Me da pena

16.09.09 | 17:04. Archivado en Manuel de Castro

Agentes de autoridad
Acaba de ser noticia destacada en casi todos los medios de comunicación. Los profesores de Primaria y ESO serán “agentes de autoridad”. Ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha anunciado la presentación de una Ley de Autoridad del Profesor. Una ley que, como ya sucede con inspectores de educación, jueces, médicos y fuerzas de seguridad del Estado, permitirá que las agresiones a los profesores, es de suponer que provenientes de alumnos o de sus padres, tengan la consideración de delito contra agentes de la autoridad. La aplicación de esta Ley supondría una reforma del Código Penal o un Oficio de la Fiscalía, que explicitarían cómo tratar estas agresiones. Aunque fue precisamente esta misma Fiscalía quien, ya en una circular remitida en noviembre de 2008, ordenaba que las agresiones a los profesores de la enseñanza pública se contemplaran como un delito de atentado a la autoridad.
Lamentablemente la consideración del profesorado como “agentes de la autoridad” está reservada para los profesores de la escuela pública, los únicos que ostentan la condición de funcionarios. Se excluye y se desprotege a los profesores que trabajan en la escuela privada, sea ésta concertada o no.
A mí personalmente la medida no me parece ni bien ni mal, simplemente me da pena. Y ello dejando aparte la exclusión injustificada de los profesores de la enseñanza privada, concertada o no. Me da pena la pérdida evidente de autoridad de nuestros profesores por falta de apoyo de la sociedad y en especial de algunos padres que llegan a justificar y defender las conductas incorrectas de sus hijos en los centros educativos. Me da pena que tengamos que solicitar la presencia de las fuerzas del orden público en los colegios. Me da pena que se busquen responsabilidades penales a aplicar en muchos casos a menores por conductas que deberían corregirse con la educación. Me da pena por lo que supone de fracaso de nuestro sistema educativo en lo que constituye el objetivo fundamental que nuestra Constitución le asigna: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales“. (C.27, 2).