El Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo recoge en el Capítulo III una serie de medidas a aplicar en el ámbito educativo que tienen como objeto la inclusión de la formación sexual y reproductiva en el sistema educativo y la realización de actividades formativas relacionadas con la misma. En este apartado del Proyecto de Ley se recogen afirmaciones que no suscitan excesivos temores, como cuando se dice que la formación sexual debe formar parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en valores, que se debe promover una visión de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad, que se debe educar en la prevención de enfermedades de origen sexual y que se han de prevenir los embarazos no deseados en el marco de una sexualidad responsable.
Pero junto a ellas hay cuestiones que son motivo de honda preocupación. Entre otras, la recogida en el Artículo 10 del Proyecto, en el que se pide a los poderes públicos que apoyen a la comunidad educativa en la realización de actividades formativas relacionadas con la educación afectivo sexual, la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, facilitando información adecuada a los padres y madres. Aunque no sabemos qué desarrollo pueda darse a esta petición por parte del Estado y de las comunidades autónomas, y sin querer poner la venda antes de la herida, es indudable que existe el riesgo cierto de que quienes aprobaron este proyecto de Ley tengan la tentación de querer justificarlo éticamente.
No podemos olvidar que estamos hablando de un Proyecto de Ley no consensuado, que está produciendo una enorme división en el seno de la sociedad, sobre todo por haber considerado la interrupción del embarazo como un derecho exclusivo de la madre. Por otra parte, estamos hablando de una cuestión ética de la máxima importancia, que toca lo más hondo de la conciencia de cada persona y en la que no es admisible coacción alguna.
Por eso es motivo de preocupación que se quiera utilizar la escuela para convencer a alumnos de las bondades éticas de la Ley y de los principios morales no compartidos que la inspiran. Sería un grave error que así se hiciera y produciría un justificado rechazo de una gran parte de la sociedad española que no estamos de acuerdo con la misma.
Manuel de Castro
Martes, 29 de mayo
Escuelas Católicas
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