El Estado gasta en conciertos menos de lo que debe

24.03.10 | 09:04. Archivado en Política educativa, José Antonio Poveda

gastoconciertos Una de las soflamas típicas de los presuntos defensores de la escuela pública es que los fondos destinados a los centros privados concertados se detraen a la escuela pública. Si se suprimieran los conciertos esos fondos se destinarían a los centros públicos en beneficio de una mejora de sus instalaciones y condiciones en la prestación del servicio educativo en condiciones de igualdad para todos.

Recientemente han visto la luz unos datos muy significativos proporcionados por la Oficina de Estadística del Ministerio de Educación y el Sistema estatal de indicadores de la educación del Instituto de Evaluación. En el avance 2009 se dedica un capítulo al gasto público destinado a conciertos. Este capítulo ofrece al principio los datos sobre distribución de los centros no universitarios en el curso 2006: el 71% son centros públicos, el 17,7% son privados con todas o parte de sus enseñanzas concertadas y el 11,3% son privados sin concierto. Sin embargo los porcentajes de escolarización son diferentes: el 67,4% se escolariza en la red pública, el 26,2% en la red privada concertada y el 6,4% en la red privada sin concierto. De lo cual se infiere que la red privada concertada realiza un esfuerzo mayor en la satisfacción del derecho a la educación de una población que la escoge en mayor proporción a su capacidad de admisión.

Respecto del gasto público en conciertos, en el año 2006 se destinaron 4.717,2 millones de euros, lo que representa un 11,13% del gasto público en educación. Es decir que los centros privados reciben este porcentaje cuando atienden al 26,2% de la población escolar. Nada más y nada menos que 15 puntos porcentuales de diferencia. Sin embargo a la escuela pública se destina el 88,87% mientras que atiende al 67,4% de los escolares. ¿Cuál sería la situación de la escuela pública si tuviera que acoger el 26,2% de alumnos de la red concertada con un incremento presupuestario de tan sólo el 11,13%?

El propio Ministro de Educación reconoce en una entrevista en el diario El Mundo (día 22 de marzo, páginas 12 y 13) que “no se defiende la enseñanza pública luchando contra la concertada”. Yo creo que sabe de lo que habla. Y es que, desde luego, para la escuela pública la existencia de la red concertada, lejos de ser un “enemigo”, es un chollo.

Sin embargo la situación es de gran injusticia. Quizá por ello el Ministro afirme también que “todo centro que reciba financiación, sea público o concertado, tiene unos derechos y unas obligaciones”. Puesto que los centros concertados ya cumplen con sus obligaciones legales (entre otras muchas, la aplicación de la misma normativa de admisión de alumnos que los centros públicos) hay que suponer que las palabras del Ministro se refieren al cumplimiento, por fin, de la única obligación de la administración al suscribir un concierto con un centro privado: dotarle económicamente para que pueda impartir la enseñanza en régimen de gratuidad real para las familias y para el propio centro. Porque, a la vista de los datos anteriores y partiendo del uso eficiente de los fondos públicos ¿cómo es posible que el Estado considere que el alumno de la concertada sea más barato que en un centro público? ¿O es posible que se esté despilfarrando el dinero en la escuela pública? Sin embargo, la LOE determina la adecuación del módulo económico del concierto al coste real de la enseñanza y la red concertada sigue esperando. ¿Facilitará el pacto escolar el cumplimiento de la Ley?, ¿o cuando el Ministro afirma que “la permanencia de los colegios concertados está garantizada en la LOE” significa que todo seguirá igual (de injusto)? Pronto lo sabremos.

Jose A. Poveda González
Abogado de Escuelas Católicas