Libertad de elección de centro educativo: un indicador democrático

04.05.09 | 09:54. Archivado en Emilio Díaz

Elección de centro Durante estas fechas, los colegios públicos y concertados de las distintas comunidades autónomas están publicando o van a publicar en breve, las listas de alumnos admitidos y no admitidos para el próximo curso. Es decir, se aproximan días de esos que amanecen entre el desasosiego e inquietud de miles de familias que pretenden la mejor escolarización para sus hijos, y que anochecen con la satisfacción de unos, la incógnita de algunos, y la decepción de otros.

Desde hace muchos años, el momento de publicación de listas tiene el valor añadido de permitirnos observar y conocer las tendencias sociales, las querencias y voluntades de las familias... En definitiva, viene a ser un plebiscito popular en toda regla que nos aporta información sobre lo que denominamos "demanda social escolar" o, dicho de otra forma, lo que quieren los ciudadanos, lo que quieren los contribuyentes. Hasta la fecha, y durante los últimos cursos, el resultado del plebiscito no ha ofrecido duda alguna: los padres y madres, a pesar de las diversas limitaciones legales y dificultades administrativas, han podido elegir, y lo han hecho de forma abrumadora eligiendo escuela concertada. Según cifras oficiales, en numerosas comunidades autónomas con presencia significativa de este tipo de escuela, dos de cada tres solicitudes se dirigían a estos colegios privados concertados. Las previsiones para el presente proceso no se alejan de este antecedente. Más bien al contrario, se tiene la percepción de que esta demanda va en aumento. Ciertamente, todo un "mensaje a navegantes" en los mares de la política.

Poder elegir es una gran cosa... Es algo que guarda relación directa con la dignidad individual, con la madurez ciudadana, con el ejercicio de derechos individuales... y con la obligación de los gobiernos y administraciones de respetar ese ejercicio y de promover esos derechos, hasta el punto de que se consoliden como verdaderas libertades públicas. Todos los ciudadanos, con independencia de su estatus social y cultural, de su procedencia, de sus creencias, deben poder elegir. Y por supuesto, la población inmigrante, por citar un colectivo que suele ser invocado a veces de forma demagógica cuando se habla de este tema, es sujeto inequívoco de este derecho. Sin ir más lejos, y según datos oficiales, más del 70% de los inmigrantes de una comunidad como la de Madrid, han escolarizado a sus hijos nacidos en nuestro país en los colegios concertados. Un dato relevante que debe acallar muchas voces que lanzan la “acusación” de que la concertada “elige” a sus alumnos.

En definitiva, con LOE o sin ella, los gobiernos y administraciones educativas tienen el deber y responsabilidad primordial de ser sensibles a esa demanda social y de propiciar la capacidad de elección como derecho fundamental del ciudadano.

Emilio Díaz Muñoz
Secretario autonómico de Escuelas Católicas de Madrid