La Sección Primera de la Audiencia Nacional ha notificado a la Asociación de Internautas (en adelante, AI) la admisión a trámite del recurso contencioso administrativo por conflicto de intereses de la ministra de Cultura Angeles González- Sinde.
Tras agotar la vía administrativa la Asociación inicia el proceso contencioso, ahora en los tribunales de justicia, a la espera de que dicte una resolución estimatoria antes de la titular de Cultura ya no sea ministra, pues el recurso habrá perdido su objeto, el Gobierno habrá ganado y la Asociación de Internautas habrá perdido, según sa manifestado en el comunicado que ha hecho público la AI.
El pasado 3 de junio de 2009 se interpuso una denuncia administrativa ante la Oficina de Conflicto de Intereses contra González-Sinde por entender que existía una situación de incompatibilidad de sus intereses privados con el cargo, y que lejos de inhibirse como es preceptivo, según aparece publicado en el BOE, ha dispuesto de diversas ayudas a la industria cinematográfica por un valor total de 8.000.000 euros. Posteriormente la denuncia fue ampliada hasta en dos ocasiones por persistir en dicha actitud, señala la AI.
Código del Buen Gobierno presuntamente infringido
Los internautas recuerdan que el pasado 28 de julio la Oficina de Conflicto de Intereses rechazó de plano la denuncia, que hacían papel mojado las promesas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en el primer año de legislatura adoptó una serie de medidas tendentes a la proclamación de los principios que debían regir las actuaciones del Gobierno, principios que no solo debían de ser éticos sino jurídicamente exigibles.
La AI apunta que el Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de febrero de 2005 adoptó un Acuerdo por el que se aprobaba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado según el cual define lo que se debe entender por conflicto de intereses diciendo que éste existe cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas.
La AI recuerda también que el objeto de su recurso contenciso-administrativo es la existencia de una situación de conflicto que pone en riesgo la imparcialidad de la actual ministra de Cultura y, por lo tanto, tiene la obligación de inhibirse y aclara que en ningún caso afirman que haya realizado actos en beneficio propio, o de sus parientes. Si así fuese estaríamos en un supuesto cuanto menos de prevaricación, de tráfico de influencias o de corrupción, algo que excede el ámbito de la presente denuncia y corresponde a la Sala II del Tribunal Supremo, añade.
Conclusión
Tras conocer los términos del proceso judicial iniciado la Abogacía del Estado tendrá que desplegar toda su artillería legal para hacer frente a esta acción, dado que en caso de prosperar el recurso interpuesto por la AI colocaría a la Ministra de Cultura en una situación más que delicada ante el ejecutivo actual. Se abre así un nuevo frente a la polémica política destinada a la ordenación del sector de las Nuevas Tecnologías en España
Miércoles, 30 de mayo
Antonio Pérez Henares
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