La noticia ha pasado prácticamente inadvertida en los medios de comunicación. El pasado 15 de octubre el digital www.lne.es (versión digital del diario La Nueva España), informó de una sentencia del TSJ de Asturias que condena a la Consejería de Educación del Principado a indemnizar con 150.000 euros a cinco familias por los “daños morales” y por el estrés familiar y personal causados al obligar a cambiar de centro a sus hijos, hace ahora ocho años. Entonces, la Consejería decidió la supresión del concierto de varias aulas en distintos centros privados concertados, aulas llenas de alumnos y con lista de espera. Sin embargo, la Consejería estimó que los alumnos de esas aulas les venían estupendamente para llenar las aulas medio vacías de algunos centros estatales y, ni corto ni perezoso, se puso manos a la obra: retiró conciertos y obligó a muchas familias a abandonar el centro que habían elegido para educar a sus hijos.
Este atropello fue anulado por el Tribunal Supremo en el año 2004 y los alumnos pudieron retornar al centro. No obstante, algunas de las familias afectadas decidieron reclamar una indemnización y el TSJ de Asturias acaba de atender su petición. El Tribunal afirma que la actuación de la Consejería provocó un daño cierto “consecuencia directa del funcionamiento anormal de los servicios públicos”, y que los daños morales se derivan “del cambio del entorno” y de la “trascendencia social de los hechos para los afectados”. En este sentido el TSJ da por válido el informe psicológico que certificó el “estrés familiar y personal de este tipo de cambios en edades infantiles”. El Tribunal afirma que “no estamos ante daños hipotéticos o futuros, sino de alteraciones frecuentes y normales en el ámbito personal y familiar desde el punto de vista de la valoración racional de los acontecimientos, y basta para ello descender a los efectos que estas situaciones forzadas y especiales suelen generar en dichos entornos con afectación grave de la vida familiar y escolar”. Todos estos perjuicios se deben, a juicio del Tribunal, “a una actuación administrativa irregular y la vulneración de un derecho fundamental”.
Martes, 29 de mayo
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