La Formación Profesional sostenible

22.02.10 | 09:13. Archivado en Política educativa, José Antonio Poveda

fpsostenible Como respuesta a la profunda crisis económica que padece España, el Gobierno ha anunciado su apuesta por la Economía Sostenible y elaborado un anteproyecto de Ley que, bajo ese nombre, reúne un conjunto de medidas que afectan a sectores muy distintos.

Sobre este anteproyecto, que dedica 15 artículos a la Formación Profesional, ya se han pronunciado el Consejo Escolar del Estado y la Junta de participación de Consejos Escolares Autonómicos. Ambas instancias coinciden en señalar que se trata de una Ley que introduciría modificaciones muy importantes en el ámbito de la Formación Profesional. Como muestra, el dictamen del Consejo Escolar del Estado señala que al menos seis artículos de la LOE quedan afectados por este proyecto, y deberían modificarse, y plantea un total de 64 observaciones al proyecto. Por su parte, la Junta de Consejos Escolares Autonómicos ha puesto de manifiesto en su dictamen su “sorpresa e inquietud” por la tramitación con carácter de urgencia de este proyecto por cuanto las reformas planteadas “tendrán, sin duda alguna, consecuencias de enorme relevancia en el sistema educativo español”. Paradójicamente, la tramitación de este anteproyecto de ley coincide en el tiempo con las conversaciones en torno al posible pacto educativo.

Respecto del contenido concreto, el anteproyecto establece la posibilidad de ofertar programas flexibles de FP con referencia al Catálogo Nacional de Cualificaciones que permitan la acreditación de competencias profesionales sin conducir necesariamente a la obtención de un determinado título profesional. Se pretende también potenciar la FP a distancia, flexibilizar el acceso a las enseñanzas de FP y la reversibilidad de las decisiones. Se establece un curso puente entre grado medio y grado superior, un curso de acceso a grado medio y un curso para los titulados de grado medio cuya superación permite obtener el título de Bachiller. Sin duda son asuntos de gran trascendencia que merecen ser pactados y consensuados previamente.

Mención aparte merece el artículo dedicado a la oferta integrada de las enseñanzas universitarias y de formación profesional. La Junta de Consejos Escolares considera “preocupante” dicha propuesta, que “puede dar lugar a importantes desajustes que pongan en riesgo tanto la provisión de técnicos cualificados como la atención a las necesidades de formación de la población activa”. Añade su informe que “los ciclos formativos de grado superior se imparten en centros que gozan de gran prestigio entre las empresas por estar muy ligadas sus enseñanzas a las necesidades del tejido productivo del entorno”. El dictamen, aún valorando positivamente la relación, la coordinación y las pasarelas entre FP y la Universidad, considera que con dicha integración se puede perder el valiosísimo contacto de la actual FP con el tejido productivo y la consideración que estos estudios han alcanzado entre las empresas”. La alerta no es baladí, sobre todo si se tiene en cuenta que dicha integración se plantea también en el orden físico, es decir, a través de los campus universitarios. Movimiento que parece obedecer también a un intento de la universidad de captar alumnado ante la menor afluencia de alumnos por la bajada demográfica. Por cierto, el Consejo Escolar del Estado ha sugerido que la integración se realice sólo en Campus Universitarios Públicos. Esperemos que el Gobierno desoiga dicha sugerencia.

Ciertamente, los centros clásicos de FP se encuentran ante un horizonte de incógnitas. Por un lado, cambios en cuanto a los contenidos de las enseñanzas (nuevos títulos, sustitución de los antiguos y referencia al Catálogo Nacional de cualificaciones). Por otro, creación de centros de referencia nacional, centros integrados de FP, centros que sin ser integrados ofrecen también formación continua, y ahora una propuesta de impartir FP integrada en la universidad. Además, el anteproyecto de Ley señala una planificación de la oferta de FP sostenida con fondos públicos sin participación de los titulares de los centros privados concertados de FP. En definitiva, nubarrones en el horizonte que, sin duda, nuestros centros disiparán con audacia, esfuerzo y creatividad para sostener su oferta educativa. Como lo han hecho siempre. Sólo requieren de un marco que se lo permita. ¿Se lo impedirá el anteproyecto de ley que prepara el Gobierno?

José A. Poveda González
Abogado de Escuelas Católicas