La Sala de lo Contencioso-Administrativa, Sección 3ª, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha promulgado una Sentencia por la cual anula el Auto judicial por el cual se permitía la entrada y cierre de una emisora de radio en Barcelona.
Los hechos se remontan al 12 de junio de 2009, fecha en la cual el titular del Juzgado nº 6 de lo contencioso-administrativo procedió al precinto tras la solicitud efectuada por el Ministerio de Industria. La emisora (Asociación por la integración cultural y Social del Inmigrante) interpuso el correspondiente recurso de apelación, y tras elevarse las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, se acabó dictando el fallo estimatorio.
El contenido de la Sentencia es francamente duro con las actuaciones del Ministerio de Industria y el Juez de primera instancia (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Barcelona) en el sentido de considera que ha incurrido, según el fundamento jurídico 2º, en lo siguiente:
1) incorrección del Auto por no fijar el límite temporal de las horas en que podrá efectuarse la entrada;
2) la innecesidad del precinto por existir otros sistemas para luchas contra las emisoras ilegales;
3) no se motivan las razones por las que se consideran cumplidos los requisitos necesarios para autorizar la entrada;
4) no existe resolución sancionadora que acuerde el precinto de sus equipos;
De poco o nada sirvieron los razonamientos esgrimidos por el Abogado del Estado, en representación del Ministerio de Industria, ya que el Tribunal se percató de las irregularidades en la tramitación del expediente sancionador.
La Sentencia no sólo se limita a declarar nula la orden de entrada, sino que, vistas las actuaciones de la administración, termina aseverando que se deniega la autorización de entrada para acceder al domicilio sito en la carretera de Vallviedrera a Tibidabo, nº 46 (Bar Marisa), por no existir resolución administrativa previa que ordene el precinto de los equipos que allí puedan encontrarse
Finalmente, el texto del pronunciamiento declara la firmeza del fallo y la imposibilidad de interponer recurso alguno, con lo que la emisora podrá retomar la continuidad de su actividad.
Los letrados de Díez & Romeo que han dirigido la defensa, han declarado que “actuaciones administrativas de este calado hacen difícil la vertebración del panorama radiofónico español” y añaden que de nada valdrá la articulación de la Agencia Estatal de Radiocomunicación o el Consejo Estatal de Medios de Comunicación, si sus funciones son ejecutadas con notables defectos de forma que supongan a la postre una anulación judicial. Finalmente, reconocen que se precisan más medios personales y con mayor cualificación para la consecución de una verdadera ordenación de la radiodifusión sonora”
Miércoles, 30 de mayo
Antonio Pérez Henares
Bustamante, Arévalo y Pardo de S.
Miguel Ángel Violán
Jaime Rodriguez
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