La autoridad se gana

21.09.09 | 09:05. Archivado en Política educativa, José Antonio Poveda

profesorautoridad Esperanza Aguirre ha anunciado una ley para conceder la condición de autoridad pública al profesorado de la Comunidad de Madrid. Esta noticia ha monopolizado la información de los últimos días y coincide con nuevos episodios de agresiones a profesores, el último a la directora de un Instituto de Vallecas en Madrid.

La iniciativa del Ejecutivo madrileño es positiva en tanto que lanza un mensaje claro a la sociedad: se debe respetar y proteger a los profesores por la importantísima labor que desempeñan en nuestra sociedad. Las agresiones a los profesores son absolutamente intolerables y para ello se propone una reforma que intenta proteger al profesorado imponiendo penas más duras a los agresores. Ahora bien, ¿de qué tipo de autoridad estamos hablando?

El diccionario de la RAE nos ofrece al menos dos acepciones de autoridad. La primera, lo define como “poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho”. En este sentido, el Código Penal sanciona las agresiones a quien está revestido de esa autoridad, entendida como ejercicio de un poder o mando. Este tipo de autoridad se otorga o se concede mediante una norma como la que se prepara en la Comunidad de Madrid.

La otra acepción del diccionario nos muestra un concepto bien distinto. La autoridad es el “prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia”.

¿Qué autoridad queremos para el profesor? ¿La que se deriva del respeto que nace de la competencia y el saber o la que se deriva del temor que infunde una mayor sanción penal? No son incompatibles, pero estoy convencido de que preferimos lo primero, incluso aquéllos que bajo el eufemismo de “reconocimiento social” lo que piden es mayor salario. Sin embargo, ante la ausencia de las más elementales normas de comportamiento cívico en muchos padres y alumnos, pudiera parecer que nos conformamos con lo segundo: al menos, que no se agreda al profesor o más bien, que no salga gratis, porque si pegan a los policías (véase Pozuelo) que son autoridad pública desde siempre, ¿por qué iban a cesar las agresiones a los profesores? Pero, lo primero, la autoridad derivada del presitigio, es más complejo.

Hace décadas la autoridad del maestro no se cuestionaba puesto que provenía de su saber hacer y también del monopolio del conocimiento, en una sociedad con otra escala de valores y que tenía altísimas tasas de analfabetismo y desescolarización. Hoy la situación de los maestros es muy distinta. Los españoles, a pesar de los informes de la OCDE y de cierto analfabetismo funcional, tienen mayor cultura y preparación. El acceso al conocimiento se ha “democratizado” en la sociedad de la información. Muchos padres tienen mayor formación que los profesores de sus hijos. La sociedad traslada a los centros problemas cada vez más complejos. Ciertos profesores se comportan, visten y hablan como los alumnos, en un intento de ganarse la autoritas a base de buen rollito. En definitiva, hay muchos factores que dificultan al profesorado, en general, lograr esa competencia de la que se deriva la autoridad.

El Rey Juan Carlos señalaba en la inauguración del curso escolar algunas claves que, sin duda, contribuirían a que el profesorado se ganase la autoridad: “garantizar su adecuada formación, fomentar su carrera profesional y su renovado papel en el sistema educativo del siglo XXI”. El problema de la falta de autoritas no se soluciona de un día para otro, y exige un planteamiento a largo plazo. La ley puede poner los medios pero no puede conceder aquello que el profesor debe ganarse. Mientras tanto debemos conformarnos con el más elemental respeto al profesor, aunque para ello se le deba revestir de autoridad pública.

José A. Poveda González
Abogado de Escuelas Católicas