Explicando una vez más la financiación de los centros concertados

22.10.10 | 09:44. Archivado en Política educativa, Zoraida Arribas

financiacion centros De vez en cuando desde los medios se intenta informar, o más bien a veces, polemizar, sobre la financiación de los colegios concertados, vertiendo datos sin apenas contrastar dicha información con los propios protagonistas. Desde finales del mes de septiembre la prensa se ha hecho eco de las sanciones impuestas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a los centros concertados Divina Infantita de Almería y El Ejido, La Salle Virgen del Mar y La Salle Chozillas, todos ellos afiliados a Escuelas Católicas.

La razón de la imposición de la sanción era que la Consejería de Educación entendía que los centros contravenían el principio de gratuidad de la enseñanza, recogido en el Artículo 88 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación por la percepción de una aportación por parte de algunas familias con hijos matriculados en los centros. Ahora bien, lo fundamental a tener en cuenta es que estas aportaciones económicas eran totalmente voluntarias y nunca obligatorias, por lo que los centros no han incumplido dicho principio de gratuidad. Además, el destino dado a las cantidades percibidas era, en todo momento, distinto a la impartición de las enseñanzas gratuitas financiadas por la Consejería de Educación.

Asimismo, hay que recordar que la titularidad de estos centros corresponde a dos congregaciones religiosas, que como tales, son entidades no lucrativas, encuadradas en la Ley 49/2002, de mecenazgo, que tiene entre sus fines la defensa de los intereses de la infancia y la juventud, por lo que el propio ordenamiento jurídico admite la posibilidad de que perciban este tipo de donaciones.

Lo que la Sociedad debe conocer es que los centros concertados no disponen de tantos recursos como la escuela pública, por lo que en algunos casos, dichos centros concertados se ven en la difícil tesitura de aceptar ayudas de las familias de los alumnos. De este modo, con total transparencia, algunos centros informan de la realidad económica que se esconde tras el concierto: déficit crónico en gastos de funcionamiento, nulas inversiones y limitaciones a la hora de buscar vías alternativas de financiación.

No es fácil de entender para los padres de alumnos que la subvención pública sólo cubra el 60% del coste real de la impartición de enseñanzas. Hasta ahora, muchas familias habían creído que la Administración otorgaba los fondos suficientes, acordes con el coste real de impartición. Esta es la verdadera trampa oculta de los conciertos.

Y, para empeorar las cosas, en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 se establece una rebaja adicional del 5% en gastos de personal y del 1,67 % en gastos de funcionamiento, todo ello sin contar la incidencia del IPC de 2010, lo que supone añadir un 2,5 % de déficit, según algunas estimaciones.

Con este panorama, parece obvio que nuestros centros van a necesitar más que palabras de apoyo por parte de las familias. Eso sí, siempre dentro del marco previsto en el artículo 88 de la LOE, que en modo alguno prohíbe la colaboración libre y voluntaria de las familias de alumnos de los centros concertados. Por último, considerar que dichas colaboraciones suponen un “negocio”, es hacer demagogia con la educación de nuestros niños y jóvenes.

Zoraida Arribas Manzanal