+En el Senado de la República el foro “Nuevas estrategias en el fortalecimiento a la seguridad nacional en México”

La actual administración federal, en su Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, define que la seguridad interior, como vertiente de seguridad nacional, es la condición necesaria que debe proporcionar el Estado para el desarrollo de la nación, mediante el mantenimiento del Estado de derecho, la tutela de las instituciones democráticas y del orden constitucional.

Razón por la cual el que participen las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior es una de las misiones establecidas en el marco constitucional, así como en sus leyes orgánicas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89, faculta al Ejecutivo federal a utilizar la totalidad de la fuerza armada para cumplir con la obligación de brindar seguridad interior, mientras que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal estipula que le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional el despacho de los servicios civiles que señale el Ejecutivo federal.

En el mismo sentido, el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece como segunda misión general del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos el garantizar la seguridad interior.

Hace unos momentos concluyo en el Senado de la República el foro “Nuevas estrategias en el fortalecimiento a la seguridad nacional en México”; durante el cual senadores del PRI y PAN, así como expertos en materia de seguridad destacaron la necesidad de contar con una Ley de seguridad interior que defina con claridad y de certeza jurídica a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada.

Por ello resulta interesante lo expuesto por el senador Ricardo Barroso Agramont, quien destacó que ante “la creciente ola de inseguridad”, es necesario conocer las capacidades, herramientas y estrategias que implementa el Gobierno Federal en coordinación con algunos gobiernos estatales, para combatir a los grupos delincuenciales que pretenden apodarse de la vida social.

Dijo que se trata de enviar un mensaje claro a la delincuencia organizada de que la autoridad en México está preparada, capacitada y cuenta con las herramientas necesarias para hacerle frente y lograr la paz en nuestro país.

En el foro “Nuevas estrategias en el fortalecimiento a la seguridad nacional en México”, llevado a cabo en el Senado, Patricia Trujillo Mariel, titular de la División Científica de la Policía Federal, destacó que otro elemento que tiene que ver con la seguridad nacional, es el avance de las tecnologías de la información y el combate de la “ciberdelincuencia”.

Por su parte, Tomás Zerón de Lucio, secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, aseguró que México cuenta con herramientas que le permiten dimensionar, de la mejor manera, los nuevos retos que le impone un panorama internacional tan dinámico en materia de seguridad.

Sostuvo que la relación bilateral con Estados Unidos es, quizás, el principal desafío, pues la llegada de un nuevo gobierno en esa nación “representa un cambio sustancial para México, debido a que otro enfoque podría trastocar los mecanismos establecidos en diversos ámbitos, los cuales van desde los vínculos comerciales, migración, medio ambiente hasta asuntos de seguridad.

Salvador Álvarez Mejía, director de la consultoría “ASIMETRICS” y especialista en la prevención de lavado de dinero, afirmó que la seguridad nacional tiene que garantizar la estabilidad del país y existe un nuevo elemento que afecta esta función: la penetración de los cárteles del narcotráfico en el sistema financiero.

Dijo que en México “no se ha querido combatir a la delincuencia organizada mediante la inteligencia financiera” y Estados Unidos, en su reporte anual en materia de drogas y lavado de dinero, señala que en nuestro país no se establece este delito como un factor de riesgo y que no ha desaparecido.

El senador Fernando Torres Graciano, consideró como una prioridad atender la participación de las Fuerzas Armadas en el apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad, “definir el alcance de su presencia en ciertos momentos, en ciertos lugares, que haya un protocolo y claridad de cuál es su función, así como retomar la responsabilidad de las autoridades civiles en materia de seguridad pública”.

Hizo un llamado a los órganos de gobierno de ambas cámaras del Congreso de la Unión para no dejar la discusión y concretar los dictámenes en materia de seguridad interior, pero también en el rubro de seguridad pública.