Los acontecimientos nacionales han apresurado un cúmulo de factores que en cierta medida han impactado de manera muy dura en el bolsillo los habitantes; ya que en lo que mantenemos ocupada la vista repasando la nota roja, día a día a las sufridas amas del hogar, se les complica cada vez más poder realizar sus compras completas en los super y en la tienda de la esquina con el aumento a la mayoría de los productos de consumo como el arroz, el frijol, el huevo, el pan y ahora hasta el acero, la gasolina y otros fierros.
Razón por la cual se reproduce a continuación dos temas aparentemente desvinculados entre sí; pero en que la dura realidad uno se topa de frente con dichos problemas en cada esquina.
El autor de ambos temas es Don Francisco Rodríguez, de la columna Índice Político:
Durmiendo con el enemigos.- UN "CABLE" DE la Associated Press da cuenta, desde Washington, de que hay tres jefes policíacos de nuestro país que han acudido al Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos en demanda de asilo político en aquel país.
La noticia produce calosfríos. Se suma a la que hace unas semanas, a finales del mes de marzo, informara que Javier Emilio Pérez Ortega, jefe de la policía municipal de Ascensión, Chihuahua, cruzó por Columbus la frontera con Estados Unidos para pedir asilo, ante amenazas de ser asesinado por parte de narcotraficantes, cual lo dieran a conocer voceros de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina del Sheriff del condado de Luna, Nuevo México.
Todo ello mientras la Policía Seccional del poblado Puerto Palomas, Ascensión, del cual Pérez Ortega era el jefe, renunció prácticamente en su totalidad ante las amenazas del crimen organizado.
Sucedía todo ello a unas horas de que se hubiese celebrado a pocos kilómetros de distancia, en Ciudad Juárez, un espectáculo mediático en el que habían participado los titulares de las carteras de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa y Marina.
Casi lo mismo que ha sucedido apenas en Culiacán, donde los mismos personajes se reunieron para la celebración de otro espectáculo que fue casi inmediatamente saludado por ráfagas de metralleta sobre una estación de policías, también a pocos kilómetros del lugar.
En su descargo, aún no se ha sabido que policías de Sinaloa hayan acudido al consulado estadounidense en Guadalajara o al más cercano de Hermosillo a solicitar, también, asilo político al gobierno de George W. Bush.
¿Qué está pasando? ¿Por qué es que en los últimos meses siguen llegando policías mexicanos a la frontera de Estados Unidos? Porque temen por sus vidas, según Jayson Ahern, subcomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza que pertenece al Departamento de Seguridad Interna del gobierno de aquél país.
También, porque, como en otra oportunidad lo denunciara el General Sergio Aponte Polito para el caso de Baja California, en principio, "son abandonados por sus funcionarios policiales o sus departamentos policiales en muchos casos", dijo Ahern a la Associated Press.
El comandante de la II Zona Militar, Aponte, había dicho casi lo mismo a finales de abril: "Algunos funcionarios que recientemente en un aseguramiento importante de mariguana en el municipio de Ensenada, BC, participaron en coordinación con personal militar, no sólo en el manejo de la información, sino también en la localización de la droga, mismos que posteriormente solicitaron a las autoridades militares que no fueran a mencionarse sus nombres, por lo que debido a esto y también por otras razones, se les perdió la confianza."
Sí, sus compañeros policías corruptos los marginan por cumplir con su deber.
A este paso, los únicos policías que quedarán en el país serán los corruptos. Los "limpios" estarán asilados en Estados Unidos. O en el peor de los casos, asesinados por sus propios compañeros cual acabamos de presenciar.
¡Vaya "guerra contra el narcotráfico"! El principal enemigo está dentro de las filas de "la ley".
PS: Horas después de que se denunciara aquí la ausencia de combate al "lavado de dinero", la PGR finalmente actuó contra 30 casas de cambio en Culiacán. Gracias.
CORRUPCIÓN EN LA PROFECO. Los consumidores mexicanos son los más desprotegidos de América Latina. Y esto porque la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), otros órganos de defensa y los proveedores tienen un doble discurso, que deriva en que los afectados por un mal servicio no tengan derecho a justicia pronta ni a que se les compense el daño.
Esto no lo digo yo. Lo afirman, con conocimiento de causa, dirigentes sociales del Instituto Ciudadano de Defensa de Consumidores y Usuarios, una organización no gubernamental que asume su compromiso con la sociedad.
Y para mostrar el estado de indefensión en el cual nos encontramos los consumidores señalan como ejemplo que, tan sólo en los últimos meses, hemos sido robados, en conjunto, con algo así como 20 mil millones de pesos en la compra de gasolinas; y poco más de 8 mil millones de pesos cobrados de más en el servicio de gas.
Lo peor es que, en su papel de mediador entre consumidores y vendedores, entre usuarios y prestadores de servicios, la misma Profeco acepta que no atiende ni siquiera la mitad de todos los actos fraudulentos que a diario hay en el país.
La razón es sencilla. Los consumidores no confiamos en el papel de la Profeco. La mayoría considera que acudir a ella implica pérdida de tiempo, papeleo y muy probablemente corrupción.
Peor ahora que, con la llegada en el 2000 a la Administración federal de un partido conservador abiertamente ligado a intereses empresariales, muchos de los funcionarios han sido denunciados de parcialidad, de favorecer los intereses de comerciantes y prestadores de servicios que militan en el mismo organismo político.
Pero la Profeco está ahí. Y a los contribuyentes nos cuesta este 2008 algo así como 900 millones de pesos. Tal es su presupuesto. Su actual titular, empero, busca entre los diputados que los aproximadamente 300 millones de pesos que, por concepto de multas, cobra anualmente, también engrosen sus partidas de gastos.
Mucha burocracia. Costosa y además señalada con índice flamígero por su presumible parcialidad.
Lo peor empero, es la corrupción que ahí campea. Denuncias van y vienen sobre, por ejemplo, la extorsión a la que se ven sometidos los gasolineros quienes tienen que pagar una cuota fija por cada una de las bombas expendedoras, para evitar que se las clausuren, así y sus calibraciones hayan resultado correctas.
Desde abril, por ejemplo, cuatro verificadores de la Profeco recorren la mayoría de las gasolinerías de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se trata de Ángel Simón Flores López, Gustavo Cervantes Vaca, Jorge Ignacio Mendoza Cortés y José Alejandro Ramos Mejía, quienes se dan vuelo extorsionando a los franquiciatarios de Pemex. Regresarán a la capital nacional con varias decenas de miles de pesos en las bolsas.
¿Para eso pagamos los contribuyentes esta otra estructura burocrática? ¿Para ser extorsionados? ¿Para padecer su burocratismo? ¿Su parcialidad?
La Profeco opera ya igual que ahora lo hace la Condusef, con Luis Pazos al frente: en contra de la ciudadanía que también es electora y contribuyente, lo que parecen olvidar.
Columna política ÍNDICE POLÍTICO de FRANCISCO RODRÍGUEZ.
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Miércoles, 30 de mayo
Efrén Mayorga
Hermann Rodríguez Osorio, S.J.
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Asociación Cultural Vera Méndez
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