JUAN JULIO ALFAYA
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Policía lingüística contra convivencia ciudadana
01.02.07 @ 20:06:28. Archivado en Inmersión lingüística
El 17 de mayo de 2006, Día de las Letras Gallegas, el presidente de la Real Academia Gallega, Xosé Ramón Barreiro, declaró: “En esto de la normalización de la lengua hay ayatolás que, más que por convicción, pretenden que se hable gallego por imposición”. Creo que fue 1982 el año clave en el que la imposición comenzó a comerle terreno a la convicción. En este año se publicaron las “Normas ortográficas e morfológicas do idioma galego” a cargo del Instituto da Lingua Galega y de la Real Academia Galega y con ello se dio paso a un proceso de progresiva experimentación con la lengua gallega que la convirtieron más en un objeto de investigación que en un vehículo de comunicación.
Con el actual gobierno bipartito ya se empieza a hablar de galescolas, galego-administración y hasta para contratar al personal para la extinción de incendios se tiene más en cuenta el dominio de la lengua gallega que la experiencia profesional, como si a las llamas les importase la lengua del que trata de apagarlas y se dejasen apagar mejor por un galegofalante que por un “españolista” cuya lengua principal sea el castellano, por muy bueno que sea en el oficio de bombero.
Tal y como están las cosas y dado el carácter mimético del nacionalismo gallego con respecto al vasco y al catalán, parece que vamos camino de repetir aquí los mismos errores que allí. Según los datos del Idescat, Instituto de Estadística Catalán, de un total de 5,4 millones de catalanes, 2,2 millones tienen como primera lengua el catalán frente a 2,9 millones que prefieren hablar prioritariamente en español, aunque unos y otros entiendan ambas lenguas.
La gente, siguiendo la elemental ley del mínimo esfuerzo, tiende a usar aquella lengua o lenguas que le posibilitan la comunicación con el mayor número posible de personas, pues en definitiva la principal función de una lengua es y seguirá siendo, por más que se empeñen los nacionalistas, la comunicación y no la identidad colectiva. Cambiar el orden natural de las cosas no puede hacerse sin una gran dosis de violencia que, al final, no sirve para mejorar las cosas, sino para empeorarlas.
En enero de 1998 Jordi Pujol, del que se avergonzaba la viuda de Tarradellas, dictó la Ley de Política Lingüística. Su filosofía es la siguiente: "…en Cataluña el uso del catalán es un elemento imprescindible para ofrecer un servicio de calidad". Ya tenemos la coartada perfecta: la calidad de un servicio depende de la lengua que hable quien lo lleva a cabo. Siguiendo esta lógica absurda, tendríamos que un transplante de corazón lo realizaría mejor un cirujano cardíaco que conociese el idioma gallego que un cirujano cardíaco experimentado y de competencia profesional reconocida. Yo, como paciente, tengo muy claro a quién escogería.
Así se da la paradoja de que cada vez es más frecuente que en las oficinas de la Xunta de Galicia te hablen en gallego, pero, al mismo tiempo, no tengan la menor idea de cómo resolverte el problema concreto que te lleva a solicitar sus servicios y te hagan peregrinar de oficina en oficina hasta que al final arrojas la toalla y acudes a una gestoría dispuesto a pagar lo que sea con tal de no pasar por semejante cadena de incompetencias administrativas.
El 9 de febrero de 2005 se abrieron en Cataluña cinco OGL (Oficinas de Garantías Lingüísticas) en Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona y Tortosa con el fin de facilitar el uso social del catalán, hacer cumplir la Ley de Política Lingüística y reducir el español al ámbito privado. La mayoría de las denuncias se concentran en la capital catalana. En realidad se trata de una auténtica policía lingüística y así es como la denominan la mayoría de los ciudadanos y, sobre todo, los directamente perjudicados por la misma. Las OGL registraron 2.134 consultas en 2005 entre quejas, denuncias y demandas de información de las que fueron estimadas 839 quejas, 646 denuncias y 630 demandas de información. De las 23 consultas sobre el uso del español, relacionadas con la solicitud de impresos y formularios en dicha lengua, ninguna se registró como denuncia. ¿Cómo no hablar de miedo?
Las OGL no tienen capacidad sancionadora, de modo que se limitan a canalizar las denuncias hacia los organismos que sí la tienen, como la Agencia Catalana de Consumo o la Inspección de Turismo. La mitad de las reclamaciones se refieren a establecimientos que no tienen señalización y rotulación en catalán. Un 44 % se interpone por carencias en la documentación y las hojas informativas que se suministran en los comercios, así como por la carencia de ejemplares en catalán, por ejemplo, en el caso de restaurantes que no tienen cartas en este idioma. El 5 % restante denuncia al personal de tiendas, bares o restaurantes que no les atienden en catalán.
El caso más sonado fue la multa de 30.000 euros (casi cinco millones de pesetas) impuesta a Correos en 2004 por la denuncia de setenta ciudadanos pertenecientes al mismo colectivo que detectaron que muchas oficinas de correos disponían de carteles y rótulos sólo en español. Además, muchos formularios, folletos, impresos, resguardos y facturas no estaban en catalán, pero sí en español y en francés.
Parece que a los poderes públicos catalanes les importa muy poco el deterioro de la convivencia ciudadana que supone esta campaña de delación de unos ciudadanos por otros, como si el uso del idioma español fuera en sí mismo materia delictiva. La delación puede realizarse por teléfono, por correo electrónico, por fax, por fotodenuncia, por escrito o personalmente. La confidencialidad está garantizada, es decir, que el denunciado jamás va a saber quién le denunció.
Veamos ahora otro aspecto importante del asunto: el económico. En el primer semestre de 2005 se recaudaron por medio de la delación ciudadana 81.250 euros (trece millones y medio de pesetas), quedando otros 94.950 euros (15.761.700 pesetas) en fase de resolución. La pela es la pela.
La reacción ciudadana ante tamaño abuso es, de momento, tímida. Pequeñas concentraciones en las Ramblas de Barcelona ante la sede de la Secretaría General de Política Lingüística, protestas aisladas de algunos padres que quieren educar a sus hijos en español, 1.800 quejas ante el Defensor del Pueblo, individuales o promovidas por colectivos, que con toda probabilidad irán directamente a la papelera. Teniendo en cuenta que está en juego el empleo del denunciante, la multa al establecimiento o la marginación de los niños en la escuela, la cosa no se le presenta fácil a la mayoría hispanohablante. El modelo de sociedad que emana del nacionalismo está basado en el deterioro de la convivencia; en la división en ciudadanos de primera y residentes de segunda, que están como de prestado; de modo que aquella campaña que promovió Pujol denominada “Cataluña, tierra de acogida” podría traducirse como “Cataluña, tierra de chivatos”.
¿Lograremos, en Galicia, detener a tiempo este proceso involutivo o tendremos que volver a recurrir a la emigración no por razones económicas, sino por la imposibilidad de una convivencia en paz y en libertad dentro de nuestra propia tierra?
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¿Cuando quitan la dichosa estrella de la bandera gallega,? esa estrella pertenece a los totalitarismos como el águila en la bandera de mi querida España.
Comentario por un amigo Gallego 12.02.07 @ 09:26
Haz la prueba y ya me contarás... si es que vives para contarlo, claro.
Un saludo.
Comentario por Juan Julio Alfaya [Blogger] 08.02.07 @ 22:50
Comentario por deja vú 08.02.07 @ 19:49
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