La caída del caballo

06.01.10 | 09:10. Archivado en Política educativa, Luis Centeno

cabello Hace un mes se presentó en sociedad el último informe de la Fundación Alternativas, entidad vinculada al PSOE y tristemente célebre por el “affaire” del señor López Garrido. Dicho estudio estaba centrado en las causas y los efectos de la escolarización de alumnos inmigrantes en los centros públicos y privados concertados.

Evidentemente, este informe tenía como principal objetivo insistir una vez más en la desigual proporción de alumnos inmigrantes entre aulas públicas y concertadas, es decir, mantener abierta en los medios la demagogia de que los males de la enseñanza pública provienen de la concertada.

Pero hecho el estudio y analizados en profundidad los datos económicos vinculados a esta realidad (no en balde contó con la participación de Doctores en Economía y Ciencias Económicas y Empresariales en su elaboración), parece que las conclusiones dan la razón a los que vienen repitiendo que la concertada no sólo cumple su importante papel social y hace posible la libertad de enseñanza y de elección de centro, sino que resulta mucho más eficiente para la sociedad y rentable para la Administración pública.

Efectivamente, según este informe los centros públicos escolarizan al 82% de los alumnos inmigrantes. Pero la pregunta principal es ¿qué porcentaje representa la enseñanza pública y la enseñanza concertada respecto del total? La realidad es que cada año ha aumentado la presencia de la primera en todas las comunidades autónomas, a través de la construcción de nuevas escuelas e institutos, claramente visible en las zonas rurales y en los nuevos barrios de las ciudades, mientras se han mantenido los antiguos centros con unas ratios alumnos/profesor sorprendentes (unidades con cinco ó seis alumnos). Por ello, no se puede achacar a la enseñanza concertada que no escolarice más de 18% de los inmigrantes, cuando ese porcentaje coincide con su presencia en el total de la educación (descontados los centros privados sin concierto).

Pero el informe contiene más datos jugosos: opina que una de las causas por la que los inmigrantes no acuden a los centros concertados es por la existencia de aportaciones voluntarias, por lo que pide el aumento de la cuantía de los conciertos y la prohibición de dichas aportaciones. Al mismo tiempo, solicita una mayor intervención pública en la distribución de estos alumnos, pisoteando derechos fundamentales como el de libertad de elección de centro, por parte de los padres, en coherencia con sus propias convicciones.

Pero este informe omite recordar que la LOE impuso a la Administración la obligación de acomodar el importe del módulo de conciertos al coste real del puesto escolar, a fin de que la gratuidad de la enseñanza no sea a costa de financiación complementaria de los titulares de los centros privados concertados o de las ayudas de las familias. Y después de casi cuatro años desde la aprobación de la LOE, no se ha dado un paso en este tema.
Por lo menos, el informe incluye el reconocimiento de que el puesto escolar en la enseñanza privada concertada es notablemente inferior al de la pública, aunque no explica la causas (mayor dotación de recursos personales y materiales, mejores condiciones retributivas del profesorado, financiación complementaria de los ayuntamientos, etc) ni reconoce que priorizar la apertura de unidades en centros públicos atenta gravemente contra el principio de eficiencia en el uso de los fondos públicos y, por lo tanto, atenta contra la propia LOE.

Y hablando de motivos por los que un inmigrante prefiere la enseñanza pública, olvida omitir que en los centros públicos, los alumnos reciben muchas más ayudas y becas que en los centros concertados: becas de comedor, becas de transporte, becas para material, entrega de ordenadores personales, etc. Y esto sí que hace que una familia con menos recursos, opte por una enseñanza que tiene aparejada una gratuidad total en todos los aspectos. Pero, esta discriminación de trato, ¿es admisible en nuestro marco jurídico? La respuesta es no y así lo han declarado varios tribunales (por ejemplo, el TSJ de Andalucía, anulando convocatorias de ayudas sólo para alumnos de centros públicos).

Para finalizar, me gustaría resaltar tres datos adicionales del informe:

a) Los alumnos inmigrantes obtienen una mejor evolución y rendimiento en los centros concertados que en los públicos. El estudio lo achaca a una menor concentración de este alumnado por unidad. Yo lo achaco a una mayor implicación del profesorado y de los orientadores en la adecuada atención de estos alumnos, empujados por factores no tangibles como la motivación (ligada a la vocación), un mejor diseño organizativo y directivo, una mayor autonomía y menor burocracia, etc.

b) No aparecen evidencias de que un menor número de alumnos por unidad suponga necesariamente un mejor rendimiento académico. Este extremo contradice todos los eslóganes que vinculan calidad educativa con reducción de alumnos por aula. Aunque tengas cinco alumnos por unidad, si no existe motivación en los profesores por enseñar ni en los alumnos por aprender, el resultado no mejora en nada.

c) En la enseñanza privada concertada, los inmigrantes de segunda generación obtienen mejores resultados que los nativos en tres pruebas PISA, lo que pone de manifiesto que con la debida ayuda, los alumnos inmigrantes recuperan rápidamente el desfase inicial y demuestran un destacado afán por aprender, lo que supone un factor positivo para el conjunto del centro y un revulsivo para los alumnos nativos.

En definitiva, las conclusiones de informes como el realizado por la Fundación Alternativas, vienen a desmontar viejos estereotipos y si lo sabemos leer en su conjunto, comprobaremos como la enseñanza concertada consigue hacer realidad derechos constitucionales cómo la libertad de enseñanza, el derecho de creación de centros o la elección de tipo de educación acorde a las propias convicciones personales de los padres, consiguiendo al mismo tiempo, mejores resultados en la atención a los alumnos inmigrantes con un coste mucho menor que la enseñanza pública. Aún así, para muchos la enseñanza concertada es un mal que hay que permitir mientras no existan suficientes centros públicos. Es una verdadera lástima.

Luis Centeno Caballero
Abogado de Escuelas Católicas