Nuevo revés judicial a los grandes grupos de comunicación y aviso al resto de Comunidades Autónomas, a menos de 90 días para el apagón analógico.
Se deberá realizar una nueva valoración de las ofertas presentadas distinta a la efectuada, que ha sido declarada judicialmente deficitaria.
El 21 de enero de 2010, se ha hecho pública la Sentencia número 8/10, dictada el 15 de enero de 2010, por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que se declara nulo el reparto de las 2 concesiones de TDT autonómica de la comunidad canaria, que en su día fueron adjudicadas a las entidades Antena Tres TDT de Canarias S.A.U. (Antena 3) y Radio Popular S.A. COPE.
La recurrente, Editorial Prensa Canaria S.A., editora de los diarios La Provincia y La opinión de Tenerife inició el proceso judicial tras no verse beneficiada por el reparto de concesiones de ámbito autonómico, que se decidió mediante el Decreto número 369/07 del Gobierno de Canarias, de fecha 9 de octubre de 2.007.
El fallo judicial afirma en su fundamento jurídico 2º que “hubo una desnaturalización del cometido propio de la Mesa de contratación, citando la doctrina jurisprudencial que permite que la motivación de una resolución se haga bien directamente bien por referencia a informes o dictámenes obrantes en las actuaciones, pero para que esto último sea posible es necesario que tales informes provengan y sean emitidos por los órganos y en la forma que señalen las normas, lo que no ocurre en el acto recurrido”. Es decir, que el Informe Técnico que valoró las ofertas y sobre el que se sustentó la adjudicación no ha sido realizado con las precisiones que establece la Ley de Contratos Públicos.
La Sentencia ataca duramente el Informe Técnico manifestando que resulta “inadmisible que el repetido informe en el que se basa la Mesa de contratación introduzca factores de valoración que no constan en el pliego de condiciones, careciendo por tanto el informe litigioso de la rigurosidad y objetividad que le era exigible”.
Con este segundo pronunciamiento, el TSJ de Canarias continúa aplicando la pauta de la rigurosidad que han de tener los Informes Técnicos que evalúen los proyectos presentados para el acceso a licencias de TDT (también aplicables a las de Radio FM).
Nuevamente, se advierte que la decisión de otorgar concesiones se debe sustentar en criterios plenamente jurídicos pues de lo contrario, las autoridades públicas podrían quedar en evidencia con el consiguiente daño que se hace a las empresas que, tras realizar sus inversiones, quedan apartadas de unas concesiones indebidamente concedidas. Galicia y Madrid ya han sido testigos de ello.
Díez & Romeo espera más sentencias favorables en los procedimientos que mantiene abiertos en Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña, Murcia, Extremadura, Canarias y Madrid representando a sus clientes, y espera que sus resultados vayan en consonancia con los obtenidos hasta la fecha.
La Sección Primera de la Audiencia Nacional ha notificado a la Asociación de Internautas (en adelante, AI) la admisión a trámite del recurso contencioso administrativo por conflicto de intereses de la ministra de Cultura Angeles González- Sinde.
Tras agotar la vía administrativa la Asociación inicia el proceso contencioso, ahora en los tribunales de justicia, a la espera de que dicte una resolución estimatoria antes de la titular de Cultura ya no sea ministra, pues el recurso habrá perdido su objeto, el Gobierno habrá ganado y la Asociación de Internautas habrá perdido, según sa manifestado en el comunicado que ha hecho público la AI.
El pasado 3 de junio de 2009 se interpuso una denuncia administrativa ante la Oficina de Conflicto de Intereses contra González-Sinde por entender que existía una situación de incompatibilidad de sus intereses privados con el cargo, y que lejos de inhibirse como es preceptivo, según aparece publicado en el BOE, ha dispuesto de diversas ayudas a la industria cinematográfica por un valor total de 8.000.000 euros. Posteriormente la denuncia fue ampliada hasta en dos ocasiones por persistir en dicha actitud, señala la AI.
Código del Buen Gobierno presuntamente infringido
Los internautas recuerdan que el pasado 28 de julio la Oficina de Conflicto de Intereses rechazó de plano la denuncia, que hacían papel mojado las promesas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en el primer año de legislatura adoptó una serie de medidas tendentes a la proclamación de los principios que debían regir las actuaciones del Gobierno, principios que no solo debían de ser éticos sino jurídicamente exigibles.
La AI apunta que el Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de febrero de 2005 adoptó un Acuerdo por el que se aprobaba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado según el cual define lo que se debe entender por conflicto de intereses diciendo que éste existe cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas.
La AI recuerda también que el objeto de su recurso contenciso-administrativo es la existencia de una situación de conflicto que pone en riesgo la imparcialidad de la actual ministra de Cultura y, por lo tanto, tiene la obligación de inhibirse y aclara que en ningún caso afirman que haya realizado actos en beneficio propio, o de sus parientes. Si así fuese estaríamos en un supuesto cuanto menos de prevaricación, de tráfico de influencias o de corrupción, algo que excede el ámbito de la presente denuncia y corresponde a la Sala II del Tribunal Supremo, añade.
Conclusión
Tras conocer los términos del proceso judicial iniciado la Abogacía del Estado tendrá que desplegar toda su artillería legal para hacer frente a esta acción, dado que en caso de prosperar el recurso interpuesto por la AI colocaría a la Ministra de Cultura en una situación más que delicada ante el ejecutivo actual. Se abre así un nuevo frente a la polémica política destinada a la ordenación del sector de las Nuevas Tecnologías en España
Se trata de un órgano público independiente, demandado por expertos y profesionales, que velará por los valores constitucionales y legales en el sector
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado 12 de enero la Lista de Evaluación del Consejo Canario del Sector Audiovisual, lo que supone el primer paso para el desarrollo del anteproyecto de Ley del Consejo Canario del Sector Audiovisual para la creación de una autoridad independiente que vele por el respeto y cumplimiento en Canarias de los valores, principios y preceptos constitucionales, estatutarios y legales que rigen la actividad de este importante segmento económico y sociocultural.
Este órgano, ampliamente reivindicado por expertos y profesionales del sector en documentos como el Libro Blanco del Audiovisual Canario (2007) o la Declaración de la I Cumbre del Audiovisual de Canarias (2009) y respaldado por la resolución del Parlamento de Canarias sobre el audiovisual como sector estratégico (2009), tendrá por cometido garantizar el derecho de los ciudadanos a una información veraz, objetiva e imparcial; garantizar la libertad de expresión; asegurar el pluralismo; velar por el respeto de igualdad ante la Ley, la protección de la juventud y de la infancia, la promoción de los intereses de Canarias, el fomento de la unidad de las Islas o el cumplimiento de la normativa reguladora del sector audiovisual, en especial en lo que se refiere a la publicidad.
De esta forma, la Comunidad Autónoma de Canarias se suma a otras como la andaluza, la navarra o la catalana, que disponen desde hace años de órganos de similares características para la supervisión y coordinación del sector audiovisual.
El Consejo Canario del Sector Audiovisual estará integrado por siete consejeros, cinco de los cuales serán elegidos por el Parlamento de Canarias y dos por el Ejecutivo para un mandato de seis años. Su consideración será la de organismo de Derecho Público independiente, con personalidad jurídica propia, con plena capacidad, y autonomía orgánica y funcional, para garantizar su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, como asesorar al Parlamento, al Gobierno y a las corporaciones locales en su materia; informar preceptivamente de cualquier proyecto de disposición del Parlamento o Gobierno; informar con carácter preceptivo sobre las propuestas de las mesas de contratación de concursos; velar por el cumplimiento de los valores, principios y preceptos constitucionales, estatutarios y legales que rigen esta actividad; promover actuaciones que favorezcan la cohesión social y la lucha contra las discriminaciones o ejercer la potestad inspectora y sancionadora en este ámbito.
El número de empresas de actividades cinematográficas y de vídeo registradas en Canarias a 1 de enero de 2009 era de 247, el doble que en 1999, cifra que se eleva a 3.128 si se consideran todas las actividades contempladas en el Libro Blanco, lo que supone un crecimiento del 66% en los últimos 10 años y un 4,1% de la participación del Archipiélago en el total del Estado.
En función de la información de la clasificación de las empresas por estratos de asalariados, el sector audiovisual canario emplearía a cerca de 6.000 personas, es decir un 28% más que en 1999 y casi un 1% de todo el empleo canario en 2008.
Por fin las previsiones del sector audiovisual cominezan a cobrar fuerza y, como consecuencia de ello, se ha hecho público que Prisa renunciaba además de sus licencias locales en TDT en Aragón y Asturias, a sus concesiones en Extremadura, Cataluña y Navarra, un tema que no es nuevo, pero que deja en evidencia la rapidez y poca claridad con que se repartieron muchas concesiones locales de TDT.
Prisa ya no estaba con la misma fuerza financiera con la que abordó el inicio al acceso de las concesiones. El cierre fulminante de Localia fue la primera consecuencia del fiasco de su proyecto de red de televiosnes locales. Lo acontecido ahora es que sus partners locales no lograron reunir el dinero y la financiación para seguir adelante con sus cadenas. ¿Resultado? Prisa ha tenido que devolver todas sus licencias en Asturias, Aragón, Extremadura, Cataluña y Navarra.
Un duro golpe para la TDT local que agoniza ya antes de que se produzca el apagón analógico de abril de 2010. El caso es que Prisa antes de cerrar Localia se convirtió en el principal operador local de TDT por número de concesiones, por lo que su renuncia a las licencias representa un golpe mortal para el desarrollo de la televisión digital de proximidad en estas comunidades autónomas, muchas de ellas como el caso de Aragón, Asturias y Extremadura, dependientes en exclusiva de las cadenas de Prisa.
Lo que todo el mundo se pregunta es que ocurrirá con los antiguos asociados a Localia que lograron licencias de TDT con proyectos apoyados por Localia (PRISA), es decir, los llamados "asociado". La respuesta es igualmente clara: si sus adjudicaciones han sido impugnadas y se efectúa una agresiva estrategia por sus abogados, las concesiones caerán.
La primera evaluación oficial sobre el asunto la ha realizado el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) que estima que al menos de la mitad de las cadenas de TDT local concedidas no llegarán al apagón de abril de 2010 en condiciones de emitir. Pero PRISA no es el único gran grupo de comunicación afectado, en Cataluña también Vet T de Antena 3 tuvo que devolver una licencia, demostrando que muchas grandes empresas no creen que el negocio de la TDT local se encuentre en el mejor de los momentos.
La situación de crisis generalizada y las adjudicaciones de los ejecutivos autonómicos en favor de sus medios afines, son los motivos que han desencadenado este escenario tan negativo.
Llama la atención cómo se ha despreciado a las televisiones locales independientes que, a día de hoy, han demostrado ser las únicas a la altura del espíritu del Plan Técnico de la TDT Local. A pesar de no tener licencias, continuan en la brecha de su proyecto de localidad y proximidad de sus emisiones.
Jueves, 16 de febrero
Bustamante, Arévalo y Pardo de S.
Antonio Pérez Henares
Miguel Ángel Violán
Jaime Rodriguez
Rolando Rodrich
Rafael Moreno Izquierdo
Casimiro López González
El Espacio del Dircom
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