+ Un panorama nacional de 14 estados

Tengo la idea, hipótesis o creencia que durante los últimos cincuenta años, a partir del crecimiento cognoscitivo y personal de la mujer, el hombre o el otro sexo, no ha tenido tiempo o habilidad para asimilar ese importante avance social de la hembra; y su reacción, por parte de un relevante número de machos, ha sido o agrediendo a la mujer o buscando refugio en el regazo de otro macho. El tipo, calidad y cantidad de agresiones que la mujer padece día a día y la desproporcionada cantidad de personas que ahora de manera libre manifiestan su homosexualidad, podrían dar fe de esta creencia, idea o hipótesis de quien firma estas líneas. E.E.M.M.

He aquí algunos elementos de reflexión, lea usted el texto que a continuación se presenta:

La violencia de género, la guerra contra las mujeres
2017 evidencia que los millonarios presupuestos destinados a la “atención y prevención” de la violencia a través de mecanismos de acceso a la justicia para las mujeres han dado poco resultado por la desarticulación y falta de claridad en cómo concretar las intervenciones. Por: Argentina Casanova

Con un panorama nacional de 14 estados con solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG), y siete entidades más con AVG declaradas, el territorio mexicano se consolida como una zona de riesgo para las mujeres en una guerra invisible que a diario cobra la vida de siete mujeres y otro tanto de desaparecidas, víctimas de trata y tortura sexual, agudizando la desigualdad estructural en la que viven las niñas, adolescentes y mujeres en México.

Es claro que hay un recrudecimiento de violaciones a los derechos humanos de las mujeres en México así como en la comisión de delitos graves de alto impacto, que se suman a los tipos y modalidades de violencia de género consideradas en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, particularmente por formas en las que el propio Estado a través de sus servidores públicos conduce a la conciliación y la mediación.

Además de que detrás de las solicitudes de AVG hay otras implicaciones y tipos de violencia que hacen más evidente la violencia sistémica, hablamos de la muerte materna, la violencia política, la violencia simbólica y por agravios comparados, entre otras. Frente a este incremento, el Estado mexicano ha dado una respuesta fragmentada que no alcanza a integrar los esfuerzos, presupuestos y políticas públicas de atención y prevención a la violencia con el acceso a la justicia para las mujeres.

En muchos de los estados en los que se ha solicitado y/o emitido la Alerta de Violencia de Género, las violencias feminicidas están ligadas a la violencia social derivada del crimen organizado, y se concatenan con el desprecio al cuerpo de las mujeres, la negación de toda condición de persona, la negativa al derecho a la justicia, la persistencia de patrones culturales y normas discriminatorias, impunidad, además de una evidente extensión y apología a la violencia contra las mujeres en las coberturas periodísticas.

Las siete entidades con Alerta de Violencia de Género Declarada son Morelos, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Veracruz y en noviembre de 2016, Chiapas y Nuevo León, y los otros 14 (Guerrero, Nayarit, Tlaxcala, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Tabasco, Guanajuato, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y recientemente Campeche) se encuentran en distintas etapas de solicitud, desde la integración de los grupos de trabajo hasta los períodos “de gracia” que no considera la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y otros que están cumpliendo las observaciones hechas en los Informes de los Grupos de Trabajo para incidir en las causas estructurales de la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, esta condición de los distintos momentos del trámite de la solicitud de la AVG no es una respuesta a la emergencia que amerita acciones inmediatas cuando se trata de elevados números de desaparición de mujeres o feminicidios ligados a la omisión del Estado, para dotar de infraestructura que facilite la prevención de la violencia.

Es decir, tenemos dos situaciones en las que se amerita una AVG como resultado de una acumulación de omisiones, acciones y aquiescencia del Estado, incluido el incumplimiento a la capacitación a investigación con perspectiva de género, la elaboración de peritajes especializados para visibilizar los contextos sociales de la violencia de género, y los mecanismos de evaluación a la cadena de justicia para las mujeres.

Con ello se genera un contexto de violencia sistémica que no solo tolera sino alienta a la comisión de los delitos contra las mujeres, incluyendo la privación de la libertad con fines sexuales, la trata-desaparición y el feminicidio, y que están insertos en las estructuras institucionales y de la sociedad favoreciendo la impunidad en la violencia contra las mujeres.

Y por otro lado tenemos situaciones en las que lo que se requiere es adoptar acciones urgentes para iniciar la búsqueda de mujeres que son desaparecidas y han denunciado violencia de pareja o de un acosador, incluso casos en los que las mujeres habían solicitado órdenes de protección, y al no darse respuesta inmediata en plazos de 24 horas por las policías municipales, policías estatales y las propias Fiscalías para impulsar la búsqueda a través de las unidades especiales de personas desaparecidas con la emisión de la Alerta Amber, aplicación del Protocolo Alba y la adopción de investigación con perspectiva de género para establecer la correlación con los antecedentes de violencia familiar-sexual previamente denunciados. Incluso de aquellos casos de violencia reiterada en espacios públicos o rutas y mecanismos de traslado y captación de víctimas de trata claramente identificados

Mención aparte merecen aquellos casos de feminicidios en los que hay omisión y negligencia criminal. Son los casos de mujeres que denunciaron y/o solicitaron órdenes de protección y fueron asesinadas por el sujeto que las amenazaba, y que con la falta de actuación del Estado -vía servidores públicos- se facilitó la comisión del delito.

A 2017, este es el escenario que nos habla de una emergencia nacional de una “guerra contra las mujeres” que evidencia que los millonarios presupuestos destinados a la “atención y prevención” de la violencia a través de mecanismos de acceso a la justicia para las mujeres han dado poco resultado por la desarticulación y falta de claridad en cómo concretar las intervenciones.

Lo más grave es que el Estado Mexicano tuvo información suficiente para saber que debía implementar acciones emergentes para atender un inminente riesgo ligado a la militarización y la “guerra contra el narcotráfico”, que no solo afectó y afecta a la población en general, sino que consolidó una guerra contra las mujeres, invisibilizada detrás de las violencias sociales, es decir, las mujeres no están exentas de la violencia social que incluye los efectos del crimen organizado y el incremento en la inseguridad pública, a estas se suma la violencia de género recrudecida. Esto es, una doble exposición a dos violencias también recrudecidas.

El resultado es el incremento en los números de víctimas de violencia y feminicidio, pero también trastoca la vida de muchas más que no aparecen como víctimas pero están expuestas a un espacio social y familiar de información de feminicidios cometidos con grave saña y brutalidad, y afectan la percepción de la seguridad para el uso del espacio público, restringiéndolos por hegemonías discursivas patriarcales. Además del argumento de que estar afuera es “ponerse en riesgo” y participar en cualquier actividad pública es aumentar el riesgo de ser víctima.

Y nos queda la duda, ¿esto se pudo prevenir?
Ver el texto completo elaborado por Argentina Casanova y publicado por el portal de noticias “ANIMAL POLÍTICO”;
http://www.animalpolitico.com/blogueros-seguridad-180/2017/03/06/la-violencia-genero-la-guerra-las-mujeres/