Cuando se programa artificialmente la oferta escolar

02.11.09 | 09:53. Archivado en Política educativa, José Antonio Poveda

oferta escolar Si los problemas en educación los tuviéramos que detectar a través de los asuntos que acaban en los tribunales, hay dos que destacan sobremanera, descontando los conflictos por retiradas de concierto o pérdida de unidades concertadas: uno es la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el otro, los procesos de admisión de alumnos (problema éste que, aunque relacionado con los conciertos, tiene un enfoque distinto). Pero si el primero viene motivado por una intensa campaña a favor por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil, con gran repercusión mediática, la segunda, la admisión de alumnos, no ha dispuesto de todo ese fuego de cobertura. De ahí el gran mérito que, a mi juicio, tienen todas esas familias que, con gran desgaste personal, en silencio y sin brillo social, defienden la libertad de enseñanza y su derecho a elegir y se oponen a escolarizar a sus hijos en el centro que les impone la Administración.

Algunos ejemplos. 26 de septiembre, Diario de Cádiz: un juez ordena escolarizar cautelarmente a un menor en 1º de Primaria en el colegio donde su hermano estudia ESO. El niño se había quedado sin plaza en La Salle Mirandilla. 30 de septiembre, Europa Press: los padres de cinco alumnos no admitidos en el Centro Luís de Góngora de Almodóvar del Río (Córdoba) esperan la decisión del juez para escolarizarles en dicho centro. También del 30 de septiembre, Diario de Cádiz: tres son ya los niños que han entrado en San Felipe Neri por orden judicial. El director del colegio no descarta que la cifra aumente en los próximos días. 14 de octubre, el Día de Córdoba: la justicia obliga a la Junta a dar plaza a cuatro niños en el Santa Victoria. Los menores permanecerán durante este curso en el centro gracias a las medidas cautelares dictadas por un juez.

¿Qué está pasando? Pues ocurre como el río que quiere volver a su cauce natural después de haber sido desviado artificialmente por la acción del hombre. Al final, cuando la presión es extrema, el río acaba por abrirse paso hacia su cauce natural. Creo que es una metáfora perfecta para explicar lo que sucede con la admisión de alumnos. En no pocas ocasiones, la Administración educativa programa “artificialmente” dónde se ofertan los puestos escolares gratuitos sin tener en cuenta, en absoluto, las preferencias de las familias, forzando a muchas a escolarizar a sus hijos en centros que no desean. Y cuando ese empeño es extremo (casos antes descritos) el río se desborda o el dique se rompe, y algunos padres logran, gracias a los tribunales, que las aguas vayan por su cauce natural, es decir, que puedan escolarizar a sus hijos en el centro de su elección, en el centro que, a su entender, mejor garantiza la educación que quieren para sus hijos.

La programación de la enseñanza es el único medio que tiene la Administración para garantizar el derecho de elección. Sin embargo para muchas administraciones la programación, es decir, la oferta de plazas escolares gratuitas, tan sólo debe garantizar el derecho a la educación, entendida ésta como mera escolarización, puesto que se parte del principio de que todos los centros deben impartir exactamente la misma enseñanza, de la misma forma y con los mismos métodos, algo que sería la negación misma de la libertad y del pluralismo. El alumno se convierte así en una pieza a encajar en su puzzle de plazas escolares programadas, en un instrumento al servicio de su planificación, cuando constitucionalmente debe ser todo lo contrario: el alumno y su familia es el centro del sistema, a ellos debe atender la programación, puesto que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad del alumno. Este pertenece a su familia y no al Estado.

En este sentido ¿es mucho pedir que la programación escolar “tenga en cuenta” las demandas o preferencias de las familias?. No se dice que sea el único factor, sino que se tenga en cuenta junto a otros. Que la programación, con participación de los sectores afectados, atienda el derecho a la educación y el de elección, que son dos derechos relacionados y complementarios y no contrapuestos. Pues plantear algo tan sencillo es como si cometieras sacrilegio (“ya están con el sacrosanto derecho de elección” he oído no hace mucho). Por eso, cuando algo tan lógico es negado sistemáticamente ocurre lo que a ese río que al conducirlo artificialmente por otro lugar, al final, se abre paso hacia a su cauce natural. Lástima que tenga que ser a golpe de recursos judiciales como la Administración lo atienda. ¿Se solucionará esta cuestión en el anunciado pacto educativo? Pronto lo sabremos.

José Antonio Poveda González
Abogado de Escuelas Católicas