No sé cuál de las acepciones de la figura del intermediario acordado entre Los Gobiernos español y catalán es peor. Ninguna, sin embargo, augura nada bueno.

Suponemos que no se trata exactamente de alguien que se interponga entre dos poderes en conflicto, porque se trataría entonces de un mediador que pretendería aproximar las posturas de dos partes iguales enfrentadas entre ellas, que es para lo que acaba de ofrecerse en Venezuela el Papa Francisco I.

Si eso fuese lo conseguido por Joaquim Torra, prácticamente habría ganado ya su pulso al Estado español, al convertirse en un parigual de Pedro Sánchez, quien habría trasmutado de hecho a Cataluña en un sujeto político igual que el Reino Unido o Marruecos en sus relaciones con el resto (mutilado) de España.

Si sólo se tratase de un relator (véase aquí la importancia traicionera de la semántica), podría ser lo que las Naciones Unidas consideran un experto independiente para examinar e informar sobre la situación de un país o de un tema concreto de los derechos humanos, lo que resultaría la bomba y que, afortunadamente, no parece ser el caso, sino sólo el de un modesto secretario que tome nota de lo que se habla, dado que las partes no se fían una de otra.

Nos quedaríamos, pues, con que en cualquier caso cada interlocutor no confía en el otro y es preciso que alguien transcriba lo dicho, no vaya a ser que se malinterprete o llegue a usarse torticeramente. ¡Menudo panorama! Pues bien: hasta en esta sencilla acepción nos hallamos ante una rendición sin ambages por parte del Estado. ¿Se imaginan que fuese necesario ese relator entre el Ministerio de Hacienda y cada uno de los contribuyentes para dar por buena su declaración de renta?

Sin llegar a caer en lo ridículo, otros ejemplos más fáciles de entender serían una reunión de mancomunidades de municipios que necesitase el susodicho relator, o que se usase éste para interpretar los términos del trasvase Tajo-Segura o en las negociaciones entre el Ministerio de Fomento y las localidades por las que ha de pasar una autovía.

Todo esto, además, con la pretensión (afortunadamente prescindible) del carácter internacional del relator. Una humillación internacional semejante sólo la han aceptado, que yo sepa, los países derrotados en alguna contienda bélica. Aquí, sin rendición de armas, ya ven si hay o no un buen motivo de reflexión.