El Parlamento Europeo aprobó hoy la Directiva de Retorno, un primer paso hacia una política común de inmigración. El texto promueve el retorno voluntario, introduce normas comunes para el retorno de inmigrantes irregulares procedentes de países no comunitarios y establece estándares mínimos para la retención temporal. Asimismo, fija los periodos máximos de internamiento, e introduce un enfoque común para la prohibición de reingreso en todo el teritotorio de la UE. La ley, que debe entrar en vigor en 2010, afectaría a unos ocho millones de inmigrantes ilegales que se calcula viven en los 27 estados miembros de la UE.
Así, los Estados deberán legalizar a los inmigrantes o pedirles que se vayan, para lo que se dará un periodo de salida mínimo de siete días. Si no se van, tendrán que expulsarlos, pero con garantías jurídicas y primando los intereses del menor y las familias. La retención se limita a un máximo de 6 meses, que puede extenderse en ciertos casos hasta 12 meses más.
Según la norma, la invitación al retorno voluntario -diferente de la deportación- incluirá asistencia legal gratuita a los inmigrantes ilegales sin recursos, gracias al establecimiento de un Fondo Europeo para el Retorno que tendrá un presupuesto de aproximadamente 110 millones de Euros anuales hasta 2013.
Según la normativa, una persona sin papeles puede estar retenida por un plazo que podría llegar en casos excepcionales a los 18 meses, mientras se tramita su salida del país y, una vez expulsados, no podrán regresar a la UE en cinco años. La ley también contempla la posibilidad de repatriación para los menores de edad no acompañados por sus padres.
Tras casi tres años de negociaciones, la Eurocámara ha aprobado, por 369 a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, una directiva que en palabras del ponente, Manfred Weber (PPE-DE, Alemania), es el primer paso adelante hacia una política de inmigración común. Los eurodiputados se opusieron a las propuestas de los grupos Verdes y de Izquierda Unitaria Europea de rechazar el texto en su integridad por 114 a favor, 538 en contra y 11 abstenciones. También fueron rechazadas las enmiendas presentadas por el grupo socialista, que introducían modificaciones en puntos como el periodo máximo de retención, el retorno voluntario, la prohibición de reingreso y el plazo para dictar las órdenes de internamiento.
Los socialistas españoles votaron a favor (excepto los eurodiputados Josep Borrell y Raimon Obiols, que votaron en contra, y Martí Grau i Segú, que se abstuvo), pese a que el grupo socialista europeo (PSE) se decantó oficialmente por el "no".
Los Estados miembros de la UE tienen 24 meses para adaptarse a la nueva legislación, que apenas obligará a España a modificar sus normas.
La directiva, cuya aplicación está prevista en 2010, no interfiere en la legislación europea sobre asilo. Se aplicará a nacionales de países no comunitarios que se encuentren en situación ilegal en un Estado miembro y que no se encuentren amparados por la solicitud de residencia o de asilo.
Según sus defensores, la Directiva justamente busca establecer garantías y procedimientos y fijar preceptos obligatorios para el respeto de los derechos humanos de los ilegales y de los menores en esa situación. En la actualidad 9 países -Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Malta, Reino Unido y Suecia- no tienen establecido un período máximo de retención, por lo que puede ser indefinido
Eurodiputados críticos de la norma, afirmaron que criminaliza a las personas indocumentadas y sostuvieron que los gobiernos podrían abusar de ella para adelantar grandes repatriaciones de ciudadanos residiendo irregularmente en la UE. Los socialistas intentaron introducir, sin éxito, enmiendas a los apartes que contemplan la repatriación de menores y el período de retención que en dos tercios de los 27 estados que componen la UE, es mayor al máximo actual. El Parlamento aprobó la ley sin las enmiendas propuestas por los socialistas.
La decisión política de actuar conjuntamente contra la inmigración ilegal se adoptó en 1999 y la norma votada en el Parlamento tardó tres años en ser consensuada. La propuesta había sido aprobada previamente por el Consejo (estados miembros) por unanimidad y contó con el respaldo del Grupo Popular, el Liberal y el de Unión por la Europa de las Naciones (UEN), que juntos forman mayoría. Ahora la directiva debe ser aprobada por el consejo de ministros, luego publicarse en la gaceta oficial y, finalmente, ser incorporada por los países en sus legislaciones internas en un plazo de dos años.
LA POLÉMICA ESCORADA
Frente a las ideas dominantes, creadas artificial y a menudo torticeramente por los medios de comunicación, la inmigración ilegal no representa un avance de la libertad, sino un masivo ejemplo de exclavitud y explotación en manos de la criminalidad internacional y con la complicidad de parte de los ciudadanos europeos que se benefician de sus bajos salarios y horribles condiciones de vida y trabajo.
Los procesos de destrucción social que ha creado en los países de origen y de acogida, son mucho más graves que sus posibles efectos positivos. Su utilización para equilibrar los mercados de trabajo y los sistemas de protección social en los países receptores, es un escándalo de amplias proporciones y un falaz argumento que empieza ya a demostrar sus deficiencias argumentales.
Todo muy bienintencionado, pero de cuento de hadas a la vista de la realidad. En países como España el negocio de la inmigración ilegal ha hipotecado el futuro del país a la avaricia y egoísmo de millones de ciudadanos privados. La inmigración masiva y salvaje no beneficia a nadie a pesar de las apariencias. La mejora del que se lanza a la aventura es a costa de innumerables sufrimientos. Es un asunto de enorme trasfondo estratégico y político oculto que todavía no ha sido descifrado y explicado.
La Unión Europea tiene que establecer sistemas de apoyo al desarrollo de los países pobres vecinos -por ejemplo limitando su escandaloso proteccionismo agrícola- y no sumirles en el pozo sin salida de la inmigración masiva, que es pan para hoy y hambre para mañana.
La hipocresía y los intereses creados alrededor de las izquierdas están organizando una amplia campaña contra la nueva norma, tildándola con los peores epítetos. Pero su análisis meditado y el estudio de la situación actual europea demuestran que es justa y necesaria.
EL PROBLEMA EN ESPAÑA
Diversos analistas calculan que la cifra de ilegales en 1977 superó los 1.600.000 inmigrantes. Antes de que termine el año 2008 superará los dos millones.
Según un informe elaborado por el Real Instituto Elcano, al final del primer semestre de 2007 "habían en España 1.100.000 de extranjeros sin permiso de residencia". Sólo en 2006, entraron en España más de 800.000 extranjeros con intención de instalarse en nuestro país, mientras que sólo se concedieron 117.500 permisos iniciales de trabajo. Según este informe, el modelo de crecimiento basado en la construcción y los servicios de bajo valor añadido que ha desarrollado España desde hace ocho años ha generado muchos puestos de trabajo precarios y con poco futuro que han sido habitualmente rechazados por la población española.
Esta premisa ha permitido, según el Instituto Elcano, que el fenómeno inmigratorio haya crecido en volumen muy rápidamente. Algo a lo que se ha sumado que la agricultura y los servicios domésticos se convirtieron en un reclamo igualmente atractivo para la incorporación al mercado de trabajo de inmigrantes extracomunitarios, sobre todo, a través de la vía informal.
Además, al modelo de crecimiento se unen otros factores en la oferta de empleo que propiciaron el incremento de la inmigración irregular. Por un lado, la disminución del número de jóvenes españoles sin estudio, seguido de la caída previa de la natalidad y de la considerable mejora en la cualificación de las nuevas generaciones. También actuó como factor de atracción de mano de obra inmigrante la creciente incorporación al mercado de trabajo de la mujer.
Sólo en el tercer trimestre de 2007, la población de origen extranjero en edad de trabajar superó los cuatro millones de personas. En su mayoría ocupando puestos de baja cualificación y escasa productividad. Según este estudio, Tras el último proceso regularizador, las entradas de trabajadores extranjeros han continuado caracterizándose por la irregularidad. Durante el período que va desde el 1 de enero de 2006 al 1 de julio de 2007 se concedieron 209.600 autorizaciones iniciales de trabajo, lo que supone sólo un 28 por ciento del incremento neto de la población activa de extranjeros comunitarios.
A la luz de estas cifras y basándose en datos de la Encuesta de Población Activa que elabora el INE, el instituto Elcano, señala que a finales del primer semestre de 2007 se habían acumulado en España 1.100.000 extranjeros extracomunitarios en edad de trabajar que no tenían permiso de residencia y en el caso de los nacionales de Rumanía y Bulgaria, incorporados a la UE en enero de 2007, que no disponían de autorización de trabajo. Según estos datos, y teniendo en cuenta que el INE estima que cada año entran en España cerca de 600.000 inmigrantes, el número de inmigrantes ilegales que tiene nuestro país puede ascender ya a 1.500.000.
Otro reciente estudio publicado el pasado mes de marzo por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ponía de relieve la estrecha relación entre la productividad y la inmigración. Según este análisis, aquellas comunidades autónomas que han recibido a la mayor parte de los extranjeros reducen su renta per cápita. Este análisis, que curiosamente contó con la colaboración de Miguel Sebastián (ex asesor económico de Zapatero) y Carlos Ocaña (secretario de Estado de Hacienda), concluye que el stock de inmigrantes ha pasado de 0,9 millones en 2000 a 4,7 millones en 2007, datos que han influido negativamente sobre la productividad española. En mayor medida, sobre las regiones en las que más ha crecido el empleo inmigrante.
Precisamente, durante la pasada legislatura España ha perdido 6 puestos en competitividad Global. Según el informe del World Economic Forum, España ocupaba un discreto puesto 29, seis por debajo del que ostentaba cuando Zapatero fue investido presidente en 2004. El Instituto de Estudios Económicos, calificó de "más que discreto" el puesto de nuestro país en este ranking.
El estudio que publica ahora el Instituto Elcano, se pregunta por qué la irregularidad ha sido la norma en un modelo de crecimiento generador de tantos empleos rechazados por españoles. Este Instituto estima que la razón puede encontrarse en la ausencia de medios para hacer cumplir las leyes en el ámbito de la extranjería y, en concreto, el principio de contratación en el país de origen. Denuncia que el Estado no ha habilitado los recursos necesarios para que Servicios Públicos de Empleo casen en los países de origen de los trabajadores extranjeros las demandas de empleo de las pequeñas y medianas empresas españolas no atendidas con oferta nacional. Lo que sucede, dice Elcano, es que en la práctica, los pequeños y medianos empresarios acuden al INE sólo obtienen autorizaciones para contratar trabajadores foráneos, pero cuando preguntan dónde están los trabajadores, el INE les dice que deben ir a los países extranjeros a buscarlos. Obviamente, "la misión es imposible", concluye el Instituto.
EL RETO DEL SIGLO XXI
Según 'La inmigración: el reto del siglo XXI' ( Dykinson, 2007), un libro de Miguel Becerra Domínguez y Salvador Iglesias Machado, la causa que impulsa a las personas a emigrar clandestinamente es la casi imposibilidad de hacerlo legalmente. Es el único recurso que les queda a millones de personas que no encuentran la posibilidad de cumplir todos los requisitos y resolver todos los impedimentos burocráticos que los países receptores les imponen. Una política restrictiva orientada a África, porque desde otros países entran en Europa cientos de miles de inmigrantes ilegales al año con toda tranquilidad, por los puertos y aeropuertos, por los pasos habilitados de fronteras con un simple visado de turista y luego ya no vuelven a sus países de origen.
Los autores de este estudio dicen que la inmigración española posee una importante carga de irregularidad y que la economía sumergida precede al fenómeno de la inmigración. Este tipo de economía resustenta de las personas más débiles, las que tienen más dificultades para defenderse, que, en este momento, está representada por la bolsa de inmigración clandestina que para sobrevivir no puede optar a otra cosa. También es preciso señalar que el tratamiento de la economía informal es muy laxo en nuestro país y que si se diera la lucha decidida contra ella, los inmigrantes irregulares reducirían. La economía sumergida constituye un "efecto llamada a este tipo de inmigración".
'También diremos -añaden- que la situación de los inmigrantes ilegales en España es crítica: deambulan por las calles de las ciudades sin la categoría de ciudadanos, marginados administrativos a los que no queda otra solución que trabajar en la economía sumergida en régimen de explotación o caer en el mundo del delito para poder sobrevivir. Las esperanzas de que regulen su situación son quiméricas y cada vez se aleja más de su horizonte de esperanzas. Si son localizados por la policía se les incoa un expediente de expulsión, el cual no se suele ejecutar si el detenido no presenta documentos de identificación y, aún así, lo más probable es que no se le llegue a expulsar. Pero a partir de ese momento le resultará aún mucho más difícil regularizar su situación, paradójicamente'.
Los comentarios para este post están cerrados.
Una cosa que no entiendo es ¿cómo van a identificar a estas personas? Los irregulares, hasta donde se, no van por ahí con un cartel en el pecho que dice "soy irregular". De hecho, cada pais yá tiene mecanismos para expulsar irregulares, pero identificarlos es otra cosa.....
Una rana se disponía a lanzarse a la corriente de un caudaloso río, cruzarlo y alcanzar la otra orilla cuando escuchó una voz que, casi suplicando, le pidió, “¿No me pudedes llevar sobre tu espalda? Yo también necesito cruzar y alcanzar la otra orilla, pero no sé nadar”.
La rana dirigió la mirada hacia el lugar de donde emergía la voz y, ante su vista, apareció un impresionante alacrán haciendo la solicitud.
La rana, pensó un par de segundos y respondió con otra pregunta “¿Te crees que estoy loca? Si te llevo sobre mi espalda, corro el peligro de que me claves esa venenosa ponzoña que tanto has utilizado para hacer el mal, y que me ahogue”.
El alacrán respondió con gran sabiduría y convencimiento: “¿Cómo piensas sería capaz de semejante disparate? Si lo hiciera, moriríamos los dos; pues, repito, yo no sé nadar y me urge llegar a la otra orilla”.
La rana, dudó unos instantes pero el argumento le pareció tan lógico y el solicitante...
Miércoles, 30 de mayo
Universidad Pontificia Comillas
Pedro Tarquis
Asoc. Humanismo sin Credos
Carlos F. Barberá
Josemari Lorenzo Amelibia
Ediciones Khaf
Francisco Baena Calvo
Francisco Margallo
Antonio Aradillas
Juan Jáuregui Castelo
José Catalán Deus
Autor
Contacto
