Margarita Zavala: El reto es impedir que el niño emigre
Se Carece de fondos para repatriar cuerpos
Las leyes mexicanas un obstáculo más
Una llamada telefónica alertó a Margarita Zavala sobre una desafortunada realidad social que se vive todos los días en la frontera norte del país: la deportación, desde Estados Unidos, de decenas de menores migrantes no acompañados.
La familia Calderón acababa de mudarse a Los Pinos cuando le avisaron a la primera dama que se había perdido el rastro de un niño que intentaba llegar al otro lado.
El menor apareció, sano y salvo, en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero Zavala no dejó el asunto ahí: se propuso investigar cómo es que esos niños quedan aislados de sus familias y qué pasa después de que las autoridades migratorias estadunidenses los mandan de regreso a México, sin mucho más que un aviso al consulado mexicano más próximo.
“Es un fenómeno que tiene mucho que ver con las políticas migratorias estadunidenses que hacen más difícil el paso por la frontera”, dice Zavala en entrevista en su oficina de Los Pinos.
“Esas políticas terminaron con la migración circular (el frecuente ir y venir de los trabajadores mexicanos indocumentados). Y eso ha hecho que los padres no siempre puedan regresar a México para llevarse a sus hijos y tengan que encomendar su traslado a parientes o amigos o incluso que los menores viajen solos.”
Una de las primeras cosas que averiguó la esposa del presidente Felipe Calderón, cuando empezó a involucrarse en este tema es que los menores deportados cuyas edades oscilan entre apenas unos meses y los 17 años— es que los esfuerzos por atenderlos recaían en las estructuras del DIF de los municipios fronterizos.
“Era una situación injusta para esos municipios, porque la mayoría de esos menores vienen de otros estados de la República, principalmente de Guanajuato, de Michoacán, de Oaxaca, de Jalisco y de Puebla. Pero también se trataba de esfuerzos aislados para un problema que tiene una dimensión nacional, pues no olvidemos que casi todos tenemos un familiar o conocemos a alguien que vive en Estados Unidos”, apunta la también presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional.
Zavala habló con las esposas de los gobernadores de Baja California y Sonora —las dos entidades que reciben el mayor número de menores deportados— y se puso en marcha un plan para federalizar la atención de este problema.
Luego se involucraron los DIF municipales de las entidades de origen de los pequeños y así se llegó a integrar una mesa interinstitucional, en marzo de 2007, con la participación del Unicef y la Organización Internacional para las Migraciones.
Durante los casi tres años que se ha involucrado en la atención de este problema —que será tema central de la Semana Nacional de Migración, que se inaugura hoy en Tlatelolco—, Margarita Zavala ha alertado de los riesgos que corren los menores que son deportados, particularmente la violación de sus derechos y la posibilidad de caer con traficantes de personas.
—¿Por qué decidió hacer luz sobre esta problemática? —le pregunto.
—Cuando llegamos a Los Pinos, recibí una llamada sobre un menor migrante extraviado. Afortunadamente se le pudo encontrar y atender, pero me empezó a llamar la atención cuando vi que eran miles los casos cada año, de niños que tenían la edad de mis hijos, y, pese a ello, el tema estaba ausente de la mayoría de las discusiones sobre migración. Pude conocer los esfuerzos que se estaban haciendo a escala municipal, pero me preocupó que no recibieran ningún tipo de ayuda federal.
Éstos son algunos de los avances en la materia:
La creación de ocho centros especializados en la atención de niños migrantes deportados por la frontera norte en las ciudades de Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Juárez, Reynosa y Nuevo Laredo; otro centro especializado para la frontera sur, en Tapachula, donde se tratan los casos de niños en su mayoría centroamericanos, así como la capacitación de 170 oficiales de protección de la infancia (OPI), a cargo del Instituto Nacional de Migración.
Las cifras hablan de la gravedad del problema: en 2007 fueron deportados 22 mil menores migrantes no acompañados (formalmente, aquellos que no viajan con un familiar); en 2008, 17 mil 700 y en lo que va de 2009, cerca de 12 mil 800, medio centenar al día. Algunos de ellos han sido encontrados extraviados en el desierto o se separan de sus familiares durante las persecuciones de la Patrulla Fronteriza.
“He conocido historias muy dramáticas, como la de un niño al que el agente que lo detuvo lo amenazó con matarlo si se daba la vuelta”, cuenta. Zavala ha hablado de esta problemática con la ex primera dama estadunidense Laura Bush y también con la actual, Michelle Obama.
Alerta que ha conocido casos en que los niños son aprehendidos al mismo tiempo que sus padres o familiares, pero que a los adultos se les puede retener por varias horas mientras son interrogados y fichados, por lo que los niños son deportados antes.
“Cuando hacen las cosas así, le hacen pasar unas horas de angustia a sus padres, quienes no saben qué pasó con ellos”.
“La siguiente etapa de este esfuerzo es entender por qué se van los niños de sus comunidades de origen y ofrecerles alternativas, como becas, para que no emigren”, dice Zavala. “También estamos dando seguimiento a los casos en los que los reintegramos a sus comunidades”.
Entre las actividades que se dedicarán a este tema, en la Semana Nacional de Migración, se realizará el foro “Infancia y género en el proceso migratorio”, con la participación de expertos en la materia, así como una exposición de dibujos realizados por niños migrantes.
Asimismo se presentarán los resultados de una investigación sobre adolescentes repatriados y se evaluará la coordinación interinstitucional para la atención de esta problemática. Entrevista realizada por Pascal Beltrán del Rio, director del periódico Excelsior, www.exonline.com.mx
Carecen de fondos para repatriar cuerpos. Las redes consulares carecen de una partida especial en su presupuesto para apoyar los trámites de repatriación de migrantes que fallecen en Estados Unidos, cuyo número es de casi ocho mil casos anuales.
Según el lugar del fallecimiento varía el costo para su traslado entre los tres mil y los cinco mil dólares, la mayoría de las veces sin el apoyo de los consulados de México en ese país.
Un informe del PRD en la Cámara de Diputados señaló que la red consular “ha dejado de apoyar este tipo de trámites al no tener una partida específica etiquetada para tal fin, por ello los familiares de migrantes tienen que realizar colectas para repatriar los cuerpos”.
El diputado federal del PRD José Torres Robledo expuso el caso del migrante michoacano Oscar Manuel Estrada Hernández, fallecido el 7 de octubre, en Fresno, California, y hasta la fecha no ha sido repatriado, porque la familia no tiene recursos.
“Es un problema constante. En los consulados aseguran que no tienen dinero, le dicen que acudan a otras instancias y los familiares terminan realizando cooperaciones o rifas en México y Estados Unidos para trasladar los cuerpos, pagar los trámites que son caros y cumplir con el último deseo de los migrantes.”
“Las partidas son Atención a Migrantes con 75 millones de pesos; Protección y Asistencia Consular con 198 millones; entre otras, pero como no están etiquetadas como ocurría en 2007 cuando existía la partida “Repatriación de cadáveres”, dejan a las familias en la indefensión legal y económica”, añadió.
Las leyes mexicanas un obstáculo más. Miles de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que pasan por México con rumbo a Estados Unidos fueron víctimas de secuestro en nuestro país, en los últimos meses; sin embargo, cuando tratan de levantar una denuncia ante el Ministerio Público, en la mayoría de los casos se topan con la pared, descubren que en México es casi imposible.
“Los Ministerios Públicos no tienen conocimiento de que hay una norma del derecho internacional, que asiste a las víctimas del secuestro extranjeras y que les permite a los cónsules representarlos, durante su declaración cuando ellos quieren denunciar a sus secuestradores”, afirmó el cónsul de El Salvador en el estado de Veracruz, Erving Ortiz.
“Le dicen a uno váyase al Ministerio Público de otro lugar, porque aquí no corresponde y nos vamos al otro; y ése otro nos regresa con el primero y así te traen, entonces hay una falta de comunicación y de conocimiento de lo que sucede”, explica. Todas las notas son publicadas por el periódico Excelsior, www.exonline.com.mx
Sábado, 18 de febrero
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