En estos momentos de convulsión por el reciente pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra de la existencia de crucifijos en la aulas públicas como espacios neutros, y mientras proliferan año tras año los símbolos laicos en las escuelas -sirva de ejemplo la cultura “Halloween” de calabazas y disfraces- es reconfortante releer la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2009, que confirma la plena legalidad de la regulación de la clase de Religión en Educación Primaria y desestima la pretensión de inconstitucionalidad de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede.
En cualquier caso, hay que reconocer la tenacidad (quizá rayana con la absurda temeridad) de los recurrentes, en esta ocasión el partido político de Izquierda Republicana, que una y otra vez insiste en desmontar los principios legales de la asignatura de Religión y sus alternativas.
La encíclica recién publicada por el Papa Benedicto XVI constituye un documento esencial a la hora de reflexionar sobre las causas y los efectos de la actual crisis económica global, desde una óptica católica, defensora de la dignidad del hombre.
Ya desde el principio, Benedicto XVI nos enseña que “la caridad en la verdad es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad” y que la crisis actual es una oportunidad para una “profunda renovación cultural y el descubrimiento de valores de fondo, sobre los que construir un futuro mejor”.
Con este título inició su andadura el pasado martes, 6 de octubre, el nuevo “reality” televisivo dedicado al mundo educativo, con un formato novedoso y, a juzgar por la audiencia obtenida (21,8 % de share y más de 4.000.000 de espectadores), bastante atractivo. En resumen, el modelo se basa en ubicar a un grupo de chicos y chicas en un instituto “tipo” de los años 60 y ver sus reacciones a los métodos habituales en aquella época. Realmente, el contraste es tan enorme que algunos chicos no aguantan ni un día y otros no paran de maldecir a sus profesores, todo ello mezclado con lamentos y sollozos.
Suele decirse que hasta que las situaciones no se vuelven ridículas no nos damos cuenta de la realidad. Podemos considerar a una persona alta por los centímetros de su estatura, pero hasta que no se coloca al lado de una persona de altura media no visualizamos realmente esa diferencia. Y quizá ésta sea la virtud del programa en cuestión. Todos sabemos cómo está la disciplina en la mayoría de institutos (ausente, por no decir otra cosa) o el preocupante nivel de conocimientos de los alumnos, pero hasta que no hacemos un ejercicio de comparación real y no vemos a chicos y chicas de 18 años que no saben la tabla del dos ni dónde está la provincia de Zamora, no nos caemos de nuestro guindo mental.
Mucho se ha hablado y se seguirá hablando de la autoridad del profesor, desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Esperanza Aguirre, anunció en el Debate sobre el Estado de Región, la próxima promulgación de la Ley de Autoridad del Profesor, dirigida a otorgar el rango de autoridad pública a los funcionarios de la enseñanza madrileña, ante la más que preocupante situación en la que se encuentran frente a padres y alumnos cada vez más violentos.
Antes de analizar los efectos y consecuencias de esta medida, hay que reconocer a Dª Esperanza Aguirre el don de la oportunidad, política en este caso, aunque algunos hablen de oportunismo. Personalmente creo que ha tenido el olfato de presentar en la Asamblea de Madrid un tema que llevaba meses en la calle (incluso años), haciendo suya una propuesta frente a la que es muy difícil oponerse. Quizá eso explique el enfado de algunos adversarios políticos y mediáticos.
El pasado 20 de julio tuvimos conocimiento de una interesante sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Sevilla, por el que se reconoce a unos padres a obtener plaza escolar en el centro educativo elegido. No es la primera vez que los tribunales tienen que recordar a la Administración este principio, pero quizás nunca habían recriminado con tanta dureza a la Junta de Andalucía no tener en cuenta las prioridades de las familias a la hora de programar y concertar los puestos escolares en la enseñanza gratuita (2º ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO).
Los padres del alumno habían presentado, hace ahora 2 años, la solicitud de admisión en el colegio privado concertado de los Padres Blancos, en el barrio de Los Remedios de Sevilla, buscando una formación moral y religiosa acorde con sus propias convicciones, tal y como reconoce el Artículo 27 de la Constitución Española.
El Informe presentado el pasado día 16 de julio por la Comisión Europea sobre la situación de la enseñanza en los países miembros de la Unión no pudo ser más decepcionante para España: nos encontramos en el tercer puesto del ranking del fracaso escolar (sólo superados por Malta y Portugal), el abandono escolar sigue creciendo y el gasto público en educación sigue estando por debajo de la media europea.
Pero lo más relevante del Informe de la Comisión es la recomendación que incluye para que seamos capaces de alcanzar un Pacto Educativo de forma urgente. Muy mal están las cosas para que desde Europa se nos apremie a sellar un acuerdo que inicie nuestra recuperación educativa.
El reciente Acuerdo del Consejo de Ministros (BOE del 14 de mayo) de destinar 100 millones de euros al desarrollo en 2009 del Plan “EDUCA3”, de extensión e impulso del primer ciclo de la Educación Infantil, se traducirá en la práctica, por las condiciones impuestas, en la creación de numerosas plazas escolares en centros de titularidad pública, sin posibilitar la financiación de los centros privados ya existentes, reabriendo el debate sobre la prevalencia de la planificación administrativa sobre la libertad de elección de los padres y el derecho de creación de centros consagrados en la Constitución.
El Ministerio de Educación se apoya en la redacción del Artículo 15.1 de la LOE para justificar su apuesta por el incremento exponencial de centros públicos de Educación Infantil, todo ello acompañado de referencias a la conciliación de la vida laboral y familiar, sin olvidar los oportunos guiños en apoyo de la mujer trabajadora (fuera del hogar, se entiende).
Si realizamos la sencilla pregunta ¿existe realmente libertad de elección de centro educativo en España? ante un grupo heterogéneo de personas, nos sorprenderá la enorme variedad de respuestas y sus justificaciones.
Para los responsables políticos, es un tema que no admite discusión: evidentemente existe libertad de elección, porque los padres o tutores pueden solicitar plaza para sus hijos en un centro privado, público o privado concertado. Y dentro de estas dos últimas categorías, pueden solicitar la admisión directamente en el centro escogido (añadiendo la referencia adicional de centros prioritarios para sucesivas opciones). Añaden, asimismo, que las estadísticas confirman, “a posteriori”, que un alto porcentaje de alumnos son admitidos en el centro público o concertado elegido como primera opción.
Uno de los temas que más encendidos debates despiertan en el seno de la comunidad educativa es el relativo a los modelos de jornada escolar de los alumnos. Por un lado, los defensores de la jornada escolar continua, en sesión sólo de mañana; por otro, los de la jornada partida, en sesiones de mañana y tarde.
Ciertamente llama la atención la pasión con la que los primeros argumentan las bondades de la jornada continua y la variedad de razonamientos: climatología, teorías pedagógicas sobre rendimiento académico de los menores, libertad para que los alumnos puedan realizar otras actividades por las tardes, conciliación de la vida escolar-familiar-laboral, incluso asimilación con otros centros del entorno, públicos o privados concertados.
Domingo, 22 de noviembre
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