Autonomía, participación y proyecto educativo

03.02.10 | 11:10. Archivado en Política educativa, Luis Centeno

proyectoeducativo Acabamos de conocer la Propuesta de Pacto Político y Social por la Educación, elaborada por el Ministerio de Educación y presentada a los responsables educativos de las distintas comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del pasado 27 de enero de 2010.

Dejando a un lado las proposiciones pedagógicas, escasas en lo que refiere a innovación, pero interesantes por cuanto suponen una reconsideración de principios defendidos desde hace tiempo por algunas organizaciones, entre las que se encuentra Escuelas Católicas, como el valor del esfuerzo personal del alumno, la importancia del reconocimiento personal y público de sus méritos, la atención individualizada desde las enseñanzas iniciales con las medidas de refuerzo precisas para reconducir situaciones que después serán irreparables, la recuperación de la autoridad de los docentes, la apuesta clara por una diversidad de opciones desde la realidad de los alumnos (sus capacidades y aspiraciones) no desde teorías sociales, etc; deseo centrarme en tres aspectos relevantes del documento, relacionados entre sí.

El primero versa sobre la importancia de la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión de los centros educativos, como factor determinante para alcanzar la deseada calidad educativa. Esta medida no debería ser realmente novedosa pues aparecía en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2004 y, con especial profusión, en la propia Ley Orgánica de Educación de 2006. Sin embargo, a pesar de aparecer recogida en ambas leyes, lo cierto es que las administraciones educativas están asfixiando paulatinamente la capacidad organizativa de los centros, públicos y privados concertados. La última fase de este asedio está protagonizada por las nuevas plataformas informáticas creadas por las consejerías de Educación para facilitar “las relaciones telemáticas” con los colegios, pero que suponen la imposición de un modelo de gestión ajeno al centro y totalmente contrario al principio de autonomía. ¿Cómo se puede defender la autonomía y al mismo tiempo exigir solicitar autorización administrativa para cambiar a un alumno de grupo dentro del mismo curso? ¿Cómo se puede ofrecer libremente estas herramientas informáticas y al mismo tiempo restringir el acceso a ayudas públicas si no se utilizan para incorporar determinados datos de los solicitantes? ¿Dónde quedan los derechos de la Ley de Procedimiento Administrativo o de la Ley de Protección de Datos?

El segundo de los factores destacado en el documento ministerial es el relativo a la participación e implicación de los padres de los alumnos en el proceso educativo de sus hijos como elemento necesario para remontar la actual situación. Estando de acuerdo en este principio, sorprende la ausencia de referencias a los titulares de los centros privados y privados concertados en la Propuesta de Pacto. ¿Acaso se da por supuesta? ¿Deseamos desequilibrar la balanza a favor de los padres que podrán tomar decisiones hasta ahora propias del titular del centro? Evidentemente, el documento no puede privar a los titulares de sus derechos esenciales y, aunque resulte retórico para algunos, es conveniente que aparezcan reflejados de alguna manera en el Pacto.

Y llegamos al tercer factor, en el que confluyen la autonomía y la participación de los sectores: el Proyecto Educativo Institucional de la entidad titular, reflejado en el Proyecto Educativo de Centro. La propuesta ministerial realza la importancia de los Proyectos Educativos ofertados por los centros a la sociedad y escogidos por las familias (de ahí la necesidad de acomodar la programación de puestos escolares gratuitos a la elección de los padres y no a la inversa). Y, verdaderamente, este avance puede ser determinante para mejorar nuestro maltrecho sistema educativo. Si los titulares tienen autonomía REAL para establecer sus Proyectos Educativos y los padres escogen los que se acomodan a sus convicciones personales, será mucho más fácil conseguir su participación e implicación en la enseñanza y aprendizaje de sus hijos y este esfuerzo, colectivo y continuado, dará sus frutos en pocos años.

La pregunta que resta en este momento es la siguiente: ¿pasaremos de las palabras a los hechos en algún momento? Como hemos manifestado en numerosas ocasiones: no es necesario cambiar las leyes educativas sino tener voluntad de cumplirlas, desde la observancia de sus principios inspiradores y el respeto de los derechos fundamentales de todos.

Luis Centeno Caballero
Abogado de Escuelas Católicas