Fiel a su cita anual, el traído y llevado tema del “velo” ha reaparecido en nuestro sistema educativo y, con ello, en los titulares, editoriales y artículos de opinión de la práctica totalidad de medios de comunicación.
Efectivamente, el “pulso” que ha echado una parte de la comunidad islámica a nuestra educación se ha resuelto como no podía ser de otra forma: con la pura aplicación de la ley, articulada a través del reglamento de régimen interior del centro; es decir, a través de las normas de naturaleza legal y de obligado cumplimiento que articulan la vida, el funcionamiento, y los derechos y deberes de los centros docentes y de sus comunidades educativas.
El proceso vivido en el Instituto público Camilo José Cela, de Pozuelo, se me antoja sencillo, y su resolución impecable: una alumna incumple una norma de convivencia del referido reglamento y los responsables directivos aplican la consecuencia prevista en dicho texto para ese tipo de situaciones. Incluso con buen criterio, y vista la controversia creada en torno al asunto, la dirección promueve una reunión extraordinaria del consejo escolar con objeto de analizar la situación y, en su caso, revisar el contenido del reglamento. La resolución es conocida por todos: ratificación de la norma reglamentaria y aplicación de la misma a la alumna infractora.
Sinceramente, no parece que tenga fundamento polemizar sobre asuntos que, dejando al margen otras consideraciones periféricas o contextuales, son esencialmente claros y simples. Máxime además, cuando el caso planteado se ajustaba con nítida precisión al supuesto de hecho previsto en el correspondiente artículo. Entonces... ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanta invocación a la pretendida nueva “Ley de Libertad Religiosa”, que se presume que puede ser todo, menos alentadora de la libertad? ¿Por qué la demanda de una norma que regule el tema con carácter general, hurtando capacidad de decisión y de regulación a los propios centros y a sus comunidades educativas?
Mucho nos tememos que, una vez más, la irrupción de estos temas en nuestra educación, en la sociedad, en nuestros políticos, y en nuestros medios, obedece a otro tipo de intereses, y no a iniciativas individuales provocadas por una autoridad religiosa local o por una familia aislada. Mucho nos tememos que el carácter forzado e injustificado de la pretendida nueva “Ley de Libertad Religiosa”, que en absoluto responde a una demanda social, necesita de artificios como éste, que la justifiquen y la impulsen. Es decir, fuera símbolos religiosos y, ya de paso, fuera autonomía de los centros y capacidad de autogobierno.
Sin duda, que los centros docentes y sus comunidades educativas tengan autonomía para dotarse de normas y resolver así sus propios conflictos, debe resultar molesto para determinados poderes públicos o para ciertos sectores de opinión. Y es que eso de considerar como “patata caliente” esta capacidad de decisión esconde una forma de ver a los agentes educativos llena de un paternalismo algo despótico que debemos rechazar enérgicamente.
Que no se preocupen. Que los centros saben perfectamente cómo orientar su destino y cómo dotarse de buenas normas que permitan una convivencia saludable y respetuosa. El caso comentado, y otros muchos crónicamente repetidos en nuestra historia reciente son buena prueba de ello. Y por favor, que no confundan nuestra legítima e indispensable autonomía, con una “patata caliente”.
Emilio Díaz Muñoz
Secretario Autonómico de Escuelas Católicas de Madrid
Martes, 29 de mayo
Escuelas Católicas
Jordi Llisterri i Boix
Pedro Tarquis
Juan Fernandez Krohn
Manuel Mandianes
Alejandro Córdoba
Desiderio Parrilla Martínez
Asoc. Humanismo sin Credos
Josemari Lorenzo Amelibia
Francisco Margallo
Francisco Baena Calvo