El texto y el contexto

10.05.10 | 14:02. Archivado en Política educativa, Luis Centeno

contexto Para unos, el Pacto Político y Social por la Educación ha fracasado. Para otros, lo han hecho fracasar. Quizá como dice el refranero “entre todos lo mataron y él solo se murió”. Y cuando digo “todos”, me refiero a la inmensa mayoría, cada uno desde su puesto y condición. En mayor medida, los partidos políticos y las administraciones educativas. En menor medida, las organizaciones de la comunidad educativa, que han demostrado una mayor moderación y posibilismo, en líneas generales y siempre con relevantes excepciones.

Después de estudiar y subrayar las 46 páginas y 148 propuestas del Documento final redactado y entregado por el Ministro de educación el pasado 22 de abril, uno piensa que hay una base interesante para avanzar hacia un Pacto Educativo pero, por desgracia, no como Documento definitivo. Quizá ese ha sido el error del Ministro: no haber tenido un poco más de recorrido o cintura, bien para incorporar algunas propuestas más del principal partido de la oposición (revisar los contenidos de EpC, reconocer el derecho al concierto, reunificar los contenidos comunes a todas las CC.AA.) o de la comunidad educativa (sentar las bases de la complementariedad de las redes, garantizar la libertad de elección de centros, asegurar la neutralidad ideológica en los centros públicos…), o bien para dejar el Documento como un conjunto de propuestas pedagógicas exclusivamente, sin meterse en otras consideraciones.

Y hay que reconocer al ministro Ángel Gabilondo una gran valentía al enfrentarse voluntariamente a los seis mihuras que suponen el Pacto educativo, pues precisamente el contexto político, social y mediático no es el más propicio para semejante aventura. Pero sería frívolo decir que si el PP hubiera querido, el Pacto se hubiera producido, pues como hizo el Ministro en la comparecencia del jueves 6 de mayo, hay que respetar con caballerosidad, las decisiones de cada institución, sin entrar a juzgar sus intenciones.

Personalmente creo que el Ministro de Educación no sólo ha tenido enfrente al PP, también ha tenido que luchar contra una política equivocada del Gobierno en todos los sectores, negando la crisis económica y no queriendo actuar ante ella, abriendo todos los fantasmas posibles con la Ley de Memoria Histórica, la nueva regulación del aborto, la revisión de la Ley de Libertad Religiosa, intentando el aislamiento de la oposición, etc. Y no sólo eso, las comunidades autónomas socialistas han iniciado una campaña de acoso a la enseñanza concertada, claramente visible en Extremadura, Asturias, Andalucía, Cantabria o Baleares. Por desgracia, este es el contexto. El Ministro tiene nuestra credibilidad, pero el Gobierno y el partido que lo sustenta, sus administraciones educativas…

Llegados a este punto, es coherente pedir al Ministro que siga adelante con las propuestas de mejora, desde su actual responsabilidad y con la colaboración de las comunidades autónomas que deseen aplicarlas y recibir parte de los 1.570 millones de euros comprometidos. Y dentro de estas medidas, se encuentran también algunas planteadas por el PP y por distintas instituciones. Como usted dijo, “si son positivas, las aplicaremos, con independencia de quién las proponga”. Esto le honra, sin duda, y puede ser un buen comienzo para hacer realidad un cambio de rumbo en nuestro sistema educativo.

Es difícil separar el texto del contexto, pero se puede intentar, siempre que el contenido merezca la pena, incluya propuestas pedagógicas razonables y suponga un acercamiento de posturas moderadas en cuestiones que afectan a derechos y libertades. Y en este sentido, hay que decir bien claro que quienes niegan la complementariedad de la redes y la libertad de las familias de elegir el tipo de educación para sus hijos, a los que defiende una “enseñanza única, pública y laica”, no están simplemente manifestando una opinión: están negando nuestro marco jurídico educativo (por favor, que vuelvan a leer la Constitución, la LODE y la LOE).

La enseñanza concertada siempre ha estado a favor de un gran Pacto de Estado en Educación (estuvo en la Declaración conjunta a favor de la Educación de 1997 o en el reciente intento de Pacto educativo en el seno del Consejo Escolar del Estado en 2005), pero dicho Pacto debe reconocer el papel y compromiso social de los centros concertados, su importancia como garante de la libertad real de enseñanza, su “derecho a existir” en igualdad de condiciones sin la permanente amenaza de su extinción “porque ya no son necesarios”. Siempre serán necesarios porque no están para cubrir los puestos gratuitos que no puede cubrir la enseñanza pública, están para garantizar la libertad de elección de las familias.

Luis Centeno Caballero
Abogado de Escuelas Católicas