En estos momentos de convulsión por el reciente pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra de la existencia de crucifijos en la aulas públicas como espacios neutros, y mientras proliferan año tras año los símbolos laicos en las escuelas -sirva de ejemplo la cultura “Halloween” de calabazas y disfraces- es reconfortante releer la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2009, que confirma la plena legalidad de la regulación de la clase de Religión en Educación Primaria y desestima la pretensión de inconstitucionalidad de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede.
En cualquier caso, hay que reconocer la tenacidad (quizá rayana con la absurda temeridad) de los recurrentes, en esta ocasión el partido político de Izquierda Republicana, que una y otra vez insiste en desmontar los principios legales de la asignatura de Religión y sus alternativas.
He podido leer con cierta… ¿sorpresa? no, no es verdad… no es sorpresa que el diario Público haga titulares como “El Estado paga la educación religiosa de un millón de alumnos” (Público, 7 de noviembre de 2009), digamos más bien que lo he leído con cierta ironía, por un lado, e incredulidad por otro.
Ironía porque no he podido evitar pensar en los miles de personas que dentro de la Iglesia se dedican al ministerio de la catequesis, de la iniciación en la fe. Si alguien tuviera que pagar ese servicio, no se cómo iba a ser posible. Como economista sólo pensar en traducirlo en costes, me produce un vértigo de miles de euros. Pero claro, si se habla según el titular del diario de que “el Estado paga la educación religiosa”, entonces yo pienso en el salario de los catequistas y en la subvención a Parroquias para el mantenimiento de locales, en materiales formativos, etc…
La noticia ha pasado prácticamente inadvertida en los medios de comunicación. El pasado 15 de octubre el digital www.lne.es (versión digital del diario La Nueva España), informó de una sentencia del TSJ de Asturias que condena a la Consejería de Educación del Principado a indemnizar con 150.000 euros a cinco familias por los “daños morales” y por el estrés familiar y personal causados al obligar a cambiar de centro a sus hijos, hace ahora ocho años. Entonces, la Consejería decidió la supresión del concierto de varias aulas en distintos centros privados concertados, aulas llenas de alumnos y con lista de espera. Sin embargo, la Consejería estimó que los alumnos de esas aulas les venían estupendamente para llenar las aulas medio vacías de algunos centros estatales y, ni corto ni perezoso, se puso manos a la obra: retiró conciertos y obligó a muchas familias a abandonar el centro que habían elegido para educar a sus hijos.
Este atropello fue anulado por el Tribunal Supremo en el año 2004 y los alumnos pudieron retornar al centro. No obstante, algunas de las familias afectadas decidieron reclamar una indemnización y el TSJ de Asturias acaba de atender su petición. El Tribunal afirma que la actuación de la Consejería provocó un daño cierto “consecuencia directa del funcionamiento anormal de los servicios públicos”, y que los daños morales se derivan “del cambio del entorno” y de la “trascendencia social de los hechos para los afectados”. En este sentido el TSJ da por válido el informe psicológico que certificó el “estrés familiar y personal de este tipo de cambios en edades infantiles”. El Tribunal afirma que “no estamos ante daños hipotéticos o futuros, sino de alteraciones frecuentes y normales en el ámbito personal y familiar desde el punto de vista de la valoración racional de los acontecimientos, y basta para ello descender a los efectos que estas situaciones forzadas y especiales suelen generar en dichos entornos con afectación grave de la vida familiar y escolar”. Todos estos perjuicios se deben, a juicio del Tribunal, “a una actuación administrativa irregular y la vulneración de un derecho fundamental”.
En este clima de pacto en el que estamos sumidos desde hace tiempo, el Ser. Ministro de Educación ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta para el debate: la conveniencia de prolongar la edad de escolarización obligatoria hasta los 18 años, como una medida más para la mejora de la calidad de la educación de los ciudadanos.
A primera vista no parece descabellado pensar que prolongar aún más el tiempo de permanencia de los jóvenes en las aulas y retrasar la edad de su acceso al trabajo pueda ser una medida llena de ventajas, mírese por donde se mire. Por un lado, se mejora la formación general de todos los ciudadanos y por otro se disminuye el número de jóvenes abocados en las actuales circunstancias de crisis a un paro más que seguro.
Si los problemas en educación los tuviéramos que detectar a través de los asuntos que acaban en los tribunales, hay dos que destacan sobremanera, descontando los conflictos por retiradas de concierto o pérdida de unidades concertadas: uno es la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el otro, los procesos de admisión de alumnos (problema éste que, aunque relacionado con los conciertos, tiene un enfoque distinto). Pero si el primero viene motivado por una intensa campaña a favor por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil, con gran repercusión mediática, la segunda, la admisión de alumnos, no ha dispuesto de todo ese fuego de cobertura. De ahí el gran mérito que, a mi juicio, tienen todas esas familias que, con gran desgaste personal, en silencio y sin brillo social, defienden la libertad de enseñanza y su derecho a elegir y se oponen a escolarizar a sus hijos en el centro que les impone la Administración.
Algunos ejemplos. 26 de septiembre, Diario de Cádiz: un juez ordena escolarizar cautelarmente a un menor en 1º de Primaria en el colegio donde su hermano estudia ESO. El niño se había quedado sin plaza en La Salle Mirandilla. 30 de septiembre, Europa Press: los padres de cinco alumnos no admitidos en el Centro Luís de Góngora de Almodóvar del Río (Córdoba) esperan la decisión del juez para escolarizarles en dicho centro. También del 30 de septiembre, Diario de Cádiz: tres son ya los niños que han entrado en San Felipe Neri por orden judicial. El director del colegio no descarta que la cifra aumente en los próximos días. 14 de octubre, el Día de Córdoba: la justicia obliga a la Junta a dar plaza a cuatro niños en el Santa Victoria. Los menores permanecerán durante este curso en el centro gracias a las medidas cautelares dictadas por un juez.
Mucho se ha hablado y se seguirá hablando de la autoridad del profesor, desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Esperanza Aguirre, anunció en el Debate sobre el Estado de Región, la próxima promulgación de la Ley de Autoridad del Profesor, dirigida a otorgar el rango de autoridad pública a los funcionarios de la enseñanza madrileña, ante la más que preocupante situación en la que se encuentran frente a padres y alumnos cada vez más violentos.
Antes de analizar los efectos y consecuencias de esta medida, hay que reconocer a Dª Esperanza Aguirre el don de la oportunidad, política en este caso, aunque algunos hablen de oportunismo. Personalmente creo que ha tenido el olfato de presentar en la Asamblea de Madrid un tema que llevaba meses en la calle (incluso años), haciendo suya una propuesta frente a la que es muy difícil oponerse. Quizá eso explique el enfado de algunos adversarios políticos y mediáticos.
Escuchamos por doquier las voces que reclaman un pacto sobre educación en España. Es ésta una cuestión recurrente y muy actual en estos momentos.
No faltan motivos para plantear de nuevo la cuestión. Por una parte, las evaluaciones y los estudios internacionales señalan con claridad que los resultados de nuestro “sistema educativo” son claramente mejorables. Basta acudir a la consulta de los informes PISA (Lengua, 2000; Matemáticas, 2003; Ciencias, 2006) para advertir que, aunque vamos mejorando en algunos aspectos, todavía arrojamos resultados indeseables, sobre todo en el logro de la excelencia (por ejemplo, en los niveles 5º y 6º de los resultados en la escala de alfabetización científica en los que se implican las capacidades cognitivas superiores).
Esperanza Aguirre ha anunciado una ley para conceder la condición de autoridad pública al profesorado de la Comunidad de Madrid. Esta noticia ha monopolizado la información de los últimos días y coincide con nuevos episodios de agresiones a profesores, el último a la directora de un Instituto de Vallecas en Madrid.
La iniciativa del Ejecutivo madrileño es positiva en tanto que lanza un mensaje claro a la sociedad: se debe respetar y proteger a los profesores por la importantísima labor que desempeñan en nuestra sociedad. Las agresiones a los profesores son absolutamente intolerables y para ello se propone una reforma que intenta proteger al profesorado imponiendo penas más duras a los agresores. Ahora bien, ¿de qué tipo de autoridad estamos hablando?
Al hablar de “Pacto por la Educación” me gustaría que se tuviera en todo momento presente el Artículo 27 de la Constitución en el que supone un precedente de consenso. Para lograrlo hay que partir desde unas actitudes muy distintas a las que han predominado, unas actitudes de escucha y flexibilidad, con capacidad de saber ceder en aquellas cuestiones secundarias, para centrarse en las fundamentales. A continuación propongo brevemente aquellas cuestiones que desde mi punto de vista son claves para lograr un acuerdo.
1. En primer lugar, como condición básica sobre la que se sustentan las demás, aceptar la educación como una cuestión de Estado, al margen de las luchas de partidos. Solo así se saldrá del círculo vicioso de reformas impuestas unilateralmente por el partido en el gobierno.
El Presidente ha pedido una alianza entre políticos, maestros, padres y alumnos para superar las divergencias y mejorar el maltrecho cuadro de la educación.
La entradilla de este artículo, así, descontextualizada, podría referirse perfectamente a nuestro país. Pero el presidente del que habla no es Zapatero, sino Obama, y el maltrecho cuadro de la educación no es el español, sino el americano. Y es que en un país tan distinto al nuestro como EE.UU. se puede establecer más de un paralelismo con el caso español, como un alto índice de fracaso escolar y unas competencias completamente descentralizadas a favor de los distintos Estados miembros.
El pasado 20 de julio tuvimos conocimiento de una interesante sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Sevilla, por el que se reconoce a unos padres a obtener plaza escolar en el centro educativo elegido. No es la primera vez que los tribunales tienen que recordar a la Administración este principio, pero quizás nunca habían recriminado con tanta dureza a la Junta de Andalucía no tener en cuenta las prioridades de las familias a la hora de programar y concertar los puestos escolares en la enseñanza gratuita (2º ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO).
Los padres del alumno habían presentado, hace ahora 2 años, la solicitud de admisión en el colegio privado concertado de los Padres Blancos, en el barrio de Los Remedios de Sevilla, buscando una formación moral y religiosa acorde con sus propias convicciones, tal y como reconoce el Artículo 27 de la Constitución Española.
El Informe presentado el pasado día 16 de julio por la Comisión Europea sobre la situación de la enseñanza en los países miembros de la Unión no pudo ser más decepcionante para España: nos encontramos en el tercer puesto del ranking del fracaso escolar (sólo superados por Malta y Portugal), el abandono escolar sigue creciendo y el gasto público en educación sigue estando por debajo de la media europea.
Pero lo más relevante del Informe de la Comisión es la recomendación que incluye para que seamos capaces de alcanzar un Pacto Educativo de forma urgente. Muy mal están las cosas para que desde Europa se nos apremie a sellar un acuerdo que inicie nuestra recuperación educativa.
Viernes, 27 de noviembre
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