Faustino Vilabrille

Organización de Protección Internacional

25.10.18 | 19:27. Archivado en Sociedad

En defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza
Elena Caal y María Reyes son miembros de Protección Internacional (PI), una organización que está presente en Guatemala, Colombia, República Democrática del Congo, Kenia, Indonesia, Tailandia y Bruselas, donde tienen su sede Central, y de donde procedían para impartir ayer en Gijón una charla-coloquio, sobre los objetivos de esta organización en general y su incidencia particular en Guatemala, donde ellas trabajan.
Protección Internacional se pone al servicio de personas, colectivos y organizaciones comunitarias campesinas y de los pueblos indígenas para la defensa de sus derechos relacionados con la tierra, la identidad étnica y sus bienes naturales, que con frecuencia son atacados por actos de represión violenta, tanto personal como colectivamente. Su acción operativa consiste en organizar a las Comunidades como unidades de Resistencia Pacífica de hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos, abuelas, que se unen para “defender y proteger la sagrada agua, los animales, la naturaleza, sus Derechos Humanos y el futuro de sus Comunidades, contra los invasores de sus territorios y de sus ríos, con las hidroeléctricas y la minería extractiva”.

Elena Caal prestó atención especial a las desastrosas consecuencias de las centrales hidroeléctricas en Guatemala, promovidas por empresas multinacionales, que afectan directamente a las Comunidades Indígenas, obligando a muchos miles de personas a abandonar sus tierras sin rumbo ni protección alguna, coaccionadas por el gobierno del país que incluso pone la policía nacional civil al servicio de esas multinacionales para que puedan invadir sus tierras con total impunidad. Elena y María con su organización programan jornadas colectivas de reflexión y análisis sobre los impactos de los proyectos hidroeléctricos y extractivos que tienen lugar, principalmente en Alta Verapaz, dejando a las Comunidades sin tierra y sin agua, y llevando la energía a otras regiones, dejando a las Comunidades sin ella y sin los beneficios de la minería, sin ni siquiera generar algún puesto de trabajo para los miembros de las Comunidades. Por ello hacen especial incidencia política para defender los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, que con frecuencia son artificialmente criminalizados por las empresas multinacionales y las entidades del propio Estado, como si esas personas hubieran cometido un delito solo por defender sus tierras y sus derechos.
Son más de veinte Comunidades las organizadas en Resistencia Pacífica, porque las empresas compran voluntades, o amenazan de muerte a hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños y niñas. “Ellas nos privan a nosotros y a nuestros animales de espacios para poder comer, invaden nuestros lugares sagrados como santuarios y cementerios, arruinando nuestra espiritualidad ancestral; hacen megatúneles en los cerros para desviar el agua, encuentran en ellos metales preciosos de los cuales no reportan nada a las Comunidades a las que desunen dando algo a alguno de sus miembros más significativos. El desvío de los ríos deja sin agua nuestras casas, nuestros animales y nuestros cultivos. Las extracciones de minerales contaminan nuestros ríos, que en vez de dar vida la matan por donde pasan, causando enfermedades en la flora, en la fauna, en nuestros cultivos y en nosotros mismos, acarreando al mismo tiempo la desaparición de la pesca tradicional”.

A preguntas del público Elena contesta y concreta que una empresa que causa estos grandes deterioros en Guatemala es la española Cobra-ACS, de Florentino Pérez, implicada en la destrucción del río Cahabón, generando, según la ONG Alianza por la Solidaridad, la pérdida del 90% del caudal de este río, afectando a unos 29.000 indígenas que viven en su entorno, a lo largo de 30 kilómetros. Esta compañía Cobra-Acs, sin embargo, no se considera responsable de los impactos sociales y ambientales de la inversión, por lo que se mantiene al margen de cualquier obligación con las comunidades indígenas afectadas. (Ver Infolibre: Miércoles, 24 de octubre de 2018).
A otra pregunta del público María contesta que los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) fallan totalmente, viciados de corrupción, con lo que el Estado no está dando una mínima respuesta positiva a las reivindicaciones de las Comunidades Indígenas. De ahí que su Indice de Fragilidad Estatal esté en 81,8
Otra persona del público hace la observación de que el pueblo de Guatemala está cada más consciente de la lamentable situación del país y su presión pacífica consiguió que un Presidente y una Vicepresidenta estén en la cárcel por corrupción.
Por todo ello nos piden que demos difusión a esta lamentable situación de las comunidades indígenas de Guatemala y otras muchas de América del Sur que están pasando también por situaciones muy difíciles como sucede estos días con Honduras.


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