Cádiz se hunde

01.01.12 | 19:20. Archivado en Análisis

“Cádiz se hunde”, escribía la semanna pasada un magnífico gaditano enamorado de su tierra. Se hunde y se hace más y más pequeña; pierde población año tras año,… y la que aún le queda, no tiene trabajo ni esperanza alguna de lograrlo. Ciudad con magníficos berberechos y cuna de las Tortillitas de camarones parece haber perdido unos 80.000 habitantes, y tiene menos población,… no ya que Jerez, por ejemplo -dato ya antiguo-, sino que es superada por Algeciras y puede serlo por San Fernando, La Línea, Chiclana, Puerto Real o El Puerto de Santa María… ¡Una inimaginable tragedia poblacional, urbana y económica!.

Una tragedia y un mal homenaje en el recuerdo de nuestra Constitución gaditana La Pepa, que el 19 de marzo próximo cumplirá 200 años, así como para Don Cristóbal Colón, que hace 520 embarcó en Cádiz buscando un camino más corto hacia la pimienta, tan solicitada entonces por importantes sectores gastronómicos, tanto con el fin de facilitar la conserva de carnes como para potenciar ciertos aromas. Parece que, pese a su importante proyecto, cuando convenció a la Reina Isabel todavía albergaba él alguna duda -como no pocos de sus coetáneos- acerca de que la Tierra fuera o no redonda.

Cualquiera que con motivaciones semejantes a aquellas de Colón se echara hoy a la mar en busca de un camino más corto hasta la “maltodextrina”, por ejemplo -un oligosacárido derivado de la hidrólisis del almidón del maíz o la patata, que es demandado por ciertos sectores culinarios con inspiración gastronómica molecular pues espesa más rápidamente que las formas tradicionales-, se puede encontrar con que la Tierra vuelve a ser plana como sin duda pensaba el sabio Hammurabi, porque ha venido siendo aplastada por administradores públicos que probablemente no saben administrar ni siquiera sus propios bienes -de ahí su necesidad de aumentarlos de cualquier modo-, y porque la actual Constitución, quizá por inexperiencia y timidez propias de su juventud -cumplirá sólo 34 años el próximo 31 de octubre-, tampoco indica cómo impedirlo, ni cómo gobierno o sociedad podrían solicitar justas compensaciones que probablemente sí alcanzarían a ser exigidas por la Ley de Administradores Públicos de 1956,… en la que probablemente deba apoyarse el Gobierno de Rajoy, para completar su Ley de Presupuestos, que exigirá responsabilidades legales a los administradores públicos que cometan despilfarros, es decir a quienes firmen compromisos de gasto público carentes de la previa asignación presupuestaria de rigor... ¡Menos mal!