La escuela no es una entidad impermeable que no sienta los cambios del tiempo, ni de las ciencias, ni de nuestra sociedad. En 1985, el innovador y revolucionario pedagogo Andy Hargreaves escribía: “Será necesario asumir grandes riesgos para crear el saber que dará nacimiento a una innovación radical de la escuela si se quiere que sea capaz de responder al desafío actual. La experiencia puede ser dolorosa pero también apasionante. Se requiere de un saber creado en una dinámica «de ida y vuelta» de la práctica a la reflexión y viceversa, en el que se ha de correr el riesgo de pensar y hacer las cosas de otro modo, de ir a contracorriente del inmovilismo y del desánimo del «todo es un desastre» y del «siempre se ha hecho así».
Una de las soflamas típicas de los presuntos defensores de la escuela pública es que los fondos destinados a los centros privados concertados se detraen a la escuela pública. Si se suprimieran los conciertos esos fondos se destinarían a los centros públicos en beneficio de una mejora de sus instalaciones y condiciones en la prestación del servicio educativo en condiciones de igualdad para todos.
Recientemente han visto la luz unos datos muy significativos proporcionados por la Oficina de Estadística del Ministerio de Educación y el Sistema estatal de indicadores de la educación del Instituto de Evaluación. En el avance 2009 se dedica un capítulo al gasto público destinado a conciertos. Este capítulo ofrece al principio los datos sobre distribución de los centros no universitarios en el curso 2006: el 71% son centros públicos, el 17,7% son privados con todas o parte de sus enseñanzas concertadas y el 11,3% son privados sin concierto. Sin embargo los porcentajes de escolarización son diferentes: el 67,4% se escolariza en la red pública, el 26,2% en la red privada concertada y el 6,4% en la red privada sin concierto. De lo cual se infiere que la red privada concertada realiza un esfuerzo mayor en la satisfacción del derecho a la educación de una población que la escoge en mayor proporción a su capacidad de admisión.
Uno de los mantras que arguyen los defensores de la escuela pública es que la libertad de elección de centro fomenta la segregación social. Esta hipótesis para ellos resulta incuestionable. Se da por descontado que a mayor capacidad económica y mayor estatus social, mayor es la inclinación a escoger un centro privado o privado-concertado. Ante esta situación, la cohesión social exigiría coartar la libertad de elección de centro o reducirla a su mínima expresión. Eso cuando no su supresión por un modelo de escuela única y pública (se añade también lo de laica).
Sin embargo, un informe de FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorro) sostiene precisamente lo contrario en el estudio publicado en el número 39 de la serie “Economía y Sociedad” y que lleva por título “Educación y Familia. Los padres ante la educación general de sus hijos en España” (2009).
El documento de propuestas para un Pacto social y político en educación señala, como objetivo 3, la flexibilidad del sistema educativo, especialmente en los estudios postobligatorios. En este sentido, propone en el nº 39 lo siguiente: “Revisaremos la estructura del Bachillerato, para flexibilizar su organización y establecer los procedimientos necesarios para que el alumnado pueda superar todas las materias que lo configuran, incentivando la responsabilidad y el esfuerzo para la pronta superación de dificultades y el avance de los estudios”.
Esta propuesta puede pasar inadvertida entre la otras 135 que contiene el documento, la mayoría de las cuales son reflejo de la regulación ya existente en la LOE. Para comprender el significado del número 39, conviene recordar que hace casi un año el Tribunal Supremo anuló el precepto del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas del Bachillerato que permitía pasar de 1º de Bachillerato con 3 ó 4 suspensos y ampliar la matrícula con 2 ó 3 materias de 2º curso. Aquella medida tenía como objetivo confeso, y así figuraba en el expediente administrativo, la organización flexible del Bachillerato. Es decir, organizarlo en tres cursos, en función del itinerario que se diseñara el propio alumno, rompiendo la estructura de curso de este nivel e implantando un sistema similar al universitario, en el que el alumno se matricula de asignaturas, sin más límites que las normas de prelación entre las mismas. El Tribunal Supremo consideró que esta forma de organización “flexible” vulneraba la LOE.
Acaba de aparecer la noticia de que el Pacto político y social por la educación que está propiciando el Ministro de Educación parece cada vez más lejano, sobre todo si se admite que un Pacto de Estado es imposible si no lo suscribe la principal fuerza de la oposición. En efecto, el día 9 de este mes de marzo se discutía en la Comisión de Educación del Congreso una proposición no de ley del PP, que había sido transaccionada con CiU y apoyada por el PNV, que finalmente no fue admitida por PSOE, BNG y ERC. La proposición pedía que “se diera estabilidad al concierto de los centros que imparten enseñanzas obligatorias, siempre que cuenten con la demanda de plazas de las familias y cumplan los requisitos”.
Que se atienda a la demanda de las familias en la concesión de los conciertos ha sido una demanda constante de Escuelas Católicas a lo largo de todo estos años. Nada hay más democrático que conceder la concertación de un colegio si hay demanda de plazas.
Dice el refrán que una cosa es predicar y otra dar trigo. La verdad es que resulta difícil encontrar una frase mejor para resumir la actuación del Ministerio en las últimas fechas: predica Pacto educativo pero sólo da trigo a los centros públicos.
Efectivamente, en el último documento de propuestas del Ministerio para un Pacto educativo se predican la dotación de medidas de apoyo para el alumnado con dificultades de aprendizaje en la ESO (nº 24), que se concreta en apoyos para los alumnos con dificultades en 3º de ESO (nº 14), el incremento de programas de diversificación curricular (nº 15), medidas de refuerzo para repetidores en 3º (nº 20) y organización de refuerzos en la ESO (nº 31). Por otro lado se debe asegurar (nº 77.a) la escolarización equitativa del alumnado con necesidades educativas especiales, con especiales dificultades de aprendizaje, alumnado inmigrante o procedente de minorías étnicas o culturales entre todos los centros públicos y concertados, pero también (nº 77.c) que todos los centros públicos y concertados que lo necesiten dispondrán de los medios, programas, recursos y medidas de apoyo necesarios para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, el Pacto propone la elaboración de una memoria económica que contemple todas las medidas incorporadas en el pacto en la que se establezca tanto la aportación de la Administración General del Estado como la de las comunidades autónomas (nº 134). El último párrafo del documento señala que se elaborará una addenda anual para concretar las medidas específicas en cada año. Hasta aquí la predicación.
Suele decirse que las “palabras se las lleva el viento”. Yo diría que incluso las escritas, también. Que fácil es hablar de “Pacto político y social por la educación”, de “aunar fuerzas para encontrar el consenso”, en definitiva, de “dejar a un lado la política para buscar soluciones entre todos”. Realmente es fácil y correcto.
Pero lo difícil es traducir esos buenos propósitos en medidas concretas y tangibles, en resoluciones publicadas en el BOE, en presupuestos contantes y sonantes, en convocatorias públicas abiertas a todos.
Hola a todos,
He conseguido un módem y estoy casi en la calle, literalmente hablando. Tengo montones de mensajes de animo, de apoyo, de solidaridad. No puedo contestar a cada uno. A muchos de los que me escribís ni siquiera os conozco ni me conocéis, pero agradezco vuestra cercanía. Me emociona leeros y saber que tantas personas sois capaces de entender el dolor de esta catástrofe.
Me estoy tomando ahora la vida con más calma. Aunque realmente no sé si llamarlo calma o es que voy perdiendo fuerzas. Las urgencias del primer mes ya van pasando. La gente empieza a intentar hacer vida normal y eso, nos dicen, es buena señal. Aunque la ciudad sigue viéndose desolada, destruida y llena de organizaciones intentando ayudar.
El Consejo de Ministros del pasado 12 de febrero aprobó el nuevo Real Decreto por el que, parece ser, se establecen los requisitos mínimos de instalaciones que deben reunir los centros educativos para ser autorizados, en cumplimiento de la obligación que le señala el Artículo 14 de la LODE al Gobierno. Y digo que “parece ser” porque la nueva norma señala los espacios (laboratorios, gimnasio, aula informática, de música, etc.) pero no indica su dimensión. En su lugar, se remite al código técnico de edificación y, además, encarga su desarrollo a las distintas administraciones educativas.
Así, este Real Decreto permitirá que cada comunidad autónoma pueda exigir a los centros requisitos de instalaciones adicionales para obtener la autorización, circunstancia que, hasta ahora, no era posible. Por otro lado, las autonomías también pueden fijar las dimensiones de los espacios, lo cual dependerá de la interpretación que en cada lugar se otorgue al código técnico de edificación. Este código determina, al referirse a las normas contra incendios, que los espacios destinados a laboratorios, biblioteca, talleres, gimnasio, etc., deben disponer de 5 m2 por alumno. ¿Cuánto debe medir, entonces, el laboratorio de ESO? Pues depende. Si se toma en cuenta el número de alumnos por aula de ESO (30), resulta que el mínimo son 150 m2, cuando hasta ahora sólo se exigían 60. Al igual que la biblioteca, que debería ser de 150 m2 cuando hasta ahora era de 60 m2. Pero también cabe que una autonomía determinase que la dimensión del laboratorio se calcule en función del número de unidades autorizadas, con lo que las dimensiones podrían ser todavía mayores. Por otro lado resulta que, con el mismo criterio, el gimnasio de ESO debería medir 150 m2, cuando hasta ahora era de 480 m2. ¿Y las aulas de desdoble que han aparecido por arte de magia en el texto final del Real Decreto? Pues una incógnita, pues a priori no se puede saber cuántos alumnos acudirán a la misma.
Hace unos días, con ocasión de debate abierto sobre el pacto educativo, leía esta frase del actual Presidente de CEAPA en relación con la libertad de elección: “libertad de elección, sí; que la tengamos que pagar todos, no.” Aunque la afirmación no deja de ser un poco ambigua, entiendo que lo que ha querido decir es que no es aceptable que los padres de la pública paguen la libertad de elección de quienes eligen la escuela concertada.
Creo que detrás de esta afirmación y de otras similares que he escuchado con frecuencia hay un terrible error de concepto, porque lo que sucede es exactamente al revés. Son los padres de la concertada quienes hacen posible que la escuela pública sea totalmente gratuita.
Martes, 29 de mayo
Escuelas Católicas
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