PAíS VASCO / La banda ataca a cuatro empresas de Guipúzcoa en pleno debate sobre el diálogo

Los presos etarras exigen participar en la negociación con el Gobierno Zapatero

Cuatro artefactos explosivos, cuya autoría el Gobierno vasco atribuyó a ETA, estallaron durante la noche del sábado al domingo en diferentes empresas de las localidades guipuzcoanas de Beasain, Bergara, Elgoibar y Soraluze. Estos ataques se producían horas después de que el PSOE registrara en el Congreso una propuesta para entablar conversaciones con ETA si la banda renuncia a la violencia, y que se votará mañana en la Cámara.

Según informó el Departamento de Interior vasco, no hubo aviso previo de los atentados, que ocasionaron daños materiales de diversa magnitud, aunque no víctimas. Dos agentes de la Ertzaintza y el vigilante de una de las empresas tuvieron que ser hospitalizados al ser afectados por un ácido tóxico que contenía un depósito dañado por la explosión en una de las empresas. Su estado no revistió gravedad.
Las cuatro bombas ponen fin a un periodo de casi tres meses en el que no se habían registrado atentados de ETA y echan por tierra las expectativas de medios gubernamentales, que desde hace semanas se encontraban esperando un comunicado de la banda terrorista anunciando una tregua. Los atentados de Guipúzcoa están relacionados, a juicio de la policía, con las actividades de extorsión de ETA. De hecho, el chantaje económico a empresarios ha sido la causa de otras cuatro acciones terroristas durante enero y febrero en Guipúzcoa y Vizcaya.

Explica C. Morodo en La Razón que uno de los argumentos que el PP esgrime contra la «nueva» política antiterrorista del Gobierno es que con lo que se entiende como «primer precio político» a ETA, la presencia del PCTV en la Cámara de Vitoria, se ha sembrado la semilla para que el entorno abertzale, que no es más que «el entramado etarra», salga del ostracismo al que había sido condenado por la presión política y judicial y vuelva a «reconstruirse» en todas su facetas: reapertura de sedes del «brazo político», refundación de organizaciones juveniles, reimplantación de las asociaciones eufemísticamente vinculadas a la «defensa de los derechos humanos», es decir, de los presos... Y todo ello a beneficio del mismo inventario, los terroristas.

En un contexto marcado por la expectativa alentada por el Gobierno de una negociación con ETA, el pasado 11 de mayo se recibió en el registro del Ayuntamiento de Bilbao una singular iniciativa de un colectivo de defensa de los presos etarras, creado supuestamente hace dos años, según se alega, pero que hasta ahora ha estado durmiente. De hecho, todos estos colectivos, en la línea de Senideak, habían ido perdiendo, en un proceso progresivo desde 2000, prácticamente toda su presencia social, por efecto de la política antiterrorista y de la presión legislativa, con singular incidencia de la Ley de Partidos de 2002.

Carta a los partidos

La iniciativa es una carta, bajo marchamo «Bilborantz ekimena», dirigida a los portavoces de los partidos en el Consistorio, incluido el del PP, a la que se adjunta un amplio manifiesto en apoyo de los presos con firmas de una nutrida y plural representación de la sociedad vasca. A través de la misiva, se insta al receptor a que fije posición con respecto a cuatro puntos: fin de la política de dispersión y acercamiento a cárceles más cercanas a su lugar de residencia, fin del recorte de visitas y comunicaciones, derecho a vivir en «euskara» y que se les respeten todos sus derechos.

Pero la clave está en la letra del manifiesto, al quedar en evidencia la imbricación entre el resurgir de la presión del colectivo de presos y la nueva situación política: en concreto, plantean tener presencia en la negociación. «Tenemos que ser capaces de llegar a un punto de encuentro donde acabaremos con este dolor y sufrimiento tan innecesario. Porque todos y todas tenemos derecho a participar en este momento histórico y de posibles oportunidades», concluye el manifiesto.

Y la exigencia es que «también las presas y los presos vascos, junto a sus familiares, manifestamos que la política de dispersión tiene que acabar». Una reivindicación tradicional del nacionalismo y con la que últimamente se ha coqueteado de manera no oficiosa desde instancias gubernamentales, con el argumento de que, «si se da la condición de cese de la violencia, incluso ya lo hizo el Gobierno de Aznar durante la tregua de 1998». El acercamiento de presos fue una de las demandas de los nacionalistas que firmaron el pacto de Estella.