Hace ya un par de años, los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Islas Baleares tomaron una decisión de enorme trascendencia en materia de política educativa. A partir del mes de septiembre de 2007, estos Gobiernos concertaron el Bachillerato, posibilitando así la gratuidad de estas enseñanzas y, con ello, la igualdad de oportunidades del alumnado y sus familias.
Se trató, sin duda, de una decisión audaz que permitió a estas dos comunidades liderar, junto a País Vasco y Navarra, el ranking de territorios que apuestan verdaderamente y sin tapujos por la calidad, equidad y libertad en la educación. En definitiva, con estas dos, son ya cuatro las autonomías que han optado por suscribir conciertos educativos con centros privados de Bachillerato, permitiendo de tal forma que estas enseñanzas queden al alcance de cualquier familia, y permitiendo también que este alumnado pueda elegir libremente entre los distintos centros docentes que las imparten.
Está claro que el régimen legal y económico de los conciertos educativos presenta visibles deficiencias. La merma de la autonomía de los centros educativos; las limitaciones legales a las posibilidades de elección de las familias; o la precariedad de los módulos económicos, son caracteres negativos de la concertación educativa. Pero frente a esto, hay que reconocer que este régimen goza de una estabilidad y arraigo inusual en nuestro sistema educativo. Es un régimen transparente en la definición y distribución de los derechos y deberes otorgados a los centros docentes, a las familias y a las propias Administraciones competentes. Y lo más importante: tiene vocación de gratuidad, lo que permite el acceso a los centros concertados de población que, en otras circunstancias y bajo otros sistemas de financiación, se vería impedida de hacerlo.
Por todo ello, es indispensable que el resto de las comunidades autónomas, y particularmente alguna de ellas como la Comunidad de Madrid, se suban al tren del liderazgo de la calidad, equidad y libertad. Es urgente clarificar la política presente y futura respecto de la financiación de la educación y, con ello, respecto de la financiación del Bachillerato. No podemos admitir que se genere una primera y una segunda división de regiones en lo que a libertad de enseñanza respecta, y ciertamente comunidades que se precian de llevar a cabo dicha política, como es el caso de Madrid, no pueden quedar en esa segunda división. Curiosamente, las autonomías del llamado “eje de la prosperidad” han apostado por concertar las enseñanzas post-obligatorias como método para dar homogeneidad a las redes de centros sostenidos con fondos públicos y como fórmula para impedir el abandono de sus centros por quienes, estando escolarizados en ellos durante años, no pueden pagar el Bachillerato.
Debemos reivindicar amplitud y homogeneidad en el desarrollo de las libertades educativas. Y con todo respeto a otros “experimentos” de financiación de dudosa eficacia, parece obvio que la generalización de la concertación del Bachillerato es la forma de conseguirlo.
Emilio Díaz Muñoz
Secretario Autonómico de Escuelas Católicas de Madrid
Sábado, 18 de febrero
Escuelas Católicas
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