El Nacional
07/08/2008
Malos signos para Venezuela y para su porvenir de país democrático. Al cohonestar el artículo 105 de la Ley de Contraloría y ponerla a valer por encima de la Carta Magna, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión de tales implicaciones que, de ahora en adelante, todos los venezolanos tendremos la incertidumbre de los jurídicamente desamparados.
Con el único, histórico y honesto voto salvado del magistrado Pedro Rondón Haaz, los restantes miembros de la sala asumieron una responsabilidad (¿o irreponsabilidad?) que marcará un hito funesto, en los anales de la jurisprudencia venezolana. De ahora en adelante se hablará de los Defectos Morales de la justicia bolivariana.
Para los constitucionalistas, profesores y decanos de las Escuelas de Ciencias Políticas, este caso será considerado como signo de que no vivimos en un Estado de Derecho. Quienes nos observan lo tendrán en cuenta al entablar negociaciones con nuestro país, porque la justicia vuelve a ser lo que fue en tiempos de Cipriano Castro o Juan Vicente Gómez.
A los trescientos y tantos venezolanos "inhabilitados" se les han conculcado sus derechos políticos, en una suerte de inquisición chavista. El texto es suficientemente claro, específico, quizás previsivo, a establecer que para serles negados sus derechos políticos tenían que haber sido objetos, primero, de una sentencia firme.
¿Cómo explican los señores magistrados una decisión de tantas implicaciones como ésta? Se trata, en efecto, de algo que altera sustancialmente el Estado de Derecho, y coloca a nuestro país al margen del concierto de naciones al cuales pertenecemos y estamos vinculados por tratados legales, plenamente válidos.
La decisión corre pareja con otras situaciones y casos en donde visiblemente la aplicación de la justicia está condicionada y manejada por intereses políticos, venganzas y castigos indebidos, como es el caso de los tres comisarios a quienes se les niega el debido proceso y se prolonga su agonía de manera artera.
La mano oculta del Poder Ejecutivo es demasiado evidente en estos episodios. A los propios magistrados se les advierte de manera insolente que dependen de la Asamblea Nacional, la cual los puede destituir. Y como la Asamblea depende de Miraflores, ya sabemos en manos de quién está el dictar justicia.
En nuestro país la justicia ha perdido su nombre. La Constitución es un papel para estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas, no más. Las elecciones del 23N tienen ya un signo oscuro, un signo de ventajismo y de represión, conocido y practicado antes por regímenes dictatoriales.
La democracia no se construye sin justicia. Cuando se llega a magistrado de un tribunal de la República se asume una responsabilidad poco común. Se trata de un honor que la sociedad dispensa a quienes considera aptos y dignos de honrar sus derechos, de preservarlos y cuidarlos, de administrar justicia, uno de los encargos más nobles a que un ciudadano puede aspirar.
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