Doble abuso de poder

04.06.10 | 09:34. Archivado en Política educativa, Luis Centeno

poder En estas últimas semanas de graves recortes por parte del Gobierno de la Nación y de las administraciones públicas, estamos asistiendo a un claro ejemplo de doble discriminación en perjuicio de la enseñanza concertada: por un lado, se pretenden reducir unidades concertadas en centros con suficiente demanda bajo el pretexto de que existen plazas disponibles en los centros públicos; por otro, algunas administraciones empiezan a insinuar que los recortes salariales no sólo afectarán a los funcionarios públicos, sino también a los profesores de los centros privados concertados por consecuencia del principio de la “analogía retributiva” (en este caso, en su sentido negativo).

No hace falta decir que las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno y refrendadas por el Congreso por un solo voto de diferencia, son el último episodio de una nefasta gestión de los fondos públicos y de la política económica equivocada aplicada a nuestro país, cuyas consecuencias las vienen padeciendo todos los ciudadanos en progresivas fases (primero los que perdieron su empresa o su empleo, después los funcionarios y pensionistas, los futuros padres, los consumidores, etc).

No se trata de recordar la política de negación de la evidencia y el inmovilismo que ha caracterizado la política del Sr. Zapatero en los últimos dos años, sino de centrar el análisis en el sector educativo y de cómo la ideología y el despilfarro de fondos públicos ha contribuido de forma clara a esta cruda situación que todos padecemos.

Desde hace mucho tiempo, Escuelas Católicas viene denunciando la construcción expansiva de centros públicos en grandes ciudades, localidades medianas e incluso pueblos, en directa competencia con los centros privados concertados ya existentes y en fraude del espíritu y la letra de nuestro marco jurídico (Artículo 109 de la LOE). Venimos denunciando ante la sociedad, el empleo de ingentes cantidades de fondos públicos en la creación de escuelas e institutos en cientos de localidades, en las que no era necesaria la ampliación de plazas escolares gratuitas o ésta se podía haber realizado de forma coyuntural con la colaboración de los centros concertados.

Ello ha tenido como efecto la multiplicación de presupuesto educativo (sin una necesidad real) y la aparición de una reciente política de eliminación de unidades concertadas ante la bajada de la natalidad y del flujo migratorio (véase la política de la Junta de Extremadura). Es decir, volvemos a oír que la “enseñanza concertada es subsidiaria de la pública”. Y por qué: muy sencillo, porque después de construir los nuevos centros públicos, resulta que sobran plazas y es más fácil reducir aulas en los concertados.

En segundo lugar, la enseñanza concertada está sufriendo la discriminación de ver cómo algunas voces reclaman que “pague su parte del recorte salarial de los funcionarios”, es decir, que también a sus profesores se les rebaje el sueldo un 5%. Lo más triste es que estas voces a veces están jaleadas por las mismas centrales sindicales que defienden por la mañana a la enseñanza pública y por la tarde a la concertada. Sin embargo, parece que nadie tiene en cuenta que los salarios de los profesores de niveles concertados son acordados por patronales y sindicatos dentro de la negociación colectiva de la enseñanza concertada, a partir de las subidas fijadas en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, nos encontramos ante empresas privadas que aplican Tablas Salariales y Convenios Colectivos suscritos y publicados en el BOE, y no ante sueldos de funcionarios docentes que dependen de normas internas administrativas.

Y sería curioso apelar en este momento a la analogía retributiva cuando ésta brilla por su ausencia en la inmensa mayoría de comunidades autónomas y cuando el déficit del módulo de conciertos nadie cuestiona. También se puede avanzar hacia la analogía retributiva que predica la LODE y la LOE, manteniendo el nivel retributivo del profesorado en pago delegado, mientras el correspondiente al personal funcionario es recortado por decisión gubernamental. Si todos consideramos que están pagando “justos” (funcionarios) por “pecadores” (Gobierno), por favor, no ampliemos esta injusticia a los que ya padecen la irracional política educativa en otros sentidos.

Luis Centeno Caballero
Abogado de Escuelas Católicas