado.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) denunció a Egeda ante la CNC por imponer tarifas abusivas a los establecimientos hoteleros en concepto del derecho exclusivo de autorizar la comunicación pública correspondiente a las retransmisiones.
La dirección de investigación de la CNC acordó la apertura de este expediente por posibles conductas restrictivas de la competencia, prohibidas por el artículo 2 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Esta incoación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y, a partir de ahora, se abre un periodo máximo de 18 meses para su instrucción y su resolución por el consejo de la CNC.
Miércoles, 30 de mayo
Antonio Pérez Henares
Bustamante, Arévalo y Pardo de S.
Miguel Ángel Violán
Jaime Rodriguez
Rolando Rodrich
Rafael Moreno Izquierdo
El Espacio del Dircom
José Antonio Piñero
Periodista Digital
Juan Luis Gámez Ortúzar
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