Suspendidos de empleo y sueldo

27.11.09 | 08:27. Archivado en Costumbres

(Madridpress) A los políticos, y en especial a los gobernantes, los elegimos para que nos presten unos servicios: orientar la política económica, regular el funcionamiento de la policía y el ejército, articular mecanismos de protección ante posibles desastres, configurar la ordenación urbanística del territorio, controlar la acción del gobierno y un largo etcétera que suele coincidir con los servicios que prestan políticos y gobernantes en el resto del mundo. A cambio de estos servicios les pagamos un sueldo, normalmente bastante bueno, muy superior a la media nacional.

Los ciudadanos somos empleadores de políticos y gobernantes y como tales exigimos recibir el servicio contratado, igual que haría cualquier empresario con sus trabajadores. Si el trabajador dedica sus horas laborales a visitar sus páginas favoritas de internet o a participar en algaradas con los compañeros o a mejorar su currículum con vistas a un cambio de trabajo, el empresario se siente defraudado y, en caso de reincidencia, toma medidas como el despido o la suspensión de empleo y sueldo. Eso mismo deberían temer los políticos y gobernantes de nuestro país cuando aprovechan sus intervenciones públicas para denostar al líder del partido contrario, para hacer burla de tal o cual actuación o para exhibir chulerías de patio de colegio. No es para eso para lo que les pagamos.

Les pagamos, por ejemplo, para que solucionen el problema de la agricultura en España, para asegurar la protección de nuestros pesqueros en alta mar, para ofrecer una imagen exterior digna de sus ciudadanos, no para que especulen con la manera de apuntarse el tanto si la cosa va bien o de que no les salpique si falla, ni para que aprovechen un paso en falso del responsable de turno para hundir su gestión, que es la de todos, ni para camelar al futuro votante con promesas que no llevarán a buen término porque tampoco les importan.

Aparte la responsabilidad moral, ciudadanos y políticos tenemos un pacto vigente. Y ese pacto hay que cumplirlo cada día, y no sólo en los meses previos a la renovación de cargos. Falta aún una eternidad para la siguiente consulta electoral y no es aconsejable andar recortando las legislaturas sin agotar el compromiso de cuatro años adquirido con el electorado. Eso significa que, entre tanto, procede un mecanismo de control y hasta de sanción para todos esos políticos que cuando realizan una declaración pública están pensando más en intereses particulares que públicos, en cómo recibirá su gestión el jefe y cómo repercutirá en su trayectoria personal, los mismos políticos que celebraron su nombramiento como si hubieran alcanzado la meta final olvidando que se trata sólo del inicio de la carrera para servir a los demás. No es cuestión de mandarles copiar cien veces “esas cosas no se hacen”, como dijo Serrat. Pero no estaría mal suspenderlos de empleo y sueldo hasta que se comporten como deben.