Los vicios del sistema electoral venezolano

31.08.07 | 03:59. Archivado en Política y Sociedad, Venezuela

Miércoles, 1 de agosto de 2007

El tema de la confiabilidad del actual sistema electoral venezolano y del Consejo Nacional Electoral (CNE en adelante), en tanto organismo que lo administra, ha sido el elemento central de un interminable debate. El tema es crucial tanto para la paz de la República como para la subsistencia de la democracia de cara a los futuros procesos electorales, independientemente de la correlación de fuerzas que prevalezca al momento en que sean realizados.

La democracia y toda nación que la prefiera como sistema de vida en común, necesita que el órgano electoral atienda a cabalidad su responsabilidad de generar, preservar y fortalecer la confianza del electorado en el voto como expresión de su voluntad libremente manifestada así como la de cada elector en la confidencialidad de su individual escogencia. Para ello es indispensable que el órgano electoral asegure el respeto a tres principios fundamentales: el de imparcialidad, el de confianza en el secreto del voto y, el más importante, el de transparencia. La inobservancia de alguno de ellos, por si solo, constituye una razón suficiente para descalificar cualquier elección.

Valiosos trabajos han alertado sobre gravísimas irregularidades en los comicios realizados entre agosto de 2004 y diciembre de 2006. La incorporación de complejas tecnologías (inéditas a nivel mundial) para la identificación del elector, para la votación, el escrutinio, la transmisión de datos y la totalización de los resultados definitivos, ha impuesto mayor complejidad en la elaboración de esos estudios y, consecuentemente, dificultades de comprensión para la mayoría de la ciudadanía. A su vez, la falta de transparencia del CNE obstaculiza traducirlos en pruebas “digeribles” para evidenciar conductas fraudulentas del organismo. No obstante, es la misma falta de transparencia del CNE el factor que hace más densas las sombras sobre la legitimidad del régimen.

De allí que el abordaje de este asunto pueda hacerse de manera más sencilla de lo que sugieren esos complejos trabajos. Es suficiente preguntarse ¿Es el CNE imparcial? ¿Apuntala la confianza en el secreto del voto? ¿Es transparente? Está lejos de la temeridad responder a estas preguntas con tres rotundos NO. El CNE no es imparcial, tampoco es transparente ni estimula la confianza en el secreto del voto, antes bien, propicia la incertidumbre de los votantes en la confidencialidad de la escogencia que con su voto realiza.

En efecto, es un hecho notorio que las directivas del CNE han sido conformadas de tal forma que el oficialismo ostente en ella una mayoría que se traslada a todas las áreas operativas del organismo. La parcialización, vinculación con el Poder Ejecutivo y falta de independencia del constitucional Poder Electoral ha sido tan manifiesta que, para ilustrarla, basta recordar que el primer CNE fue nombrado irregularmente por un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ en adelante), presidido por el actual embajador del gobierno ante la Santa Sede, a su vez el primer Presidente del CNE, cargo que ostentaba para el momento en que tuvo lugar el Referendo Revocatorio Presidencial, es hoy Magistrado del TSJ nombrado por la Asamblea Nacional controlada totalmente por el oficialismo, y quien lo sucedió en la Presidencia del CNE y en ejercicio de esa función para la celebración de la elección presidencial en 2006, pocos meses después fue designado por el Presidente de la República, para el cargo que desempeña actualmente y que es el de Vicepresidente Ejecutivo de la República, la posición más relevante del Poder Ejecutivo luego del Presidente.

Asimismo, constituye un hecho notorio que la gente tiene la percepción de que su voto puede ser conocido gracias a las tecnologías utilizadas en el proceso electoral, en particular las cuestionadas máquinas captahuellas, cuya utilidad real aún está por justificarse. Esta inquietud conduce a una importante cantidad de sufragantes a votar bajo coacción.

Y, por último, también es un hecho notorio que el CNE no es transparente, por cuanto oculta a la oposición documentos esenciales para poder ejercer su derecho de vigilancia sobre el proceso electoral.

Esos tres vicios capitales del sistema electoral venezolano tienen consecuencias importantes e indeterminables en la conducta de los electores y, por consiguiente, en los resultados electorales. Unos pocos ejemplos ponen de relieve esta afirmación.

La parcialización del CNE

La parcialidad hacia el oficialismo ha tenido dos manifestaciones decisivas: la entrega de las firmas de los peticionarios del Referendo Revocatorio para conformar la perversa “Lista Tascón” y haber acogido la propuesta presidencial de incorporar a la Reserva como parte del Plan República.

Respecto a lo primero, es harto conocida la persecución política desatada con esa “Lista”, con los efectos que ha tenido en la voluntad de los votantes. En contraposición, cuando la oposición solicitó las direcciones de los nuevos inscritos y de los migrados en el Registro Electoral Permanente (REP en adelante), tal como lo establece la ley, el CNE se amparó en el TSJ para negar esa petición, indispensable para poder ejercer un adecuado control sobre el padrón electoral.

Respecto a lo segundo, a pesar de haber pasado “debajo de la mesa”, permitir que la Reserva formase parte del Plan República, ello no ha sido otra cosa que autorizar que unos civiles comprometidos con el oficialismo, con un barniz militar, uniformados, armados y subvencionados por el Estado, estuvieren controlando el proceso electoral en todos y cada uno de los centros electorales. Con ello el ventajismo oficial resultó abismal.

Eso se pone de relieve al advertir que en la Constitución de 1999 se eliminó el financiamiento público de los partidos políticos. Si consideramos que el costo de una organización para tener una presencia vigilante efectiva en el acto de votación es enorme, añadida a su complejidad logística, el Gobierno quedó favorecido con desmesura al disponer de una Reserva soportada en toda la infraestructura militar para disponer de un eficiente “control electoral” imposible de ser neutralizado con el simple voluntarismo de las organizaciones opositoras.

La desconfianza en el secreto del voto

La imposición de tecnologías de identificación (“captahuellas”) ha acrecentado en el elector la desconfianza de que su voto es secreto. Esto, también, es un hecho notorio, que afecta a todos los estratos sociales e intelectuales. Nadie tiene la absoluta certeza de que su voto no va a ser revelado. Todo el que tenga un interés con el Estado, bien sea como empleado, contratista o beneficiario de programas sociales, vota con la incertidumbre de si su voto es secreto o no.

El propio CNE reconoció esta realidad cuando las eliminó para las elecciones del 4 DIC de 2005, ante la evidencia de que la abstención alcanzaría niveles sin precedentes, como en efecto ocurrió. Pero para el 3 DIC 2006, el CNE tercamente se opuso a eliminarlas, sin siquiera intentar justificarse con una explicación plausible que compense el daño que su uso causa. Ese empecinamiento contribuye a la desconfianza de los electores en el secreto del voto. Los hechos son más contundentes que las campañas publicitarias del CNE en sentido opuesto, orientadas a convencer al electorado sobre la confianza en el secreto del voto.

La falta de transparencia del CNE

El debate sobre la confiabilidad en el sistema y en el órgano electoral que mencionamos al inicio podría solventarse con la simple decisión del CNE de poner a disposición de la oposición documentos públicos y esenciales sobre el proceso electoral. Tal es el caso de, entre otros, los soportes de la identificación civil (que es la base para construir el REP); los soportes de incorporaciones, desincorporaciones y migraciones del REP; los cuadernos de votación, antes y después de la elección; y, los registros de transmisión de la máquinas de votación. Con esa información se hacía innecesario recurrir a los complejos estudios que se han realizado para evaluar los resultados electorales.

En ese estado lo único que quedaba a la oposición para tener una razonable confianza en los procesos electorales eran las distintas auditorías que se propusieron para cada evento. De nuevo en este asunto el CNE puso de manifiesto su parcialidad y falta de transparencia. Siendo el organismo auditado, se erigió en juez y parte escogiendo a los “auditores”, las muestras y los procedimientos.

A estas alturas no ha sido auditado en forma independiente ni el REP, recuérdese que el CNE cerró las puertas a la propuesta conjunta UCV-UCAB-USB (universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar), que aspiraba a una auditoría realmente independiente, ni los resultados electorales, ni las tecnologías utilizadas en las elecciones, No hay informes serios e independientes que emitan una opinión respetable para la comunidad nacional sobre estos temas.

Entonces cabe preguntarse ¿Qué oculta el CNE? Si sus actuaciones son ajustadas a la verdad, los primeros interesados en poner a disposición de la oposición todos esos documentos eran ellos mismos y, vista su parcialidad, podríamos decir que el primer interesado era el propio gobierno que con una simple orden hubiera podido imponer la entrega de esos documentos para despejar dudas.

Sabemos que esto no ha sido, no es ni será así. Hoy en día el CNE no está moral ni técnicamente calificado para regir una elección democrática, lo cual impone un dilema a la ciudadanía que no ha sido abordado en forma equilibrada. Es tan inconveniente insistir en la ruta electoral sin un órgano imparcial, transparente y que garantice la confianza en el secreto del voto, como abstenerse pasivamente de participar en ellas.

Respetando las posiciones divergentes de los que (actuando de buena fe) son llamados “electoralistas” o “abstencionistas” (según sea su posición respecto a la participación en las elecciones), lo que de seguro tienen en común es el interés en participar en elecciones limpias. Eso impone a la sociedad democrática una bandera de lucha que debe focalizarse en rescatar el sistema electoral y al ente rector. Lucha que debe ser previa a cualquier evento futuro, en forma pertinaz, infatigable, constante y sin concesiones. Porque los derechos se exigen, no se negocian.