Roberto Zamarripa, es un reportero como pocos que ejercen su profesión en México, leal a su formación periodística y honesto con sus lectores; hoy desde su colaboración semanal intitulada “Tolvanera” en el periódico Reforma, del cual es un directivo; aborda un tema muy difícil por las personalidades de la alta sociedad y de políticos que están vinculadas con el caso del asesinato de Paulette, una niña, menor, con discapacidad motriz, en el seno del mismo hogar ubicado en una zona de las más alta de nivel socio-económico del país, caso que sin duda impacta en los Derechos Humanos.
Lea a continuación la reproducción del artículo en mención:
TOLVANERA
Niños
Roberto Zamarripa
5 Abr. 10
Media centena de infantes mueren quemados y asfixiados en una guardería del IMSS y los adultos responsables de la tragedia hacen todo lo posible para evadir la culpabilidad. Las autoridades encargadas de las indagatorias demoran, desvían, manipulan, dilatan, engañan. Al final, se convierten en encubridoras de una atrocidad.
En entidades como Chihuahua, Michoacán y Baja California, conforme los datos de la Red por los Derechos de la Infancia en su informe La Infancia Cuenta, están las tasas más altas de mortalidad por homicidio en menores de 15 a 17 años, al registrar 12.6, 11.2 y 8.3 muertes por cada 100 mil, respectivamente (Reforma 13/12/09). La guerra mata niños y adolescentes y también deja una cauda de orfandad de la que nadie se hace cargo.
Las redes del crimen enrolan a niños y muchachos abandonados por escuelas, familias, comunidades y gobiernos. Y también arrasan con sus padres. La impunidad también destroza horizontes de las nuevas generaciones.
Privar de la vida o abusar de un infante en este país no tiene castigo.
Por eso el caso Paulette, inserto en una sociedad que ha tolerado las atrocidades contra niños, navega en las redes sociales como escándalo y es manipulado por la autoridad investigadora en un intento de convertirlo en telenovela.
Lo de menos es la justicia. Lo importante es salir bien librado. Poco importa la autoría del crimen. Lo que preocupa es una declaración de culpabilidad convincente para las cámaras de la televisión. No interesan los móviles sino lo que urge es la fabricación de guiones. No importan los métodos de investigación sino los impactos creíbles. Para qué perfeccionamos al Ministerio Público si sobran hoteles para el arraigo. Para qué se quieren investigadores si hay sicólogas. Dirán que la madre está loca, eso soluciona todo, y tapará las corruptelas de la investigación.
En el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la autoridad no tuvo el atrevimiento de indagar y castigar a los gobernantes responsables de una subrogación irregular y a los administradores de una bodega convertida en refugio de hijos de madres trabajadoras. Tanto gobernantes como administradores pertenecían a una elite que compartía el poder político y los negocios heredados.
Los procuradores de la justicia se fijan en los apellidos no en las huellas dactilares. Advierten primero la posición socioeconómica de los sospechosos y piden la autorización del gobernador para proceder. La autonomía del Ministerio Público es una falacia. Así ha sido en el caso de la Guardería ABC y así parece resbalar en el caso Paulette.
Las indagatorias se vuelven torpes e inútiles porque no están dictadas por la búsqueda de la verdad sino por el impedimento de la ofensa a los miembros de la élite.
El caso adquirió relevancia, entre otras cosas, por la difusión pública de la denuncia de la desaparición de Paulette. En redes sociales, principalmente en Facebook, fue difundida con amplitud la petición de búsqueda. Las páginas de esa red social que comparten miembros de la élite gobernante en el estado de México fueron inundadas con fotografías, ruegos, súplicas para dar con la niña extraviada. Cuando apareció el cadáver, las redes mutaron su sentido. Aparecieron foros donde culpaban a los padres del crimen.
La Procuraduría del Estado de México fue notificada prácticamente de inmediato sobre la desaparición de Paulette. Dicho por las propias autoridades, tomaron cartas en el asunto desde el 21 de marzo. Tanto que levantaron grabaciones dentro de la casa de la niña Paulette. Dichas grabaciones se hicieron sin orden judicial ni autorización de los habitantes de ese domicilio.
La Procuraduría no ha aclarado la autoría de las grabaciones ocultas. El procurador Bazbaz ha dicho que fueron encomendadas a "un tercero" lo que haría más grave el hecho. Las grabaciones fueron usadas públicamente para implicar a la madre de Paulette con frases sueltas y fuera de contexto y -en caso de que la sospecha fuese sólida- estaría por verse que un juez admitiera la validez de esa prueba, tanto por la posible ilegalidad con la que fue cometida como por su contenido.
El tema no es sólo el método de investigación sino el desorden en el trabajo de esa Procuraduría. Pudieron colocar micrófonos en los muebles pero no pudieron percatarse de quién introdujo el cadáver de la niña cuando la propia policía investigadora tenía el control de la casa de la familia.
El caso Paulette impacta de lleno en un país donde la muerte de niños -imprudencial o provocada- poco importa aunado a los abusos y atrocidades (Maciel, Marín, Succar) consentidos como parte del desmadejamiento nacional.
tolvanera06@yahoo.com.mx
Texto tomado del periódico “Reforma”, www.reforma.com
ROBERTO ZAMARRIPA DE LA PEÑA.- Periodista. Egresado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Ha sido reportero y editor. Cronista. Es autor del libro "Sonora 91, Historia de políticos y policías". Crónicas suyas están incluidas en la antología "El Fin de la nostalgia".
Miércoles, 30 de mayo
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