+“No es la intención de su gobierno cometer excesos y mucho menos coartar el libre ejercicio periodístico en Sinaloa”, asegura el Gobernador del Estado
+Sinaloa, uniformidad y violencia

A decir de sectores críticos de dicha iniciativa, la denominada Ley Mordaza es contraria al derecho a la información de la población sinaloense y la de todo el país, al obligarlas a someterse a la versión oficial, al tiempo que abre márgenes de posibilidad para la criminalización del ejercicio periodístico.

Los periodistas en Sinaloa quedaron impedidos prácticamente de cubrir notas policíacas y deberán conformarse con la entrega de boletines de prensa de las autoridades, luego de que el Congreso estatal aprobó por unanimidad reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y a la Ley de Seguridad Pública.

Si bien, el dictamen tenía como intención explícita armonizar ambas legislaciones con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, también entre varias disposiciones los legisladores colaron el artículo 51bis, dedicado directamente a los medios de comunicación y que va mucho más allá de la protección a los derechos de las víctimas e inculpados en un delito.

Los diputados autorizaron la adición que indica que los periodistas no podrán tener acceso a información de investigaciones realizadas por la dependencia de procuración de justicia.

“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumpla con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”.

Además, la ley aprobada señala que ningún funcionario de la Procuraduría de Justicia podrá dar informes a medios informativos sin autorización del procurador estatal o de la unidad de acceso.

Periodistas la rechazan y anuncian acciones
Las asociaciones de periodistas de mayor presencia y reconocidas en Sinaloa rechazaron estaLey Mordaza y anuncian que buscarán no se publique en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, por atentar contra la libertad de expresión.

Los gremios convocaron a una manifestación en el Congreso para hacerle ver a los diputados la molestia por lo aprobado. Incluso advierten llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia.

Juan Manuel Partida, de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, y Gabriel Mercado, de la Asociación de Periodistas “7 de Junio”, calificaron de irresponsables a los legisladores locales tras aprobar dicha reforma.

Agregaron que el prohibir tomar fotografías y video en el lugar de los hechos implica que no puedan realizar su trabajo adecuadamente.

Malova respetuoso de las modificaciones
En tanto, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, anunció que será respetuoso de las modificaciones que requiera la recién aprobada reforma a la ley orgánica de la PGJEM.

En un comunicado, el gobernador se pronunció a favor de analizar y en su caso modificar el contenido del dictamen de reforma, esto luego de que las asociaciones de periodistas Siete de Junio y Periodistas de Sinaloa se pronunciaran en contra de la reforma y advirtieran que llevarían el caso ante la Suprema Corte de Justicia.

“No es la intención de su gobierno cometer excesos y mucho menos coartar el libre ejercicio periodístico en Sinaloa, sino por el contrario, propiciar condiciones para que se garantice un ejercicio libre y seguro”, enfatizó el comunicado emitido por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Sinaloa. http://noticias.prodigy.msn.com/sinaloa-avala-ley-mordaza-contra-periodistas

++Sinaloa, uniformidad y violencia
El Congreso de Sinaloa aprobó ayer, por unanimidad, una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que entre otras cosas establece prohibiciones para que los medios de comunicación tengan acceso a lugares en los que se hayan cometido delitos; para que tomen audio, video o fotografías de personas presuntamente involucradas en tales hechos; para que accedan a información vinculada con investigaciones más allá de los boletines oficiales y para que entrevisten sobre esos temas a funcionarios de la fiscalía estatal que no tengan autorización expresa de su titular para ello. De tal forma, los medios informativos solo podrán tener como referentes los boletines emitidos por las autoridades estatales.

A decir de sectores críticos de dicha iniciativa, la denominada Ley Mordaza es contraria al derecho a la información de la población sinaloense y la de todo el país, al obligarlas a someterse a la versión oficial, al tiempo que abre márgenes de posibilidad para la criminalización del ejercicio periodístico.

Es innegable la que tarea informativa requiere de responsabilidad, rigor y conciencia de las posibles implicaciones y consecuencias de lo que se difunde por parte de los comunicadores. Pero lejos de inducir esas actitudes –las cuales deben emanar de un compromiso de los propios medios con la verdad y la autorregulación– la aprobación de leyes como la comentada pareciera orientada a uniformar los criterios editoriales y a buscar una suerte de evidencia única en torno a una circunstancia estatal y nacional, como es la violencia delictiva que aqueja, cuya complejidad intrínseca requiere de ejercicios de investigación y escrutinio más allá de las versiones oficiales.

Dicha pretensión sería improcedente y riesgosa en cualquier momento, pero en el actual, además, coincide con la persistencia de una crisis de seguridad pública que ha sido practicamente eliminada del discurso e incluso de algunos medios de comunicación, a pesar de que la criminalidad mantiene el control de regiones enteras, las instituciones están infiltradas por la delincuencia y continúa la ola de homicidios en diversos puntos del territorio nacional. En forma significativa el Instituto Nacional de Geografía y Estadística dio a conocer, en días recientes, que durante el año pasado hubo un total de 22 mil 732 homicidios, cifra que casi triplica los registrados en 2007, cuando dio inicio la desastrosa guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón. De acuerdo con las estadísticas oficiales, seis entidades del país concentran la mitad de esos homicidios, y entre ellas se encuentra precisamente Sinaloa.

La iniciativa comentada, tan errática como desafortunada, tiene –pese a todo– una virtud: pone en el centro del debate el papel de los medios de comunicación ante una espiral de violencia que no cesa y que se mantiene –con gran esfuerzo– intacta en sus factores originarios de índole social, educativa, económica e institucional. http://www.jornada.unam.mx/2014/08/01/opinion/002a1edi