Realmente es cierto que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Algunos, incluso, no saben salir de su bucle de tropiezos, a pesar de la experiencia y el paso del tiempo.
La campaña electoral en la que nos encontramos inmersos (cabe pensar si en este país, en algún momento estamos fuera de campaña electoral), vuelve a resucitar los fantasmas más tristes de nuestro pasado (en la negociación de la LOE, era frecuente oír de representantes del Ministerio de Educación y de su grupo parlamentario: “no veáis fantasmas, donde no los hay”). El vídeo del PSOE, “niño rico, niño pobre”, no es un recurso electoral. Es un cortometraje de Halloween. Es una invocación a la demagogia más perversa, una llamada a nuestros miedos más oscuros, a los viejos fantasmas. Eso sí, con una receta final: la enseñanza pública es la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades.
El Anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, convertido ya en Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros del día 27 de mayo, no deja de ser noticia. Esta vez, por el contenido del extenso Dictamen del Consejo de Estado que revela la verdadera finalidad del Gobierno a la hora de redactar esta disposición y tratar algunos puntos específicos, como sucede con los artículos dedicados a la educación.
En primer lugar y con carácter general, el Consejo de Estado pone al descubierto la primera “media-verdad” del Gobierno que justificó la necesidad de la norma para garantizar la efectividad de las medidas antidiscriminación contempladas en el amplio conjunto de leyes y disposiciones sobre igualdad y para trasponer las Directivas comunitarias a nuestro ordenamiento interno.
Hace pocos días, recibíamos con satisfacción el anuncio del Consejo de Ministros relativo a la aprobación, el pasado 15 de abril, de la distribución de 59,7 millones de euros entre las comunidades autónomas para desarrollar el Plan de Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) durante 2011. Como es sabido, dicho Plan persigue apoyar a los centros educativos de Educación Primaria y ESO que escolarizan a alumnos en situación de desventaja socioeducativa.
La buena noticia fue que, por primera vez, se abría dicho Plan a todos los centros sostenidos con fondos públicos, incluidos los concertados, en demanda de las reiteradas peticiones de Escuelas Católicas, trasladadas a la Secretaría de Estado de Educación durante los años 2009 y 2010, y de manera especial al ministro, Ángel Gabilondo, durante las negociaciones de la propuesta de Pacto Educativo efectuadas en abril y mayo de 2010.
Hemos comentado recientemente el injustificable del Anteproyecto de Ley integral para la Igualdad de trato y la no discriminación elaborado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que vulnera principios constitucionales.
Entre otras consideraciones, dicho Anteproyecto ignora la existencia de normas específicas sobre igualdad y no discriminación, conculcando el Capítulo Tercero del Título III de la Constitución; usurpa competencias propias de órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo; no tiene en cuenta toda la extensa Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación del Artículo 14 de nuestra Carta Magna; atribuye al Estado potestades punitivas propias del orden penal y a los sindicatos la condición de interesados en cualquier procedimiento administrativo (en contra de la jurisprudencia asentada que no les considera como “guardianes abstractos de la legalidad”); modifica las reglas de la carga de la prueba; establece un estatuto jurídico inaceptable de autoridad; prohíbe la financiación pública a los Centros de educación diferenciada en contra de la LOE y de los tratados internacionales suscritos por el Estado Español; se inmiscuye en la libertad personal en ámbitos como el trabajo autónomo o las relaciones contractuales entre particulares, etc.
Resulta paradójico que, todavía humeantes las velas de cumpleaños de la LODE (25 años) y los actos de homenaje celebrados en los últimos tres meses, en los que se insistió en que había sido el Gobierno socialista de 1985 el promotor e impulsor del régimen de conciertos educativos (habría que recordarle al vicepresidente Rubalcaba que los conciertos ya estaban previstos en la Ley General de Educación aunque no pudieron materializarse por falta de presupuesto), los centros concertados se encuentran hoy por hoy sumidos en el “desconcierto colectivo” y en la incertidumbre sobre aspectos esenciales de su funcionamiento. Vayamos por partes.
1) La reducción unilateral de los complementos salariales del personal docente de niveles concertados realizada en 2010 por la mayoría de las administraciones educativas, hizo sonar todas las alarmas a titulares y trabajadores: los acuerdos retributivos firmados entre organizaciones patronales y sindicales, con el visto bueno de la Administración, podían ser anulados “unilateralmente” por la Consejería de turno si lo consideraba oportuno.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 7 de enero de 2011, el Anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de trato y la no discriminación, dando otro giro de tuerca a su política “pro igualdad”, como un escalón más que se sube en la larga lista de medidas ya conocidas (paridad en los órganos de gobierno, medidas laborales antidiscriminación, contenidos curriculares específicos, designación de responsables de la aplicación de dichos principios en el seno educativo y en los Consejos Escolares, proposición de juegos no sexistas en los recreos escolares, contenidos televisivos apropiados, etc.), pero no es un simple escalón: este Anteproyecto amenaza con crudeza la pervivencia del modelo educativo de educación diferenciada sostenido con fondos públicos.
Concretamente, el Artículo 16 del Anteproyecto colgado en la página web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad establece expresamente que “En ningún caso, los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de las causas establecidas en esta Ley, podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública”. Supone, en otras palabras, la extinción de cualquier forma de subvención pública o concierto educativo a los centros que ofertan la educación diferenciada.
Desde hace muchos años, Escuelas Católicas (FERE-CECA y Educación y Gestión) viene defendiendo la libertad de los padres para elegir el tipo de colegio que desean para sus hijos conforme a sus propias convicciones y la autonomía de los titulares de los centros privados concertados para aplicar el régimen de admisión, cuyos principios estaban contenidos en nuestras leyes orgánicas.
Sin embargo, año tras año nos encontrábamos con disposiciones de desarrollo aprobadas en varias comunidades autónomas que incumplían tanto los principios inspiradores del régimen previsto en la LODE y LOE, como los propios artículos de ambas normas básicas. Por ello, Escuelas Católicas se ha visto obligada a impugnar todas las disposiciones de desarrollo contrarias al régimen básico, obteniendo sentencias estimatorias en importantes procesos.
Se acaba de cumplir el 25º Aniversario de la LODE y con este motivo se están desarrollando distintos encuentros, coloquios, jornadas, etc. de muy diferente signo que tratan de analizar las virtudes y defectos de tal disposición. Hace escasos días, tuvo lugar uno de estos actos en el mismo seno del Congreso de los Diputados, concretamente en la Comisión de Educación.
En dicho acto, el Vicepresidente Primero del Gobierno, en tiempos Ministro de Educación, alabó el avance que había supuesto la promulgación de la LODE en muchos aspectos, recordando que había sido el PSOE el promotor de los conciertos educativos. Sin embargo, lamentablemente, aprovechó el momento para resaltar que los centros concertados no cumplen sus deberes, como lo demuestra el bajo porcentaje de alumnos inmigrantes escolarizados en ellos. Sorprende que el Vicepresidente utilice un argumento tan demagógico y manido como éste, como si el principal problema de nuestro sistema educativo y del régimen de conciertos, fuese precisamente que estos centros escolarizan un 18% del total de alumnos inmigrantes, en lugar del 20% que les correspondería en justa medida (pues es la proporción que suponen respecto al total de centros).
Después de casi dos años desde el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la objeción de conciencia a “Educación para la Ciudadanía”, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (con sede en Sevilla) acaba de hacer pública su sentencia de 15 de octubre de 2010, por la que estima el recurso contencioso-administrativo presentado por los padres de un alumno del Instituto Público de Bollullos Par del Condado (Huelva), sobre el carácter adoctrinador del libro de EpC editado por McGraw Hill para 3º de ESO, por vulnerar los Arts. 16.1 y 27.3 de la Constitución Española, no estando por ello “obligado el hijo de los recurrentes a asistir a las clases de esta asignatura en el instituto público en el que está matriculado, ni a ser evaluado mientras se imparta el mencionado libro de texto”.
De una lectura somera del libro de texto analizado se aprecia que, efectivamente, su contenido es “claramente adoctrinador”, en palabras del TSJ, incluyendo una marcada ideología al abordar distintos capítulos del temario. De esta manera, la sentencia señala que el libro refleja una “visión parcial del ser humano” y “atribuye méritos cuestionables a determinadas etapas de la Historia e ideologías, centrándose exclusivamente en la cosmovisión de la izquierda”. De esta manera, “el cristianismo”, añade, es presentado, “en un sentido represivo y sectario, como obstáculo histórico de progreso social y cívico”. Asimismo, al abordar la sexualidad humana, “denosta hasta casi el ridículo la concepción ‘tradicional’”, señalando al alumno que “su sexualidad es neutra y depende de su entorno cultural y social”, así como que la “fidelidad es deseable, pero no imprescindible”.
El mismo día que IU reclama en el Parlamento de Andalucía que se ponga fin a las aportaciones voluntarias de las familias a los centros privados concertados, nos enteramos que el tripartito catalán está elaborando una nueva normativa reguladora de la función directiva en los centros públicos, con la que pretende, entre otras cosas, animar a los directores de estos centros a que “busquen fuentes alternativas de financiación”, como por ejemplo, a través del alquiler de los locales escolares a terceros fuera del horario escolar.
Según indica la noticia, se pretende incentivar la autonomía de los centros públicos respecto a su gestión económica, de manera que sean capaces de obtener recursos adicionales a los fondos públicos. Parece que son varias las comunidades autónomas que ya regulan de forma positiva, sino alientan, estas fórmulas de financiación complementaria de los centros públicos, cuestión por otra parte nada novedosa, pues la LOE ya habla de la autonomía de gestión en la enseñanza pública.
En estas últimas semanas de graves recortes por parte del Gobierno de la Nación y de las administraciones públicas, estamos asistiendo a un claro ejemplo de doble discriminación en perjuicio de la enseñanza concertada: por un lado, se pretenden reducir unidades concertadas en centros con suficiente demanda bajo el pretexto de que existen plazas disponibles en los centros públicos; por otro, algunas administraciones empiezan a insinuar que los recortes salariales no sólo afectarán a los funcionarios públicos, sino también a los profesores de los centros privados concertados por consecuencia del principio de la “analogía retributiva” (en este caso, en su sentido negativo).
No hace falta decir que las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno y refrendadas por el Congreso por un solo voto de diferencia, son el último episodio de una nefasta gestión de los fondos públicos y de la política económica equivocada aplicada a nuestro país, cuyas consecuencias las vienen padeciendo todos los ciudadanos en progresivas fases (primero los que perdieron su empresa o su empleo, después los funcionarios y pensionistas, los futuros padres, los consumidores, etc).
Para unos, el Pacto Político y Social por la Educación ha fracasado. Para otros, lo han hecho fracasar. Quizá como dice el refranero “entre todos lo mataron y él solo se murió”. Y cuando digo “todos”, me refiero a la inmensa mayoría, cada uno desde su puesto y condición. En mayor medida, los partidos políticos y las administraciones educativas. En menor medida, las organizaciones de la comunidad educativa, que han demostrado una mayor moderación y posibilismo, en líneas generales y siempre con relevantes excepciones.
Después de estudiar y subrayar las 46 páginas y 148 propuestas del Documento final redactado y entregado por el Ministro de educación el pasado 22 de abril, uno piensa que hay una base interesante para avanzar hacia un Pacto Educativo pero, por desgracia, no como Documento definitivo. Quizá ese ha sido el error del Ministro: no haber tenido un poco más de recorrido o cintura, bien para incorporar algunas propuestas más del principal partido de la oposición (revisar los contenidos de EpC, reconocer el derecho al concierto, reunificar los contenidos comunes a todas las CC.AA.) o de la comunidad educativa (sentar las bases de la complementariedad de las redes, garantizar la libertad de elección de centros, asegurar la neutralidad ideológica en los centros públicos…), o bien para dejar el Documento como un conjunto de propuestas pedagógicas exclusivamente, sin meterse en otras consideraciones.
Viernes, 24 de mayo
Escuelas Católicas
Peio Sánchez Rodríguez
Faustino Vilabrille Linares
Juan Fernandez Krohn
Francisco Margallo
JC Rodríguez, A Eisman
Ana Bou
Manuel Mandianes
José Moreno Losada
Asoc. Humanismo sin Credos
Josemari Lorenzo Amelibia
Contacto
Federación Española de Religiosos de Enseñanza
