Sin control, la privatización de playas

05.02.08 | 06:42. Archivado en El Mar de Cortés

Pese a que las playas de México son propiedad de la nación, diversas áreas del litoral del país ya han sido vendidas a particulares u otorgadas en concesión -por el gobierno federal- a grupos relacionados principalmente con el turismo: Miriam de Regil, reportera de El Financiero en línea.

Actualmente se desconoce qué porcentaje de los 11 mil kilómetros de playa de México están privatizadas de alguna manera, pero basta caminar o tratar de descansar libremente por cualquiera de los 17 estados costeros para comprobar que existen violaciones al Artículo 27 de la Constitución, que prohíbe la venta de estos lugares, y a los mismos derechos humanos.

De acuerdo con el senador Sebastián Calderón Centeno, del Partido Acción Nacional (PAN), dentro de algunos registros públicos se manejan áreas de playas como propiedades privadas, lo cual no puede permitirse.

Admite que el país tiene la facultad de dar concesiones a particulares para efectos de desarrollos portuarios, marítimos, turísticos y pesqueros, entre otros, pero ello no puede traducirse en una venta de terrenos.

"Las concesiones deben regirse por lineamientos legales y análisis de impacto ambiental -hasta ahora cuestionados siempre por los ambientalistas-, que realiza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Por ningún motivo pueden ser vendidas, traspasadas o heredadas, ya que son zonas federales y aunque se haya pagado el predial de una concesión por algún tiempo, eso no da pie o garantiza la compra."

Para el también presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, las playas siempre han sido motivo de intereses económicos extranjeros, por lo que cada día es más preocupante el tema.

Actualmente -advierte- existen tanto en medios impresos como electrónicos, anuncios relacionados con la venta de inmuebles con playa privada.

El Senado de la República, dice Calderón Centeno, está ahora interesado en hacer una revisión general de todas las zonas federales que han sido otorgadas en concesión y en venta.

Por ello, a finales del año pasado, Calderón Centeno hizo una petición a la Semarnat y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar las indagaciones correspondientes y en el caso de que se detecten irregularidades, iniciar las acciones legales debidas y retirar los permisos.

Bienes a remate. Alejandro Olivera Bonilla, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace México, afirmó que el principal vendedor es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), al cual ya han denunciado ante la Procuraduría General de la República.

Por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el año pasado Greenpeace solicitó detalles de las ventas de zonas costeras, y con base en esos documentos acotó que todos los terrenos traspasados desde el año 2000 hasta el 2007 muestran que diferentes zonas han sido casi rematadas por Fonatur.

Según los documentos otorgados por el IFAI, los precios promedio son: 14 dólares el metro cuadrado en Cancún, Quintana Roo; ocho dólares en San José del Cabo, Baja California Sur; 185 pesos en Loreto, también en Baja California Sur; 19 pesos en Ixtapa y siete pesos en Vista Pelícanos, en Guerrero.

"Este último, lo que demuestra es que esta grave práctica sigue ocurriendo y que estos precios están muy por debajo del valor catastral en esas zonas", precisó Olivera Bonilla.

La mayoría de los terrenos vendidos en el Golfo de California son del proyecto Escalera Náutica o Mar de Cortés.

No queremos que esta zona se convierta en un Cancún, en donde las transacciones millonarias para el beneficio de particulares se han hecho a costa de la destrucción de ecosistemas y la extorsión a ejidatarios", resaltó Olivera, quien calificó a esas ventas de "indignantes", porque Fonatur, después de haber malbaratado las zonas costeras privilegiadas del país, creó fideicomisos con los mismos beneficiarios de los terrenos.

"Es decir, se asocia para apoyar financieramente a los proyectos, además de que subsidia su mantenimiento. Es un esquema en donde los únicos favorecidos son los empresarios del sector turístico y las grandes constructoras. La miseria que pagan por los terrenos, eventualmente les es devuelta e incluso incrementada. Esto podemos verlo en Baja California Sur y en Quintana Roo", resaltó.

Respecto a las concesiones que están a cago de la Semarnat, Olivera Bonilla comentó que los estudios de impacto siempre han sido muy cuestionados, ya que los otorga una sola persona.

"Sin duda, hace falta hacer muchas reformas a la legislación ambiental. Nosotros hemos propuesto que se formen cuerpos colegiados de expertos para aprobar los estudios de impacto ambiental y que éstos no dependan de una sola persona. Se requiere sancionar más fuerte a los daños contra el medio ambiente, y que las violaciones no acaben en pagos, porque los empresarios siempre terminarán dando el dinero necesario." Nota de Miriam de Regil, reportera de El Financiero en línea. www.elfinanciero.com.mx, Martes, 5 de febrero de 2008.