La credibilidad mínima para un pacto educativo

10.03.10 | 11:05. Archivado en Política educativa, José Antonio Poveda

credibilidad Dice el refrán que una cosa es predicar y otra dar trigo. La verdad es que resulta difícil encontrar una frase mejor para resumir la actuación del Ministerio en las últimas fechas: predica Pacto educativo pero sólo da trigo a los centros públicos.

Efectivamente, en el último documento de propuestas del Ministerio para un Pacto educativo se predican la dotación de medidas de apoyo para el alumnado con dificultades de aprendizaje en la ESO (nº 24), que se concreta en apoyos para los alumnos con dificultades en 3º de ESO (nº 14), el incremento de programas de diversificación curricular (nº 15), medidas de refuerzo para repetidores en 3º (nº 20) y organización de refuerzos en la ESO (nº 31). Por otro lado se debe asegurar (nº 77.a) la escolarización equitativa del alumnado con necesidades educativas especiales, con especiales dificultades de aprendizaje, alumnado inmigrante o procedente de minorías étnicas o culturales entre todos los centros públicos y concertados, pero también (nº 77.c) que todos los centros públicos y concertados que lo necesiten dispondrán de los medios, programas, recursos y medidas de apoyo necesarios para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, el Pacto propone la elaboración de una memoria económica que contemple todas las medidas incorporadas en el pacto en la que se establezca tanto la aportación de la Administración General del Estado como la de las comunidades autónomas (nº 134). El último párrafo del documento señala que se elaborará una addenda anual para concretar las medidas específicas en cada año. Hasta aquí la predicación.

¿Y el trigo? Pues el trigo se encuentra en los convenios de colaboración (BOE del 26 de febrero) firmados por el Ministerio con las distintas comunidades autónomas para desarrollar el plan de apoyo a la implantación de la LOE. Pero claro (la verdad es que ya no sorprende) el trigo es sólo para los centros públicos. En el anexo del convenio (por ejemplo, el firmado con la Comunidad de Madrid) se establecen cinco actuaciones del plan. Así, el programa de apoyo al aprendizaje de idiomas, que prevé el desdoble de los grupos de Inglés en 3º y 4º de ESO, sólo en los institutos públicos. El programa para la mejora del éxito escolar, que contempla la implantación de programas de diversificación curricular, refuerzos y apoyos en Lengua y Matemáticas y creación de grupos específicos singulares, en 1º, 2º y 3º de ESO sólo para los institutos públicos. El programa piloto para la extensión o modificación del tiempo escolar para alumnos que requieran una atención especial, que se dirige exclusivamente a los centros públicos. Hay otra actuación dirigida a disminuir el abandono escolar temprano en alumnos con 18 años que ya no están en los centros que no se sabe a quién afectará. Así las cosas, el programa de formación del profesorado, es el único del que la enseñanza concertada parece que no ha quedado excluida, si bien tampoco se reconoce expresamente.

Con todo, lo peor es que la LOE (a la que este plan dice ayudar, y de la que el Pacto recoge buena parte de sus medidas) determina en su Artículo 84.1 que “las administraciones educativas dotarán a los centros públicos y privados concertados de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar la situación de los alumnos que tengan especiales dificultades para alcanzar los objetivos de la educación obligatoria, debido a sus condiciones sociales”, y en el Artículo 72.2 que “los criterios para determinar los recursos humanos y materiales para la atención del alumnado con necesidades educativas específicas serán los mismos para los centros públicos y privados concertados”. Si esto lo dice una Ley Orgánica (LOE) y vemos los términos en los que se acaban de firmar los convenios de apoyo a su implantación, ¿por qué debemos creer en el Pacto que nos propone el Ministerio de Educación? ¿Es necesario en un Estado de Derecho que exista un pacto para que las leyes se cumplan? ¿Cuáles son las consecuencias de estos convenios para la distribución equilibrada de los alumnos con dificultades entre centros públicos y privados concertados?

En conclusión, la consecución de un pacto educativo requiere de unas condiciones mínimas de credibilidad en los responsables políticos que lo lideran o promueven. Actuaciones como las descritas, lejos de favorecerlo, suponen un grave obstáculo.

Jose A. Poveda González
Abogado de Escuelas Católicas