El día después: Rouco y Zapatero frente a frente

12.03.08 | 18:01. Archivado en Vaticano y Santa Sede, Iglesia española

La edición italiana del diario vaticano del 12 de marzo publica un artículo del vasticanista español Antonio Pelayo, al mismo tiempo asesor del embajador español ante la Santa Sede, en el que analiza las relaciones de la iglesia española con el nuevo gobierno socialista, cuyo presidente ha sido reelegido otros cuatro años: «Será una prueba que permitirá medir la prudencia del presidente ante las presiones del ala más laicista de su partido, que exige denunciar los acuerdos vigentes con la Santa Sede, y de una serie de lobbies que han hecho del anticlericalismo la bandera para lograr apoyo entre la población», dice.

La Iglesia según él «aspira a hacer que los católicos españoles, al igual que todos los ciudadanos, puedan hacer escuchar su voz en defensa de la dignidad y de los derechos de la persona en el ágora de la política y de la sociedad».

El artículo recuerda que entre el Gobierno y la Iglesia, en los últimos meses, se han registrado «enfrentamientos borrascosos a propósito de la manifestación a favor de la familia que tuvo lugar en Madrid, el 30 de diciembre, y de la nota de la Conferencia Episcopal en la vigilia de las elecciones, que han irritado a los socialistas y que han suscitado reacciones desmesuradas».

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, recientemente elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española, según el periodista, «ha ofrecido al gobierno "colaboración leal" y sin duda esta será la actitud de la jerarquía que, claro está, no está dispuesta ni con éste ni con otro Gobierno a refugiarse en las sacristías».

Resulta significativo que el diario vaticano delegue su primera impresión sobre las relaciones Estado-Iglesia en España tras las elecciones generales y las elecciones episcopales, en la persona de un sacerdote periodista que ha ejercido de puente de acercamiento del embajador español hacia el Vaticano. Un gesto diplomático de buena voluntad y ausencia de beligerancia. Veremos que dicen en La Moncloa

LA PRÓXIMA LEGISLATURA

La legislatura que acaba de concluir en España se ha caracterizado por la introducción de una serie de leyes en clave de «ideología de género» como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley del «divorcio exprés» o la ley para combatir la violencia doméstica, en las que se consagran derechos reclamados por los grupos feministas y homosexuales. Inmaculada Álvarez, de la agencia Zenit, plantea un adelanto del programa del PSOE para esta legislatura sobre aborto, homosexualidad y laicismo, 'objetivos declarados en la campaña electoral de José Luis Rodríguez Zapatero'.

Durante la campaña electoral, José Luis Rodríguez Zapatero dio a entender que se iba a avanzar en los «derechos sexuales y reproductivos». Una de las últimas acciones anunciadas por el Gobierno en funciones fue un decreto para «garantizar la intimidad de las mujeres que abortan», así como la «seguridad jurídica de los actores implicados», en respuesta a las investigaciones realizadas el pasado mes de enero a varias clínicas que supuestamente estaban cometiendo abortos fuera del plazo legal.

Otro de los datos de la campaña fue el apoyo explícito a las manifestaciones feministas convocadas para el día de la Mujer Trabajadora en apoyo del aborto libre. Por otro lado, el apoyo explícito de Zapatero al doctor Luis Montes, acusado y absuelto por falta de pruebas en el caso de sedaciones irregulares a pacientes terminales en el hospital madrileño de Leganés, hizo augurar una posible despenalización de la eutanasia.

LO QUE DICE EL PROGRAMA SOCIALISTA

Pasadas las elecciones, ¿cuáles son las propuestas concretas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en materias morales para la próxima legislatura? El programa electoral socialista incide en la cuestión del aborto, aunque no aborda la despenalización de la eutanasia. El capítulo III apartado 1.2 consagra «el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva», y anuncia una «Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que diferencie sexualidad de reproducción». Esta distinción es una de las exigencias claves de los movimientos feministas radicales en todo el mundo.

Esta estrategia prevé un impulso a los «nuevos usos de la reproducción asistida», así como una «profundización en la prevención de los embarazos no deseados a través de la accesibilidad libre y gratuita a la anticoncepción de emergencia».

Pero sobre todo, la propuesta central es «promover la reflexión, atendiendo al debate social, sobre la vigente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la posibilidad de modificarla con el fin de garantizar la equidad en el acceso y la calidad de esta prestación sanitaria».

En diciembre, el partido socialista había estudiado la inclusión en el programa de una «Ley de plazos», similar a la que desde hace años han impulsado grupos radicales de izquierda en el Parlamento, y que supone en la práctica el aborto libre. Las críticas recibidas dentro del propio partido hicieron desistir de la propuesta.

Además, se incluye la «regulación de la objeción de conciencia en las prestaciones sanitarias y especialmente en las Interrupciones Voluntarias del Embarazo». Ya el pasado 28 de enero, el presidente del Colegio de Médicos, Isacio Siguero, denunciaba en el diario ABC que dicha propuesta podía constituir una medida de presión contra los médicos objetores.

El programa socialista anuncia, asimismo, una «Ley Integral de Igualdad de Trato y contra la Discriminación», en referencia a las directivas europeas 2000/43/CE, contra la discriminación étnica o racial, y 2000/78/CE, contra la discriminación en el empleo y la ocupación por motivo de religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación e identidad sexual.

La ley «promoverá las reformas normativa pertinentes para un mejor tratamiento de los delitos con motivaciones racistas xenófobas, homófobas y tránsfobas». El programa anuncia así su intención de «superar» el marco de las directivas (en las que no se habla de homofobia en ningún momento, sino de discriminación por orientación sexual en el terreno laboral) «teniendo en cuenta la perspectiva de género».

Si bien las directivas europeas señaladas (que sí son vinculantes para los países) no abordan la pretendida cuestión de la «homofobia», existe una resolución sobre la misma (que no es vinculante), aprobada el 18 de enero de 2006, en la que se exige, además del reconocimiento de «matrimonio» para las parejas del mismo sexo, «intensificar la lucha contra la homofobia mediante métodos educativos --tales como las campañas contra la homofobia en los centros escolares, en las universidades y en los medios de comunicación--, así como utilizando medios administrativos, judiciales y legislativos».

ADIÓS AL 'NOTORIO ARRAIGO'

Otro de los puntos del programa es la anunciada intención de revisar la ley orgánica de libertad religiosa de 1980, que en su artículo 7 reconocía a las «confesiones con notorio arraigo». Precisamente, el programa establece como prioridad «evitar privilegios y discriminaciones de unas confesiones respecto de otras, de unas creencias frente a otras». La intención del Gobierno es «avanzar en la laicidad».

Precisamente, se valora como un logro del anterior Gobierno «el establecimiento de un sistema de enseñanza religiosa inscrito en la escuela pero no en el sistema educativo, que se imparte "en" la escuela pero no "por" la escuela; la introducción en el currículo educativo de una materia, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que contribuye a la formación en los valores constitucionales compartidos por todos; la eliminación de la exención del IVA de que gozaba la Iglesia católica y la puesta en marcha del sistema de asignación tributaria como forma de contribución estatal a su financiación, eliminando definitivamente el sistema de dotación presupuestaria».

La intención del PSOE es equiparar todas las convicciones, «con independencia de su carácter religioso o no», mientras que la ley de 1980 excluía de su regulación a las creencias que no fueran de tipo religioso. Es decir, que las asociaciones de tipo filosófico o humanista pasarán a tener la misma consideración que las creencias religiosas.

Además, el programa avanza que «la contribución de las confesiones a la deliberación pública en las sociedades democráticas, a su desarrollo ético y cultural» debe entenderse «siempre subordinada a la soberanía de las instituciones democráticas, al imperio de la ley y, en definitiva, a la voluntad ciudadana mayoritaria».

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