Gabriel de Pablo
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Dura lex, sed lex
02.07.08 @ 14:49:42. Archivado en Crónica provinciana, Análisis de actualidad, Artículos publicados en otros medios
(Artículo publicado en Diario de Navarra el 12 de junio de 2008)
Leo con atención una nota de prensa de la plataforma Navarra Educa en Libertad, en la que se denuncia el “hostigamiento a los objetores de Educación para la Ciudadanía”. En ella, se informa de que un centro público de Navarra ha enviado una amonestación a un alumno objetor por sus reiteradas e injustificadas faltas de asistencia a clase. La amonestación advierte de que, caso de persistir esa conducta, se iniciará el consecuente expediente sancionador. Navarra Educa en Libertad ofrece su “más rotundo apoyo” al alumno y argumenta que las faltas sí están justificadas, ya que el estudiante ha presentado su objeción de conciencia en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
Paralelamente a este hecho concreto, se vienen efectuando ciertas presiones mediáticas al Gobierno de Navarra para que tome partido por los objetores y dé la espalda, en este asunto, a la legislación vigente y, por ende, al gobierno de España. El argumento es que UPN, para ser fiel a su electorado, debería actuar conforme a su propio programa y desmarcarse de una ley que se considera a todas luces injusta.
Antes de seguir adelante, es preciso dejar claro que estoy en contra de la asignatura Educación para la Ciudadanía, tal como viene planteada por la LOE. Obviamente, estoy a favor de una asignatura que enseñe a los chavales los principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional, sus derechos y obligaciones como ciudadanos, el respeto a las reglas de juego, etc. Pero estoy en contra de que, so capa de la formación de ciudadanos libres e iguales, se estén metiendo con calzador conceptos y valores que son discutibles y muy discutidos en nuestra sociedad. En resumen: sí a una asignatura de consenso, de mínimos. No a una asignatura obligatoria que tome partido por una visión específica del hombre o del mundo. La formación de la conciencia no es ni puede ser competencia del Estado, que debe ser neutral para respetar el propio principio de laicidad del que tanto se habla cuando interesa, pero que se obvia cuando se vuelve en nuestra contra.
Sin embargo, mi opinión respecto de esta nueva y deforme asignatura no ha terminado por cegar mi entendimiento. Desde aquí puedo animar a la objeción de conciencia o a la desobediencia civil. Puedo despotricar contra las pretensiones de adoctrinamiento. Puedo esperar que la justicia (en especial, el Tribunal Constitucional) se incline hacia el sentido común y elimine esta asignatura para siempre o la modifique sustancialmente. Puedo manifestarme ante el Parlamento Español, recoger firmas, hacer sonar mi cacerola en la oreja de Zapatero. Puedo presionar a los partidos políticos para que tomen en sus manos la bandera de la libertad y eliminen una asignatura absurda, injusta y probablemente inconstitucional. Y sí, puedo objetar e incluso autorizar a mis hijos a no acudir a clase.
Pero lo que no puedo pretender es que el Gobierno Foral deje una ley sin aplicar o que se haga el tonto, el ciego o el sueco ante la desafección de algunos ciudadanos. Estamos en un Estado de Derecho, cuyo mayor enemigo es precisamente la arbitrariedad. Una democracia que no respeta la ley es una democracia bananera, antesala del terror. La inseguridad jurídica es la peor de las indefensiones, hasta el punto de que, puestos a elegir, es menos malo vivir en un país no democrático que respeta la ley, que en un país muy demócrata donde la ley se aplica (o no) al dente, al libre albedrío de quien manda.
Así pues, el Gobierno de Navarra está haciendo exactamente lo que tiene que hacer en esta materia: ejecutar la ley y, en su caso, actuar con la debida dureza ante los alumnos objetores. En ningún caso se puede pretender que una institución cuya obligación es precisamente la de cumplir y hacer cumplir las leyes haga “objeción” de conciencia. Pretender esto es propiciar la instauración de una sutil y sonriente dictadura.
La resistencia social, la rebeldía o la desobediencia civil deben pasar factura, como lo debe hacer la comisión de un delito. Las leyes están para cumplirlas, nos guste o no. Si son leyes injustas lucharemos para cambiarlas. Pero es preciso que las leyes no sean de mantequilla, sino que deben tener cierta capacidad de resistencia. La lucha contra una norma, incluso injusta, debe ser lo suficientemente dolorosa, porque si no corremos el riesgo de que cada cual ande impunemente por ahí con su saco de incumplimientos o de “objeciones” y este país que amamos se convierta en un Estado sin Derecho, en donde el ciudadano no sepa a qué atenerse para poder actuar con libertad.
Y que no se preocupen los detractores de Educación para la Ciudadanía. Cuanto mayor sea el dolor causado por esta ley injusta, cuánto más enconada sea la resistencia civil, cuanto más generalizado el número de víctimas, más pronto caerá la asignatura. Y entonces veremos cómo este legalista y diligente Gobierno de Navarra será el primero en cumplir la nueva ley, restituir el honor de los alumnos y dejar su expediente más limpio que una patena. Así sea.
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Me parece que has escrito un artículo muy lúcido y como jurista me quito el sombrero ante tí una vez más porque tus argumentos son jurídicamente impecables: El gobierno debe cumplir la ley, le guste o no. "La inseguridad jurídica es la peor de las indefensiones". Como dices, "puestos a elegir, es menos malo vivir en un país no democrático que respeta la ley, que en un país muy demócrata donde la ley se aplica (o no) al libre albedrío de quien manda". Pero sin duda mejor que todo eso es vivir en un país democrático donde además los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al imperio de la Ley.
Un abrazo y felicidades atrasadas.
Comentario por Jose Moncada 12.07.08 @ 13:04
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