+ Presentamos aquí seis de esas miles de historias que, por desgracia marcaron –y siguen marcando– uno de los periodos más trágicos de la historia de México.
+“Sí, señora”, musitó Calderón, quien sólo en privado fue capaz de disculparse con los familiares de las víctimas, pero no varió su estrategia.
+7 AÑOS, 6 HISTORIAS ROJAS DE LA GUERRA
Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).– Han pasado casi tres años desde que la defensora de derechos humanos Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada, el 16 de diciembre de 2010, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.
La activista buscaba justicia por el asesinato de su hija de 16 años de edad, Rubí Marisol Frayre Escobedo, ocurrido en 2008, pero al final lo que encontró fue la muerte.
Apenas hace un mes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó la recomendación 44/2013 en la que “encontró evidencias de violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la debida procuración de justicia y al derecho a la verdad, en contra de la defensora de derechos humanos y tres víctimas y ofendidos del delito derivado de las irregularidades atribuibles a servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua y de la actual Fiscalía General de esa entidad federativa”.
El caso de Marisela es uno más de la impunidad que campeó durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón y la llamada guerra contra el narcotráfico, que dejó más de 70 mil muertos, según cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob); también 26 mil desaparecidos y mil 800 muertes violentas de menores, en hechos vinculados con la estrategia de seguridad lanzada por el ex mandatario federal.
Presentamos aquí seis de esas miles de historias que, por desgracia marcaron –y siguen marcando– uno de los periodos más trágicos de la historia de México.
EN LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA La pesadilla de Marisela Escobedo Ortiz se originó cuando su hija Rubí empezó una relación sentimental con
Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien la había contratado para que lo ayudara en una pequeña empresa de carpintería. En septiembre de 2008, Marisela fue a buscar a su hija al domicilio que compartía con su pareja, pero no la encontró.
Sergio estaba solo con la pequeña hija de ambos y le aseguró que Rubí había huido con otro hombre, hecho que la mujer nunca creyó. Tras este encuentro, el joven huyó de Ciudad Juárez. En enero de 2009, Escobedo Ortiz presentó un reporte por la desaparición de su hija. Tres meses más tarde, Sergio fue detenido.
El que fuera su yerno confesó que había golpeado a Rubí hasta matarla, todo ocurrió en un presunto arranque de celos cuando supuestamente la encontró en “los brazos de otro hombre”, y pese a que la adolescente ya estaba muerta su pareja le prendió fuego. La confesión y pruebas declaraban culpable a Barraza Bocanegra, pero los jueces, sorpresivamente, no pensaban lo mismo.
El 30 de abril de 2010, el joven fue absuelto de manera unánime por los magistrados Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, quienes renunciaron a su cargo en marzo de 2011.
Marisela comenzó una búsqueda de justicia y rastreó a Barraza hasta Zacatecas, donde cayó muerto en manos del Ejército durante una enfrentamiento con presuntos sicarios. “El Piwi” –como era conocido el homicida– comandaba una célula de la organización criminal de Los Zetas. La activista buscó por todas las formas que el agresor fuera detenido y murió en manos de las fuerzas armadas.
Marisela no encontró justicia en el hecho y un mes después perdió la vida frente al Palacio de Gobierno. De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chihuahua, el autor del homicidio responde al nombre de José Enrique Jiménez Zavala, alias “el Wicked”, quien confesó haber sido enviado por Los Zetas para asesinar a la activista.
Jiménez Zavala afirmó que pertenecía al grupo de Los Aztecas desde 2003 y se encargaba de la plaza de Chihuahua, distribuyendo heroína y cometiendo homicidios del tipo ejecución.
A Marisela, dijo, la mató debido a que sus acciones “ya hacían mucho eco en las noticias”. Marisela Escobedo, activista asesinada en la búsqueda de justicia para su hija.
++“MIS HIJOS NO ERAN PANDILLEROS” El 11 de febrero de 2010, el ex Presidente Felipe Calderón fue encarado por Luz María Dávila, madre de dos de las 15 víctimas de la masacre de la colonia Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El entonces mandatario acudió a la ciudad fronteriza a un evento llamado “Todos somos Juárez” y escuchó el airado reclamo de Dávila, quien le dijo que ahí no era bienvenido y le pidió que se retractara por lo que había dicho días antes en una gira por Japón; allá Calderón afirmó que las víctimas de la masacre eran “pandilleros”.
“No sabemos que haya ocurrido ahí, si estamos en presencia de simplemente un hecho de rivalidad entre dos grupos de jóvenes prácticamente adolescentes (o) si esto refleja una lógica de pandillas y de bandas criminales”, dijo el ex Jefe del Ejecutivo federal. Era la declaración por la que Dávila le pedía se disculpara.
“Quiero que usted se retracte de lo que dijo, que eran ‘pandilleros’. Mentira.
Uno de mis hijos estaba en la UACH [Universidad Autónoma de Chihuahua], el otro estaba en la prepa. No, no, es que no puede ser que digan que eran ‘pandilleros’, no tenían tiempo para estar en la calle, estudiaban y trabajaban”.
A punto del llanto, Dávila añadió: “Le apuesto que si a usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino”.
“Sí, señora”, musitó Calderón, quien sólo en privado fue capaz de disculparse con los familiares de las víctimas, pero no varió su estrategia. Un mes antes, un grupo de estudiantes habían sido atacados por narcotraficantes.
Los jóvenes del CBTIS 128, del Colegio de Bachilleres 9 y de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se encontraban reunidos en una vivienda del fraccionamiento cuando fueron sorprendidos y atacados por un comando armado de al menos 20 sicarios que descendió de siete vehículos.
Los gobiernos local y federal relacionaron la masacre con ajustes de cuentas entre bandas rivales de narcomenudistas. Sin embargo, los familiares de las víctimas insistieron en que los jóvenes eran estudiantes que no tenían ninguna relación con estos grupos.
El Frente Nacional contra la Represión sostuvo que los responsables habían sido escuadrones de la muerte que operaban en la ciudad.
Las autoridades ofrecieron nombres de los responsables. El presunto autor intelectual de la masacre fue José Alfredo Acosta Hernández, “El Siete”, un agente de la Policía Ministerial de Chihuahua y jefe de una célula denominada “Los Linces”, sicarios al servicio del crimen organizado. Año y medio después de la matanza, el 20 de junio de 2011, inició el juicio contra José Dolores Chavarría, Juan Alfredo Soto Arias, Heriberto Martínez, Alfredo Fabio Hernández Lozano e Israel Arzate Meléndez, todos señalados como responsables del asesinato de los jóvenes.
El último fue liberado recientemente, al reconocerse que se declaró culpable tras 30 horas de tortura por parte de militares.
El hecho causo división entre familiares de las víctimas y organizaciones no gubernamentales, los primeros exigen justicia y una investigación seria sobre el caso; las segundas celebraron que Israel fuera liberado por fallas en sus proceso y violaciones a sus derechos humanos.
“Los derechos humanos anduvieron defendiéndolo más a él que a nosotros; no se acercaron de ninguna forma con nosotros. ¿Y la memoria de nuestros hijos y el dolor de nosotros, dónde quedaron?
Entonces derechos humanos estuvo más atento con él, que el señor comiera bien, que estuviera bien calzado, que no pasara hambre ¿y nosotros?”, cuestionó Dávila ante la resolución. Israel Arzate fue liberado en noviembre de este año; había sido acusado del homicidio de 15 jóvenes.
**LA MASACRE DE 72 MIGRANTES El 22 de agosto de 2010 fueron descubiertos 72 cuerpos sin vida de migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, la mayoría centroamericanos, en el municipio de San Fernando en Tamaulipas, cercano a la frontera con Estados Unidos.
El crimen se conoció gracias a que un ecuatoriano logró huir del ataque y reveló el lugar donde estaban abandonados los cadáveres. Dos camiones de carga que llevaban a los migrantes para pasar la frontera fueron detenidos por tres vehículos que bloqueaban la carretera. Hombres armados y con el rostro cubierto se identificaron como “Zetas”, los bajaron y los trasladaron en camionetas a la bodega de un rancho abandonado.
Los 72 migrantes fueron bajados, amordazados y colocados contra las paredes de la bodega. Primero los interrogaron para conocer su procedencia y a qué se dedicaban. Sus captores los querían obligar a trabajar para ellos, pero los migrantes rechazaron la oferta. Los acostaron en el piso con la cabeza agachada.
Les dispararon y para cerciorar que todos murieron, les dieron el tiro de gracia.
Un ecuatoriano no fue alcanzado por las ráfagas y el tiro de gracia le penetró cerca del cuello y le salió por la mandíbula se fingió muerto y esperó hasta que estuviera solo. Salió del rancho y caminó casi 22 kilómetros hasta encontrar a unos marinos a quienes pidió ayuda. Tres años después, Jesús Murillo Karam, actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció la creación de la Comisión Forense de Identificación de los Restos en San Fernando, Tamaulipas.
Sólo 60 cadáveres fueron identificados y enviados a sus países de origen, y 11 personas han sido detenidas por el atentado. Doce de los cadáveres permanecen en las fosas comunes del Panteón Dolores en espera de ser identificados. Migrantes rinden tributo a los asesinados en San Fernando, Tamaulipas.
++ “¡ESTAMOS HASTA LA MADRE!” Un caso notable entre las víctimas de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón fue el del poeta Javier Sicilia, cuyo hijo, Juan Francisco, fue asesinado el lunes 28 de marzo de 2011.
El cuerpo del joven fue hallado adentro de un auto en Temixco, Morelos, junto con otros seis cadáveres. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Morelos informó que Juan Francisco, de 24 años, se encontraba atado de pies y manos y mostraba claros signos de tortura.
Días más tarde, el escritor anunció que jamás volverá a escribir poesía porque el crimen “le aniquiló el alma”. En mayo de ese año inició una marcha por la paz.
El escritor se convirtió en activista y ayudó a la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que agrupa a centenares de familiares que, como él, habían visto a un ser querido ser asesinado o desaparecido.
Del movimiento surgió el grito colectivo de “¡Estamos hasta la madre!”; fue organizador de la Marcha por la Paz que partió de Cuernavaca, Morelos, al Distrito Federal, en mayo de 2011. En junio del mismo año, en el Castillo de Chapultepec, el movimiento se reunió con Calderón. Sicilia se convirtió en la voz de los familiares.
“Aquí, señor Presidente, vea bien nuestros rostros, escuche nuestros nombres, estamos los familiares de las víctimas inocentes. ¿Le parecemos bajas colaterales? No somos cifras. Venimos a que conozcan la deuda que el Estado mexicano tiene con las víctimas.
Usted, señor Presidente, está obligado a pedir perdón a la Nación y en particular a las víctimas”, dijo entonces.
Calderón le respondió así: “Coincido en que debemos pedir perdón por no proteger la vida de las víctimas, pero no por haber actuado contra los criminales que están matando a las víctimas. Eso, definitivamente, es un error y en eso, Javier, sí estás equivocado”. Después de la muerte de su hijo Juan Francisco Sicilia, el poeta y escritor creó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
INCENDIO POR NO PAGAR “DERECHO DE PISO” “Hace casi dos años, 25 de agosto [2011],–acompañada de mi hijo– fui al Casino Royale aproximadamente a las tres de la tarde y 10 minutos, después entraron unos individuos profiriendo palabras altisonantes e insultando. Posteriormente a eso empezaron a rociar con gasolina el casino, entramos todos en pánico”, contó a SinEmbargo, Sámara Pérez, una sobreviviente del siniestro que dejó 52 víctimas mortales en Monterrey, Nuevo León.
“El ataque fue tan rápido, el humo tan denso y fuerte que simplemente por más que gritábamos entre unos y otros buscando los familiares no era tan fácil encontrarnos. Me fui al área VIP donde se hallaba mijo en la zona de ruleta y había una barrita de bebidas, entonces me escondí en esa parte de ahí y de repente vi que se abrió una puerta, claro que decía sólo personal autorizado, entraron unos empleados y me fui con ellos.
Afortunadamente esta puerta daba perfectamente a la calle, cosa que las personas ignoraban, sólo los empleados sabían”, explicó la ahora activista.
El negocio de apuestas había sido víctima de la delincuencia organizada en anteriores ocasiones. Sin embargo esa tarde, miembros de Los Zetas entraron al establecimiento con galones de gasolina y armas largas.
Amenazaron a los clientes y comenzaron a robar sus pertenencias. Después hurtaron algunas máquinas e incendiaron el lugar. Todo porque los dueños se negaron a pagar “derecho de piso”.
Después del atentado, el entonces subprocurador de Control Regional de Procedimientos de la Procuraduría General de la República (PGR), José Cuitláhuac Salinas Martínez, explicó en conferencia de prensa que, según la declaración de Raúl Rocha, uno de los socios de Casino Royal, Los Zetas le habían pedido 50 mil dólares por este concepto, cantidad que subió hasta 140 mil dólares y que se negó a pagar.
Con la muerte del líder de la organización criminal, Heriberto Lazcano Lazcano,“El Lazca”, y la detención del segundo al mando José Treviño Morales, alias el “Z-40”, quedó supuestamente saldado el caso. A los capos se les atribuyó el atentado calificado como uno de los más sanguinarios de la guerra contra el narcotráfico.
Sin embargo, las familias de las víctimas aún buscan justicia. Samara lamenta que a pesar de que Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del ex Presidente Felipe Calderón, visitó a los familiares pocos días después de la tragedia y les prometió ayuda, no lo cumplió. La ayuda del gobierno de Calderón –y del actual– así como disculpas por el hecho que enlutó a Monterrey nunca llegaron.
++“VERACRUZ SEGURO” Y LA MATANZA DE BOCA DE RÍO Hallazgo de cuerpos en Boca del Río, Veracruz. Foto: Cuartoscuro El 20 de septiembre de 2011, cerca de las 17:00 horas, un grupo de hombres armados abandonó dos camionetas que contenían varios cuerpos en el paso a desnivel del bulevar Ruiz Cortines, bajo el monumento de
“Los Voladores de Papantla”, en Boca del Río, Veracruz. El entonces Procurador general de Justicia del Estado, Reynaldo Escobar Pérez, informó que la cifra de cuerpos encontrados era de 35, 23 hombres y 12 mujeres.
Fue la tercera masacre más grande desde que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa lanzó la guerra contra el crimen organizado, sólo por debajo del Casino Royale y la de San Fernando, Tamaulipas.
Según el Servicio Médico Forense (Semefo) de Veracruz, la mayor parte de las víctimas murió asfixiada, estrangulada, por golpes y por sofocación. La primera versión de las autoridades locales señalaba que todas las víctimas tenían antecedentes penales y, por tanto, no se ponía en duda algún nexo con el narcotráfico.
“Se ha confirmado, a través de Plataforma México, que todos ellos tenían antecedentes penales y se dedicaban a actividades del crimen organizado, tales como secuestro, extorsión, homicidio y narcomenudeo, entre otros delitos”, mencionó Escobar Pérez.
El Gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, informó a través de su cuenta de Twitter que las víctimas habían encontrado la muerte por desviarse del camino: “Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más q esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar”, escribió el mandatario.
Sin embargo, la entonces secretaria Técnica de Seguridad del Gobierno Federal, Alejandra Sota, aclaró que no todos tenían antecedentes penales. Entre los muertos había algunos menores de edad, como Fernando Betancourt Vázquez, de 14 años; Abbi Lizbeth Poucholen Barrios, de 15, y Diana Teresa López Luna, de 16. Los otros cuerpos identificados fueron Pablo González López, de 23 años; Juan Martín Pérez Arias, 21; Yuset Alejandro Reyes Iglesias, 28; Iván Cuesta Sánchez, Brigitte, de 22 años; Miguel García Lozano, 50; Ricardo Pacheco Mendoza, 22; Mario Hernández Quevedo, 41; Luis García Atzín, 29; Luis Alfredo Gamboa Librero, 22; Irving Abiud Reyes Cruz, 20; Arturo Morales Córdoba, 46, y Víctor Hugo Álvarez Guillón, de 37 años de edad. Joaquín Olivares Gómez, de 38 años e identificado como policía; Alan Michel Jiménez Velázquez, de 15; Pedro López Pérez, 37; Gerardo Trujillo Méndez, 16; Luis Alberto Zavala Flores; 25; Jenny Valerio Tomba, 31; Felisa Concepción Ortiz Ortiz, 53; Aída Socorro Luna, 40; Karen Lobos Guevara, 24; Susana Sosa Colorado, 18, y Jorge Luis Martínez Collins, de 23 años de edad. Luis Manuel Quiroz Arjona, La Foca, de 38 años, agente de la Policía Intermunicipal de Veracruz, Boca del Río, del Sector 14, y Gabriel Hernández Hurtado, de 29 años, presunto involucrado en la desaparición del administrador de la aduana de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni.
Por su parte, el gobierno federal anunció, a través del entonces Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, 14 días después de los hechos, el programa “Veracruz Seguro”. Envió más policías federales, soldados y marinos al estado, que actuaron bajo un mando único, además pretendía depurar y fortalecer las policías locales.
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