José Sánchez Tortosa
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La catalanización legalizada
12.05.09 @ 16:13:21. Archivado en La política desde fuera
El aparato legislativo que un cuerpo político determinado consuma responde a unas condiciones materiales que quedan legitimadas por esa legislación, o cristalizan en ella adoptando la forma jurídica. Esto no significa, por supuesto, que la forma socio-política se identifique plenamente con la legal. Lo que significa es que el sistema jurídico de una sociedad no puede quedar explicado por la voluntad o las ocurrencias de unos cuantos sujetos determinados —pues, en definitiva, es completamente irrelevante de qué peculiaridad psicológica concreta se trate—, sino por la red de causas materiales por las cuales los sujetos son constituidos y en función de las cuales operan.
En el caso del Proyecto de Ley de Educación de Cataluña (LEC), la ley levanta acta jurídica de una situación que ya es real. Digamos abiertamente que la batalla está ya ganada por el nacionalismo lingüístico y el socialismo cómplice con esa deriva reaccionaria y catastrófica de la política actual, desde el momento mismo en que la clave de toda la discusión se reduce (como, con oportunismo implacable, ofrece la prensa del régimen a sus fieles) a una tercera hora de castellano en primaria. La enseñanza en catalán se da por defecto y nadie parece ponerla en duda, sencillamente porque, ya no se puede. Está fuera de escena. Es obsceno. En ese punto, cualquier debate sobre más o menos enseñanza en castellano en las escuelas catalanas o sobre posibles apoyos a los niños no catalanoparlantes es una victoria del nacionalismo lingüístico sea cual sea el resultado del mismo. Porque, hay que recordarlo, no se discute sobre si la enseñanza debe impartirse en una lengua u otra, o si debe impartirse en la lengua materna del alumno. La lengua en que se imparten las clases es el catalán, y esto es un hecho no sujeto a revisión. Se ofrecen clases de castellano (la polémica sobre si deben ser dos o tres es, como hemos indicado, una falsa polémica), pero no en castellano. Y se llega, según contempla el proyecto de ley, a la aberración “pedagógica” de recurrir a la traducción no simultánea de las clases, al final de las mismas, para los alumnos que no entiendan el catalán (art. 12). Cualquiera que trabaje en la enseñanza y no sea un psicólogo de despacho sabe perfectamente el disparate que tal medida supone, y sin embargo no he escuchado a ningún pedagogo de postín clamar contra semejante delito contra los niños. Acaso se lo impida la ceguera o la obediencia debida.
El Tercer Reich puso en marcha un proceso que recibe el nombre de arianización. Consistía en la exclusión de los no arios (esto es, los judíos, por encima de todo) por medio de una fuerte presión social y económica y una legislación apoyada en una posición de fuerza adquirida a causa de determinados avatares históricos y del innegable respaldo, o, al menos, la aquiescencia, de buena parte de la sociedad alemana. Esa legislación empleaba criterios raciales para la discriminación. Hoy las prácticas políticas que apuntan, aunque sea tímidamente y arropadas por el lenguaje de lo políticamente correcto, en esa dirección, utilizan la lengua (y su genérico, la cultura) como arma discriminatoria, sin perjuicio de que las decisiones de los agentes protagonistas respondan más al impulso por garantizar su propio sustento material en base al presupuesto estatal que al delirio de querer salvar el mundo o la patria.
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Comentario por Albert 15.07.09 @ 16:17
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