Informe alternativo de laboratorio

26.04.10 | 10:49. Archivado en Política educativa, José Antonio Poveda

informe El “laboratorio de alternativas” acaba de publicar un estudio titulado “Los efectos de los conciertos sobre la eficiencia y la equidad del sistema educativo español”. Respecto de la equidad, el estudio pretende analizar si el sistema de conciertos ha contribuido a igualar las oportunidades de elección de centro sostenido con fondos públicos. Tras un complejo análisis estadístico, a partir de datos extraídos del informe Pisa 2006, concluye lo de siempre: en los centros públicos se concentran mayoritariamente los alumnos de entornos económicos menos favorecidos. Afirma, además, que el régimen de conciertos ha provocado que las familias de rentas medias-altas hayan abandonado los centros públicos.

Cuando me encuentro con tablas y fórmulas estadísticas recuerdo aquel ejemplo de las dos personas hambrientas a las que se les sirve un delicioso pollo. Una de ellas, aprovechando un descuido del otro, se lo come todo y el otro no prueba nada. Sin embargo, según la estadística, cada uno habría comido el 50% del pollo. Pero suponiendo que el estudio no haga este tipo de “elaboraciones propias”, lo que sí parece claro es su carácter meramente descriptivo. Nos cuenta cómo es la composición social de los centros pero no explica por qué el concierto tiene ese efecto. A este aspecto le dedica tan sólo un párrafo en la página 27 (el estudio tiene 50 folios) para decir lo de siempre: que los centros concertados seleccionan al alumnado por medio de cobro de cuotas varias, exigencia de uniformes, o aconsejando preinscribirse en otro centro aludiendo exceso de demanda. Sin embargo, toda la parafernalia estadística empleada para “describir”, brilla por su ausencia para “explicar”: ni un dato de sanciones a centros por incumplir la normativa de admisión de alumnos, ni porcentajes de centros que exigen uniformes (habría mucho de que hablar sobre si el uniforme favorece o no la integración), o cuáles son esos cobros, si están o no previstos en la ley y qué cantidades.

Es más, me atrevo a afirmar que a los autores no les interesa averiguarlo. En la página 43, ya en el capítulo de propuestas, vuelve a incidir en la “exigencia” de cuotas por servicios no estrictamente escolares y, a pie de página, dice lo siguiente: “algunos autores justifican esas cuotas en la insuficiencia de las subvenciones públicas que perciben los colegios concertados para financiar la totalidad de los costes en que incurren. La carencia de datos para contrastar esta hipótesis impide, a nuestro juicio, justificar este tipo de prácticas”. Les han puesto la clave en bandeja y ¿renuncian a investigarlo?

¿Carencia de datos? ¿Hipótesis? No, hombre. Un mínimo de honradez intelectual exigiría a los autores (que son universitarios) tirar de ese hilo. Los datos existen y ustedes no quieren conocerlos. Los autores cuando explican que, por el concierto, la Administración se compromete a financiar la actividad educativa del centro mediante unos módulos económicos por unidad, omiten deliberadamente que el objetivo de ese módulo es asegurar que se haga en condiciones de gratuidad. La LOE lo dice hasta en cuatro ocasiones y se compromete a adecuar ese módulo al coste real. ¿Y por qué lo establece? ¿Qué ocurre ahora? Pues que el concierto cubre sólo en torno al 60% de los gastos del centro. ¿Y de dónde sale el resto? La propia Ley dice que a través de márgenes en los precios de los servicios escolares (comedor, transporte) que se consideran no lucrativos si se revierten en la mejora de las instalaciones. ¿Y si no llega? Pues pedir donaciones, que también lo preveía la LODE (Artículo 50). Los datos los tiene publicados el “Foro Calidad y Libertad” y los tienen disponibles en la página web de Escuelas Católicas. Y en las estadísticas del Ministerio a las que me referí hace poco en otro artículo.

Si el gasto público educativo por alumno es de 3.520 euros en los centros públicos y de 1.840 en los concertados; si el comedor en los centros públicos está fuertemente subvencionado; si los centros públicos tienen gratis el transporte escolar; si todos los fondos públicos para la implantación de la LOE se destinan a los centros públicos (grupos de refuerzo, desdobles en idioma y materias instrumentales, diversificación curricular, etc., sin contar equipamientos informáticos o el bilingüismo); si la partida de Otros Gastos del módulo de conciertos ha perdido un 20% de poder adquisitivo en los últimos 12 años; si todo es gratis en los centros públicos y no lo es en los concertados porque el Estado no lo paga, ¿a dónde piensan los autores del informe que llevarán a sus hijos las familias de menor renta? Pero claro, los autores del informe “no tienen datos” para contrastar la “hipótesis”. Lo que no tienen es inquietud por conocer la realidad, que es lo peor que se puede decir de un investigador universitario.

Y sin explicaciones de por qué el concierto tiene, presuntamente, el efecto descrito en el informe no es posible formular propuestas correctoras y menos utilizando como coartada una pretendida base científica ¿Y el Ministerio quiere crear confianza en un Pacto educativo cuando desde el entorno del PSOE se elaboran estos informes de laboratorio?

Jose Antonio Poveda González
Abogado de Escuelas Católicas