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Los grandes bancos rechazan la ayuda del Estado en medio de secretismo y confusión

20.11.08 | 16:25. Archivado en Españas
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El Estado inicia su ayuda a la banca española. El Fondo de Adquisición de Activos Financieros ha celebrado la primera subasta de compra de títulos hipotecarios a los bancos, a la que seguirá otra el 11 de diciembre. Pero sólo ha adjudicado 2.115 millones de euros, menos de la mitad de los 5.000 previstos. Y sólo han acudido 28 entidades financieras, de las que han recibido dinero 23. Este pobre resultado confirma las previsiones. Los dos grandes bancos, Santander y BBVA, han 'boicoteado' ostensiblemente la acción, pues temen el intervencionismo del gobierno y el deterioro de imagen consiguiente.

El vicepresidente Pedro Solbes, confirmó el lamentable secreto oficial sobre la operación, diciendo que no interesa publicar el mismo día de la subasta los nombres de las entidades financieras a la que se les compren activos por parte del Estado, 'ya que esa información podría repercutir en el mercado'. Secretismo, El nombre de las entidades sólo se conocerá cuando se celebre la primera comisión de control del fondo en el Parlamento, allá para dentro de cuatro meses. Pero habrá filtraciones, y eso será peor.

De momento, sólo dos entidades han reconocido públicamente su intención de acudir a la puja, Caja Castilla-La Mancha (CCM), y sorpredentemente La Caixa, a la que se atribuía una intención totalmente contraria. Pero es un secreto a voces que la mayoría de las cajas de ahorros necesitan recursos ante la imposibilidad de obtenerlos en los mercados mayoristas de capitales, cerrados a cal y canto desde hace más de un año. Se esperaba, tal y como anunciaron hace unos días, que las cajas acudieran en bloque para evitar dudas sobre la situación financiera particular de cada una.

DEUDAS BANCARIAS

Oficialmente, se trata de dar liquidez a la banca para que haya más crédito disponible. Oficiosamente, se trata de ayudarla a pagar los intereses de su gran deuda. Los bancos y las cajas afrontaban en junio pasado vencimientos de deuda (bonos senior, cédulas y titulización de cédulas multicedentes) por importe de 44.727 millones de euros hasta finales de año. Seis bancos (Santander, BBVA, Popular, Sabadell, Bankinter y Banesto) acumulaban 26.435 millones, frente a los 18.292 millones de cuarenta cajas, según cálculos de Expansión.

¿Puede colaborar esta situación a un colapso de la economía española por falta de recursos, de dinero y créditos?. Según el vicepresidente del Gobierno, el Banco de España y los grandes bancos españoles, no. Según algunos economistas, un sector del propio Gobierno y las organizaciones empresariales, sí, pues seguran que la banca ha cerrado drásticamente el grifo del crédito y que es cada día más difícil mantener la actividad si se necesita financiación bancaria.

Durante los últimos años, el ahorro interno ha sido insuficiente para financiar las inversiones, por lo que se ha recurrido masivamente a la financiación externa, a los créditos del sistema financiero internacional. La deuda privada española por este concepto supera los 700.000 millones, a los que deben añadirse los intereses. De esa cifra, se estima que unos 200.000 millones vencían a lo largo de 2008, una tercera parte de los cuales correspondiente a la banca, el resto al sector empresarial.

Si se hubiese mantenido la normalidad de los últimos años, una parte de esos vencimientos de deuda se habría renovado automáticamente, con lo que la banca seguiría disponiendo de recursos para financiar la concesión de créditos y las empresas mantendrían sus inversiones y la normalidad en sus balances. La crisis financiera internacional ha trastocado esas pautas y la desconfianza mutua entre entidades y países obliga a pensar que la mayoría deberán ser atendidos, es decir pagados, y no renovados. En privado se reconoce que el gran problema está ya aquí, al apilarse los vencimientos.

Si la situación se normaliza, no habrá ningún problema. Pero la crisis financiera no tiene pinta de remitir en los próximos meses, por lo que las entidades pueden contar sólo con las subastas del BCE, con otras alternativas más complicadas o caras (ampliaciones de capital como la del Santander, venta de deuda a sus clientes minoristas, etc.), con la renovación de los pagarés si el mercado lo permite, o con los planes de ayuda gubernamentales.

LA SUBASTA BOICOTEADA

Los activos hipotecarios de posible adquisición por el Estado en las dos subastas previstas y en las que previsiblemente las sigan, tienen que haber sido emitidos con posterioridad al 1 de agosto de 2007 y con una calificación crediticia mínima de 'AA', con un plazo de vencimiento de dos años y pago anual de intereses. La gran banca pidió al Tesoro que hubiera pacto de recompra para evitar que se convirtieran en una especie de «vertedero» de activos ilíquidos, sobre todo de mucho suelo que en estos momentos ha perdido buena parte de su valor e incluso de campos de golf.

Tanto el secretario de Estado de Economía, David Vegara, como la directora general del Tesoro, Soledad Núñez, pidieron a la banca —y con especial "cariño" a sus presidentes Emilio Botín y Francisco González— que acudieran a presentar sus credenciales a las primeras subastas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), por lo menos que hicieran acto de presencia para ver cómo funcionaba la subasta, mediante la cual las entidades venderán sus títulos de calidad al Estado y así obtendrán liquidez.

Pues bien, Santander y BBVA prefieren no dar ningún tipo de argumento al Gobierno de Zapatero para que, dentro de unos meses o unas semanas, pueda 'meter la cuchara' en su accionariado, según fuentes financieras, sabedoras de que ambas entidades coincidían en mantener esa posición. "Muchos no vamos a ir a la primera subasta por el peligro de las filtraciones, pero al final todos tendremos que acudir a las siguientes si esto no mejora, porque no nos va a quedar otro remedio", admiten en una entidad de tamaño medio. "Al final, lo importante no es la gravedad de la crisis, sino su duración: si esto dura mucho más, habrá que utilizar todas las opciones", añade otra entidad.

Es verdad que la banca ha puesto muchas pegas al plan de compra de activos del Gobierno porque es más atractivo acudir al BCE: ofrece liquidez ilimitada al 3,25% (y los tipos van a seguir bajando), es totalmente opaco y admite activos con un rating más bajo (BBB- en general y A- para las titulizaciones, frente a AA del Gobierno). Pero las inyecciones del BCE tienen un plazo máximo de seis meses, Fráncfort está mirando con lupa las valoraciones de los activos que la banca lleva a descontar -en especial los que tienen como garantía inmuebles cuyo precio se desploma-, no admite las cédulas hipotecarias (salvo un pequeño porcentaje) y pretende restringir esta liquidez en cuanto la crisis remita un poco.

Pero los dos gigantes mantienen el tácito acuerdo de no pedir ni un duro al Estado. "Lo primero que hará el Gobierno, si acudimos a sus subastas de liquidez, será exigirnos cuentas sobre los sueldos de nuestros ejecutivos. Y lo hará con derecho, porque, al darnos dinero, podrá exigirnos sobre la gestión y lo que cobran nuestros equipos. Lo segundo, hacer como el resto de los Gobiernos de Europa y el de EEUU, tomar una participación entre nuestro accionariado. Y en eso puede que sea en la única cosa en la que Botín y FG están absolutamente de acuerdo. No se puede abrir la puerta a un Gobierno —sea socialista o popular—, ni aunque el presidente Zapatero nos ponga la cara de cordero que ha enseñado estos días".

Los dos grandes bancos españoles declinan la ayuda del Estado porque aseguran que no necesitan ayudas públicas pese a los revueltos tiempos de la crisis. Pero al mismo tiempo les incomodan las que varios Gobiernos están coincidiendo a sus competidores europeos. El Santander ya había expresado este temor. Ayer lo hizo abiertamente Francisco González, quien alertó de que la coexistencia de entidades con y sin respaldo público puede acabar "perjudicando a la competencia" y reclamó por ello "normas comunes" para todos. El banquero reconoce no obstante que vamos a un sistema financiero "más prudente", con "reglas de juego claras", en el que "habrá que asumir" mayor regulación y presencia pública.

DIMES Y DIRETES EN EL SECTOR BANCARIO

Hace un mes, el presidente del Santander, Emilio Botín, fue el primero en afirmar claramente que las ayudas a entidades en crisis puede acabar posicionando en mejor lugar a los peores gestores frente a los buenos, mientras señalaba con el dedo hacia los excesos de algunos banqueros durante los buenos tiempos. También González aludió ayer a "la responsabilidad de los banqueros", al "desorden" y a la "codicia" amasada en un entorno de tipos bajos y de voluminoso apalancamiento.

La situación del sector bancario está lejos de encontrar la normalidad, a pesar de los numerosos planes de ayuda puestos en marcha. La caída de las cotizaciones bancarias volvió a presionar a la baja a los mercados de valores, en los que los principales índices llegaron a caer más del 5% en algunos momentos. El Ibex 35 terminó la última sesión con una caída del 3,74% que le acerca a los 8.200 puntos.

Las variables que manejan los analistas se refieren, en general, a la necesidad del sector de reforzar su capital. En algunos países europeos, esa función ha corrido a cargo del erario público como medida de emergencia, poeque, curiosamente, el mercado castiga con dureza a aquellos que deciden acometer una ampliación de capital por su cuenta. Las acciones de Banco Santander cayeron ayer el 9,98% para cerrar en 5,41 euros, el 20,44% menos que antes de iniciar la ampliación de capital. Los otros grandes bancos españoles se vieron arrastrados por un movimiento que resultó muy fuerte en toda Europa. Las acciones de BBVA bajaron el 5,45% después de que el departamento de análisis de ING publicara un informe en el que afirma que BBVA necesita reforzar su capital, aunque advierte que tiene varias opciones para hacerlo, al margen de una ampliación normal. Tras ese anuncio, el "precio objetivo" de BBVA fue reducido hasta 8,80 euros. Las acciones del Banco Popular bajaron el 3,97% y la mayoría de los bancos medianos aguantaron al chaparrón, a pesar de recomendaciones en contra de algunos departamentos de análisis.

PROBLEMAS EN EL SANTANDER

En España, el Santander -que desde que anunció la pasada semana su ampliación de capital lleva perdido un 18% de su valor- arrastró al resto del sector a los números rojos. Según los expertos, los inversores dan por hecho que todas las entidades seguirán por la senda de las ampliaciones. Según varios expertos consultados, todas las entidades anunciarán también ampliaciones u otras medidas (recorte de dividendos, venta de activos...) para reforzar su capital.

Esta es la segunda ocasión en lo que va de año en que el banco que preside Emilio Botín aumenta capital, tras la ampliación para la adquisición de la entidad británica Alliance & Leicester, mediante la que emitió 140,95 millones de títulos, el 2% del capital social, por 1.582,879 millones de euros.

El Banco Santander está buscando y sondeando mercados alternativos para posibles emisiones de renta fija en caso de que lo considere oportuno; un grupo de expertos del banco ha viajado hasta Australia para conocer este mercado y darse a conocer entre los inversores con el objetivo de abrir el abanico de posibilidades de inversión, principalmente en renta fija. De este modo, la entidad podría realizar algún tipo de emisión en el futuro en mercados diferentes en los que habitualmente opera, fundamentalmente mercados hasta ahora inexplorados por el banco, como Australia o Japón. «Es una toma de contacto muy inicial, no se está preparando una emisión. El objetivo es ampliar la base de inversión de renta fija».

De los tres bancos que se lanzaron a la compra del ABN Amro: Fortis, Royal Bank of Scotland y Santander, los dos primeros han sido intervenidos por sus respectivos gobiernos justamente después de realizar una ampliación de capital.

Dentro de los problemas de liquidez generales, la banca española en bloque ha comenzado a crear titulaciones de 'alta calidad' -más de Aa, según Moody's- que utilizan como activo hipotecas o préstamos a empresas. Banco Popular, BBVA, Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM), Banco Santander y Bankinter, en este orden, han realizado en los últimos días titulizaciones por valor de 15.000 millones de euros con el objetivo oficial de acudir a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo (BCE), según fuentes la versión oficial de algunas entidades. No obstante, la posibilidad de destinarlos al Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) del Gobierno también está abierta. BBVA protagoniza dentro de este paquete la mayor titulización hipotecaria de España, de 8.500 millones de euros. BBVA, de hecho, cuenta con 55.000 millones de euros en títulos utilizables como colaterales, que puede presentar ante el BCE para obtener liquidez. Esta cifra lo convierten en el mayor emisor en este segmento.

La conversión de créditos en títulos negociables está configurando un colchón financiero para reforzar una segunda línea de liquidez, aquella que se consigue poniendo como garantía un conjunto de activos, por ejemplo, en las subastas del banco central. Las titulizaciones vienen de la familia de los CDOs (collateralized debt obligation), que es un tipo de bono sobre una cesta de instrumentos de crédito. Estos fondos también son primos hermanos de los trágicamente conocidos como SIV (Special Investments Vehiculos) -caídos en la crisis subprime- en cuanto a su estructura. El volumen anual de emisiones brutas de titulización en España se ha multiplicado por más de 15 entre 2000 y 2007, hasta llegar a los 124.000 millones de euros, mientras que el saldo vivo de estos instrumentos aumentó en 17 veces, hasta los 307.000 millones.

El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, ha reconocido que las ayudas públicas al sector financiero son inevitables para la sostenibilidad de la economía, pero ha criticado que "pueden ayudar a los menos eficientes en detrimento de los que han actuado de forma eficiente y correcta". Tras comparecer en la Comisión de Economía del Congreso, Berenguer ha reconocido que la ineficiente supervisión financiera en algunos países, de los que ha excluido a España, ha fomentado unas actuaciones no del todo correctas por parte de algunas entidades, que ahora "están mejor paradas porque saben que el Estado no va a permitir que una entidad financiera se hunda".

Respecto al segundo fondo habilitado por el Gobierno para que las entidades financieras obtengan liquidez con el aval del Estado, todavía no se ha dado a conocer la letra pequeña, principalmente en cuanto a los costes que acarreará a la banca. Son avales por un volumen total de 200.000 millones de euros, que tendrá un coste medio cercano a los 200 puntos básicos para las entidades. Para aquellos bancos o cajas que tengan un CDS (Credit Default Swap) -títulos que protegen al comprador del posible impago de deuda de un emisor- lo suficientemente líquido, el coste del aval será de un 0,9%, al que habrá que añadir el gasto que supone la emisión de la deuda correspondiente, que estará, como mínimo, en otro 0,8%. Es decir, 170 puntos básicos, que es el mismo coste al que Barclays ha obtenido sus avales en el Reino Unido, aunque la media aplicada en ese país ha sido de unos 250 puntos básicos. No obstante, el decreto de los avales está todavía en el Consejo de Estado.

MOROSOS E IMPAGADOS

Más de 2,2 millones de personas residentes en España y más de 190.000 empresas tenían en abril deudas impagadas con bancos, grandes compañías o financieras por valor de 14.017 millones de euros, según el registro de morosos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef-Equifax). Los extranjeros residentes ya representan el 21 por ciento del registro de morosidad, que se nutre de los datos aportados por 339 entidades, entre las que se encuentran bancos, cajas de ahorro y rurales, financieras de crédito, y empresas que gestionan créditos para concesionarios de automóviles o pagos de recibos telefónicos.

Desde principios de año se ha registrado un repunte en el número de consumidores incluidos en esta lista, que recoge préstamos no devueltos a partir de los tres meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo. El saldo medio de deuda es de 3.391 euros. El saldo deudor declarado en el registro ha pasado de los cerca de 8.500 millones de euros en los que se movía hace un año a los más de 14.000 millones registrados al cierre del pasado abril.

Los niveles récord de endeudamiento de las empresas y de los hogares, junto a un déficit comercial hinchado, han provocado un "enorme agujero" en la balanza por cuenta corriente española, lo que ante el final de la disponibilidad de financiación barata hace probable una "severa corrección" de la economía, según afirmaba hace unas semanas Standard & Poors: el déficit exterior de España refleja el desequilibrio entre ahorro e inversiones del sector empresarial y de los hogares. Las entidades no financieras han experimentado un crecimiento sostenido de su brecha de financiación, que alcanzó el 13% del PIB en el tercer trimestre de 2007, frente al 9,5% del año anterior, lo que ha provocado un pronunciado incremento del endeudamiento de las empresas, puesto que llegó a alcanzar el 110% del PIB en el segundo trimestre de 2007, frente al 83% de la eurozona.

En su conjunto, el aumento de las necesidades de financiación de los hogares y de las empresas suma un 20% del PIB, lo que sobrepasa la capacidad de financiación de las administraciones públicas y de las instituciones financieras y conduce a la necesidad de encontrar financiación exterior por valor de un 9,9% del PIB.

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