Escuelas Católicas

Nueva amenaza para la libertad de enseñanza

17.01.11 | 14:35. Archivado en Política educativa, Luis Centeno

El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 7 de enero de 2011, el Anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de trato y la no discriminación, dando otro giro de tuerca a su política “pro igualdad”, como un escalón más que se sube en la larga lista de medidas ya conocidas (paridad en los órganos de gobierno, medidas laborales antidiscriminación, contenidos curriculares específicos, designación de responsables de la aplicación de dichos principios en el seno educativo y en los Consejos Escolares, proposición de juegos no sexistas en los recreos escolares, contenidos televisivos apropiados, etc.), pero no es un simple escalón: este Anteproyecto amenaza con crudeza la pervivencia del modelo educativo de educación diferenciada sostenido con fondos públicos.

Concretamente, el Artículo 16 del Anteproyecto colgado en la página web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad establece expresamente que “En ningún caso, los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de las causas establecidas en esta Ley, podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública”. Supone, en otras palabras, la extinción de cualquier forma de subvención pública o concierto educativo a los centros que ofertan la educación diferenciada.

Y esto, realmente, es un paso adelante en la política de restricción de libertades del actual Gobierno. En este caso, de una libertad fundamental: la libertad de enseñanza. Y ello por cuanto el Artículo 27 de la Constitución Española reconoce no sólo dicho principio, sino también el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos (conforme a sus convicciones personales), el derecho a la enseñanza gratuita en su fase básica (considerada obligatoria) y el derecho de creación de centros. Es decir, reconoce un conjunto de derechos vinculados de alumnos, padres y titulares, que se traducen en la libertad para ofertar un modelo educativo determinado, para elegir dicho modelo libremente y para disponer de financiación pública en los niveles obligatorios pues, de lo contrario, los dos primeros estarían reservados únicamente a los grupos sociales con más recursos económicos.

Hay que tener presente que, en justa coherencia con la Constitución, ni la LODE de 1985, ni la LOE de 2006, prohíben la concesión de conciertos educativos a los centros que escolarizan únicamente a niños o niñas. Precisamente por eso existen en la actualidad tales centros repartidos por numerosas comunidades autónomas. Sencillamente, porque la normativa no lo prohíbe y existen familias que optan por esta oferta que, evidentemente, tiene sus puntos positivos y negativos, como cualquier proyecto educativo.

Sin embargo, en los últimos dos años se han intensificado las campañas de acoso a estos centros, coincidiendo con la última campaña de renovación de conciertos educativos, en comunidades autónomas como Galicia (normativa que fue anulada por el nuevo Gobierno gallego), Asturias, Cantabria o Andalucía. Lo más curioso es que el Tribunal Supremo dictó sentencia al respecto indicando que la existencia de estos colegios no vulneraba el derecho de igualdad ni las Leyes básicas estatales, aunque las comunidades autónomas podían establecer condiciones adicionales en el régimen de admisión de alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito territorial. Evidentemente, la puerta se había cerrado en falso.

Aunque Escuelas Católicas tiene una representación muy pequeña de estos centros, puesto que sus titulares acogieron hace tiempo el modelo de coeducación, no podemos obviar que este nuevo Anteproyecto supone una gravísima limitación de la libertad de enseñanza, que choca claramente con el Artículo 27 de la Constitución y la misma Disposición Adicional 25ª de la LOE (que prevé una atención preferente en la aplicación de las medidas contempladas en la propia Ley para los centros que ofertan la coeducación en todas las etapas, “sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales”, permitiendo “sensu contrario”, la existencia de centros de educación diferenciada).

Y esto, precisamente, es lo que más sorprende. Los tratados internacionales suscritos por España, en particular la Convención de la UNESCO de 1960 relativo a la Lucha contra las Discriminaciones en el campo de la enseñanza, excluye en su Artículo 2 de la catalogación de “discriminatoria” a la enseñanza diferenciada siempre que las condiciones de acceso en los centros masculinos y femeninos, los contenidos curriculares y características de los centros y sus profesores, sean iguales en unos y otros.

En consecuencia, la educación diferenciada no es discriminatoria si cumple estas condiciones de igualdad (no vulneraría, en consecuencia, el Artículo 84 de la LOE, tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo), por lo que procede defender su existencia como una expresión más de la libertad de enseñanza, pues ¿se obliga a alguien a llevar a sus hijos a estos centros?, ¿el currículo impartido es diferente del resto?, ¿los centros no reúnen los requisitos para su autorización?

Evidentemente, si se desea eliminar su derecho al concierto es porque se considera un modelo negativo para los educandos y la sociedad en su conjunto. Y ¿quién se erige en juez, por encima de la voluntad de los propios padres o tutores? En nombre del bien común y de la igualdad también se cometen atropellos. No caigamos en ellos esta vez. Está en juego la misma libertad de enseñanza.

Luis Centeno Caballero
Abogado Escuelas Católicas


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