El 15 de febrero de 2011 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condenaba a los centros concertados a abonar el salario íntegro que fija el convenio colectivo del sector a pesar de que éstos habían visto reducida su financiación en lo que a gastos de personal se refiere.
Es del todo improcedente que se condene en exclusiva a los titulares de los centros a compensar la rebaja unilateral de los módulos de concierto practicada por la Administración y ratificada por el Parlamento Vasco, cuando dichos titulares han respetado en todo momento las reglas del régimen de conciertos al firmar en 2009 unas Tablas Salariales dentro del marco de la Ley de Presupuestos de la CAPV. Si alguien no ha respetado dichas reglas es la Administración, al reducir la cuantía de las cantidades destinadas al personal dentro del período de vigencia de los conciertos y sin mediar ningún tipo de denuncia al respecto.
Hace unos días conocíamos un hecho sin precedentes en los 40 años de financiación de la enseñanza privada. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado contempla, para el año 2011, una reducción del módulo de conciertos. En concreto, dicho proyecto establece una rebaja del 5% en los gastos de personal docente, y del 1,67% en los gastos de funcionamiento del módulo estatal de conciertos.
Sin pretender ser alarmistas, no podemos dejar de afirmar que esta reducción traerá consecuencias gravísimas, tanto en el ámbito económico como laboral, para la enseñanza concertada. Los centros de Escuelas Católicas saben bien de qué estamos hablando. Y lo saben porque, cuando se cumplen 25 años del régimen establecido por la LODE, el módulo de conciertos arrastra un déficit crónico, grave y creciente, ya que sólo cubre de media el 60% del coste real de impartición de las enseñanzas. Diversas fuentes, incluso, señalan que el puesto escolar concertado cuesta la mitad que el público.
En las últimas semanas se han publicado en distintos medios de comunicación noticias y reportajes sobre supuestos cobros irregulares a las familias en los centros privados concertados. Estas campañas informativas ya no sorprenden puesto que aparecen con la misma periodicidad con que la naturaleza nos inunda de “brotes verdes” todas las primaveras, y sus mensajes se repiten con la insistencia machacona de un mantra.
Las críticas parten todas del mismo principio: los colegios concertados son gratuitos porque reciben fondos públicos para su mantenimiento y, en consecuencia, no pueden cobrar a las familias. Luego se describen las cantidades más o menos altas que perciben distintos colegios, para acabar con la acusación, más o menos velada, de incumplimiento de la ley, fundamentalmente, dicen, por ocultar su carácter voluntario. Un análisis tan grueso reclama alguna información adicional que permita una mejor comprensión de la realidad a la que se enfrenta la red privada concertada.
Hace ya un par de años, los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Islas Baleares tomaron una decisión de enorme trascendencia en materia de política educativa. A partir del mes de septiembre de 2007, estos Gobiernos concertaron el Bachillerato, posibilitando así la gratuidad de estas enseñanzas y, con ello, la igualdad de oportunidades del alumnado y sus familias.
Se trató, sin duda, de una decisión audaz que permitió a estas dos comunidades liderar, junto a País Vasco y Navarra, el ranking de territorios que apuestan verdaderamente y sin tapujos por la calidad, equidad y libertad en la educación. En definitiva, con estas dos, son ya cuatro las autonomías que han optado por suscribir conciertos educativos con centros privados de Bachillerato, permitiendo de tal forma que estas enseñanzas queden al alcance de cualquier familia, y permitiendo también que este alumnado pueda elegir libremente entre los distintos centros docentes que las imparten.
Hablar del “cheque escolar” es un tema recurrente todos los cursos. Algunas instituciones desempolvan el viejo concepto presentándolo como “panacea” de todos los males de nuestra educación y, especialmente, como remedio a las limitaciones actuales a la libertad de enseñanza. En este sentido, resultan significativas las iniciativas de algunas comunidades autónomas, consistentes en la financiación de los puestos escolares de primer ciclo de Educación Infantil a través de ayudas o cheques a las familias. También se sitúan en esta dinámica las ayudas para la adquisición de libros de texto o para el pago de comedor escolar. Y también puede interpretarse en estos términos algunas declaraciones que presentan la financiación de los Bachilleratos privados a través de esta fórmula.
La cerrazón es mala aliada. Nuestro actual sistema educativo y de financiación de la enseñanza es imperfecto y precisa correcciones y reformas. En este sentido se vienen pronunciando distintas organizaciones, entre ellas la propia FERE-CECA, que en su documento sobre Financiación de la Enseñanza, publicado en 2008, sugiere cambios significativos en la definición, articulación y cuantificación del régimen de conciertos educativos.
Miércoles, 22 de mayo
Escuelas Católicas
Carlos F. Barberá
Juan Fernandez Krohn
César Luis Caro
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Urbano Sánchez García
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José Manuel Bernal
Asoc. Humanismo sin Credos
Rufo González Pérez
Francisco Margallo
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