Corrupción en Madrid: más invitados al 'guateque', una agenda y un arrepentido

06.01.08 | 18:53. Archivado en Españas

El juez ha levantado parcialmente el secreto del sumario que pesa sobre las actuaciones de la Operación Guateque, que se ha llevado a cabo en dos fases. La primera, el 14 de noviembre, se saldó con la detención inicial de 19 funcionarios. La segunda se realizó el pasado 27 de diciembre, cuando agentes de la Guardia Civil arrestaron a otros cinco. El juez tiene grabaciones telefónicas con numerosos nombres de restaurantes, locales de ocio y de comida rápida. La agenda hallada en la sede de Agustino Proyectos no deja lugar a dudas sobre la realidad de los cohechos: viene anotada la cifra pagada, el nombre más o menos preciso del funcionario receptor, un teléfono de contacto y el motivo del pago.

Seis personas cumplen prisión preventiva de la primera oleada de dentenciones, entre ellos el supuesto 'cerebro' de la trama Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental.

Otras cuatro están en prisiónn por la segunda oleada: Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta de Distrito de Chamartín), Domingo Sánchez Bote (de la Junta de Salamanca), Miguel Ángel García Jodar (técnico de la Concejalía de Medio Ambiente) y Fernando Ruiz Torrejón (de la Gerencia de Urbanismo). Además, el juez ha dejado en libertad a Alfonso Clemente García, que trabajó en la Junta Municipal de Carabanchel.

Además, el juez instructor ha ordenado la busca y captura de los empresarios Julián López y Eduardo Agustinos, propietarios de la empresa Agustinos y Proyectos S.L. Estos imputados comparecieron ya ante el magistrado, pero les dejó en libertad.

Los abogados defensores de tres de los principales implicados, son: José Luis Prada por Victoriano Ceballos; Javier Iglesias por Joaquín Fernández de Castro; y Ubaldo González Garrote (presidente del Club de Fútbol Albacete) por Carmen Eulalia Ibáñez.

HABRÁ MÁS INVITADOS

Se rumorea que la segunda fase de la operación 'Guateque', que investiga una presunta trama ilegal de licencias descubierta en el Ayuntamiento de Madrid, inaugurará el 2008 con otras 20 detenciones, de funcionarios de distintas Juntas de Distrito y de la Gerencia de Urbanismo, y otros tantos registros en sedes municipales, informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

Según estas mismas fuentes, los agentes de la Guardia Civil, a instancias del juez Santiago Torres, podrían proceder los primeros días del año al arresto de empleados municipales del Área de Urbanismo del Consistorio y de las Juntas de distrito de Ciudad Lineal, Chamantín y Carabanchel. Estas dos últimas fueron ya objeto el pasado jueves de registros efectuados por los agentes en la segunda fase de la operación, iniciada a raíz del análisis de la documentación requisada a mediados de noviembre.

El levantamiento del secreto del sumario afecta a ocho de los diez tomos que contienen la totalidad de las actuaciones del procedimiento, los primeros 4.170 folios de las actuaciones judiciales, si bien el magistrado también ha acordado la prórroga de las diligencias posteriores a esos folios, correspondientes a aquellas llevadas a cabo en el tiempo a partir de las entradas y registros del pasado 14 de noviembre.

La mayor parte del sumario que ya no es secreto se corresponde a transcripciones de las conversaciones telefónicas de los presuntos implicados en esta supuesta trama de agilización de licencias a empresarios a cambio de dinero a funcionarios y técnicos municipales.

Los pinchazos telefónicos realizados a algunos de los imputados revelan conversaciones de éstos con algunos empresarios en las que les exigen cantidades que oscilan entre 12.000 y 14.000 euros para Victoriano Ceballos, jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, a cambio de que realizara informes positivos para la concesión de tales licencias. Es más, el propio juez Torres así lo recordó en el auto en el que confirmaba la orden de prisión para Victoriano Ceballos. Se trata todo, según el juez, 'de un equipo organizado'.

Además, en las grabaciones telefónicas aparecen numerosos nombres de empresas -restaurantes, locales de ocio, de comida rápida e, incluso, algún hospital privado- en boca de los interlocutores. En resumen, se desprende que algunos de los empleados públicos supuestamente implicados en la trama, en su mayoría de Medio Ambiente y de distintas Juntas Municipales, exigían elevadas cantidades de dinero ilegales alegando que así lo había establecido Ceballos, su superior directo.

Ceballos, a quien se ha señalado como supuesto 'cerebro' de la trama, ha ingresado en la prisión de Alcalá-Meco la madrugada del 18 de diciembre, acusado de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En todo momento, el imputado ha negado el cobro de comisiones y cualquier conocimiento de los delitos que se le atribuyen.

El empresario Antonio Sanz Escribano -administrador único de la empresa AB Escribano Ingenieros Consultores-, quien ha quedado en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros. Se da la circunstancia de que Sanz Escribano era el compañero de celda de Victoriano Ceballos. Además, tras la detención de Sanz Escribano, también se encarceló al empresario Santiago Castillo Morales, apoderado de la sociedad AC93, dedicada a la gestión de licencias. Hace unos días, el magistrado también ha dejado libre a Carmen Eulalia Ibáñez, asesora técnica de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, a quien impuso una fianza de 20.000 euros para poder abandonar la cárcel de Soto del Real. Al parecer, los próximos días saldrán en libertad algunos de los ocho detenidos que permanecen en prisión. Entre los encarcelados, figura, además de Victoriano Ceballos, otro empleado municipal, Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental.

DESCUBIERTA LA CONTABILIDAD SECRETA

El juez, según el diario El País, dispondría de dos sólidas bazas para acreditar sobornos a una veintena de funcionarios municipales: la contabilidad secreta de la trama, hallada por la Guardia Civil en un registro en la sede de Agustino Proyectos, una de las supuestas empresas tramitadoras ilegalmente de licencias, y el informe que le están elaborando sus peritos sobre los ingresos y gastos de los encausados, que pueden crecer en próximas semanas.

Todo ello servirá para dinamitar algunas de las coartadas que algunos de los encartados han ido desgranando al ser interrogados: aseguran no haber cobrado ningún soborno, no haber agilizado irregularmente expedientes, incluso niegan que las frases grabadas, donde negocian mordidas, tengan el sentido que la lógica les da.

Por el contrario, la agenda hallada en la sede de Agustino Proyectos no deja lugar a dudas sobre la realidad de los cohechos: viene anotada la cifra pagada, el nombre más o menos preciso del funcionario receptor, un teléfono de contacto y el motivo del pago. De tal agenda ha salido exclusivamente la última oleada de detenciones de funcionarios decretada por el juez. No siempre ha sido fácil identificar al destinatario de tales pagos ilegales. En ocasiones, el nombre del sobornado no aparecía completo, y ha sido preciso interpretarlo en función del lugar de trabajo que se derivaba del teléfono de contacto.

En otras ocasiones, tal labor no ha sido aún finalizada, ya que el nombre aparece como algo más confuso, por lo que la estela de pagos puede extenderse a un número aún mayor de funcionarios.

Obviamente, el juez está vinculando tan poderosos indicios -anotaciones de cobro de sobornos y comprometidas frases grabadas- a otros dos elementos: si tales funcionarios han jugado algún papel en los 187 expedientes que han sido acelerados y que examina con lupa el juez. Los agentes ya han revisado expedientes hasta el año 2000. Y amén de la vertiginosa aprobación de tales expedientes, liquidados en un mes cuando suelen durar años, han hallado dos hechos coincidentes: la totalidad de los expedientes sobre los que existen indicios o sospechas de pagos fueron visados por Joaquín Fernández de Castro, como jefe de departamento de Evaluación Ambiental, quien, sin embargo, ha emitido mensajes exculpatorios para sí pero incriminatorios para el resto. Su subordinado, Victoriano Ceballos Fernández, jefe de división de análisis ambiental, niega algunas de las evidencias más clamorosas que le fueron expuestas en los interrogatorios.

MANIOBRAS DE DISTRACCIÓN

Circulan por algunas redacciones dos cartas supuestamente escritas por Joaquín Fernández de Castro, el funcionario del Ayuntamiento con más alto rango de los detenidos por orden del juez Santiago Torres. Tenemos que decir que la autoría real de estas cartas no ha sido confirmada por su abogado, Javier Iglesias. Pero, en fin, que las cartas existen y han llegado a algunas redacciones, que las han utilizado según intereses partidistas.

¿Qué dicen esas cartas, con once folios en total? Pues arremeten muy duramente contra el juez Torres, hablan de los expedientes por los que se interesa el juez y tiran por elevación: es decir, contra la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid que, según el denunciante, no tomó medidas para paliar la situación de supuesto caos en el Ayuntamiento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón y que habría conducido a la supuesta corrupción funcionarial.

Se está intentando politizar el caso para que quede empantanado en la lucha entre los dos grandes partidos políticos con fines electoralistas. Sería muy poco conveniente para establecer justicia y escarmiento.

TESTIMONIO DE UN 'ARREPENTIDO'

El testimonio sorpresa ante el juez de uno de los funcionarios encarcelados por la Operación Guateque es la base de la segunda oleada de nuevas detenciones y encarcelamientos que está practicando el juez de Madrid Santiago Torres.

Carmelo García, funcionario de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, ya jubilado, prestó declaración voluntaria el pasado día 26 sobre hechos vividos por él en Urbanismo. Facilitó nombres de funcionarios y empresas que han recibido o pagado comisiones a cambio de agilizar licencias. Tras su declaración, el juez ordenó registrar algunos despachos y allí los investigadores hallaron documentación que también ha servido para las nuevas detenciones.

La ley permite atenuar la pena a los reos que colaboran con la justicia para aclarar o investigar delitos. "Es posible que sea eso lo que le ha impulsado a prestar esta nueva declaración", señalan los citados medios. La primera vez que García declaró negó los hechos que le imputaban el juez y los investigadores de la Guardia Civil. A García se le acusa ahora de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias para la agilización del trámite de licencias de locales comerciales y de ocio.

Este funcionario, ahora jubilado, ya tuvo problemas con la justicia hace años por hechos parecidos. Pero entonces, en 2004, fue absuelto por falta de pruebas. Se sentó en el banquillo por haber participado en una trama de cobro de comisiones ilegales a empresarios para agilizar las licencias de actividad de sus locales en Madrid.

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