+ Obliga al INE, OPLEs locales, partidos y agrupaciones políticas a establecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar este delito.
+ El proyecto de decreto se aprobó con 89 votos a favor y se envió a la Cámara de Diputados.

La Cámara de Senadores aprobó un dictamen para prevenir, atender y sancionar la violencia política en razón de género, así como promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres.

El proyecto de decreto, que se aprobó con 89 votos a favor y una abstención, incorpora a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación.

En el documento, se define a la violencia política en razón de género, como la acción u omisión que, en el ámbito político o público, limite, anule o menoscabe el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como su acceso al pleno ejercicio de su cargo o función del poder público.

El dictamen plantea que este tipo de agresión se manifiesta a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida.

También obliga al Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos y las Agrupaciones Políticas a establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar este delito.

Con las reformas se prohíbe que, en la propaganda política o electoral de partidos políticos, coaliciones y candidatos, se utilicen expresiones que calumnien a las personas, las discriminen o constituyan violencia política en razón de género.

El dictamen, también sugiere el aumento de las penas hasta en una mitad, en los tipos penales señalados en las fracciones III, IV, VII y XVI del artículo 7, IV y VIII del artículo 8, y I y VI del artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuando dichas conductas se cometan en perjuicio de una mujer que participe en política.

Es decir, entre otros supuestos, cuando se obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, altere los resultados electorales, ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato.

También busca asegurar la postulación efectiva de ambos géneros en la integración de los órganos de los partidos políticos, en la postulación de candidaturas y la distribución equitativa de todas las prerrogativas entre mujeres y hombres, de forma paritaria. Asimismo, garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales, locales y en la integración de ayuntamientos, en aquellas entidades federativas, en que la legislación así lo establezca.

Lucero Saldaña Pérez, promotora de esta reforma y senadora del Grupo Parlamentario del PRI, subrayó que existen 159 casos de violencia política registrados oficialmente hasta enero de 2017, que exigen la acción del Senado, pues implican “latigazos, golpes, amenazas, estereotipos, hasta el homicidio; actos que se han documentado y puesto en evidencia, para mostrar a todos aquellos que nos cuestionan qué es la violencia política de género”.

Expuso que la violencia física, psicológica o política hacia las mujeres no debe tener cabida en una democracia. En tribuna dijo que hay casos documentados de candidatas que han sufrido el menoscabo de sus derechos por el simple hecho de ser mujer, lo cual no debe tener lugar en México.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo, expresó que es un día histórico para la democracia del país, ya que se busca sancionar, prevenir y resarcir la violencia política, “que es un delito que se comete todos los días en contra de las mujeres que buscan ejercer sus derechos”.

La senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM, advirtió que “la violencia política es una de las más grandes injusticias que vivimos las mujeres” y afecta al conjunto de la misma sociedad, pues se le restringen sus derechos político-electorales al no permitir que su representante sea quien tome las decisiones y ejerza el cargo que le ha sido conferido por la ciudanía.

La senadora Angélica de la Peña Gómez,del Grupo Parlamentario del PRD, expresó que es un dictamen histórico, ya que busca prevenir, sancionar, erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género; y sostuvo que “esta alcanza a todos los partidos, por ello es importante reformar las leyes”.

La senadora, Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PANconsideró que con las normas para revertir la violencia política el Senado cumple con el respeto de los derechos de las mujeres, plasmados en el marco legal contenido en la Constitución, y con los acuerdos internacionales firmados por México, como la Convención sobre la Eliminación Sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, entre otros.

La senadora independiente Martha Tagle Martínez dijo que la violencia política no discrimina a ninguna mujer y afecta a todas. Es un fenómeno, agregó, que impide en los hechos que las mujeres podamos ejercer libre y plenamente nuestros derechos políticos-electorales.

Luego de su aprobación en el Senado, el proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Ver texto completo en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/34909-senado-de-la-republica-aprueba-reforma-para-erradicar-violencia-politica-de-genero.html